Excongresista David Rivera fue demandado por asesorar a Maduro

INTERNACIONALES · 13 MAYO, 2020 18:40

Demandan a excongresista de Florida por asesorar a la Pdvsa de Maduro

Texto por Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

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El excongresista David Rivera, un anticomunista confeso, asesoraba en secreto al Gobierno socialista de Nicolás Maduro y por ello ha sido demandado por representantes del Gobierno interino de Juan Guaidó.

Así lo reveló un informe publicado por el New York Times, que cita a la agencia AP, y que refiere que directivos de Citgo encontraron que este exlegislador, amigo y compañero de vivienda de Marco Rubio, acordó con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) un contrato de 50 millones de dólares para levantar la imagen de la empresa estatal venezolana en Estados Unidos.

Según el informe, la compañía petrolera estaba al borde de la ruina financiera en 2017, cuando decidió que necesitaba asesoramiento experto sobre cómo mejorar su reputación y su posición con los formuladores de políticas estadounidenses que podrían ser fundamentales para su supervivencia.

Para obtener ayuda, Pdvsa recurrió a la firma Interamerican Consulting, propiedad de Rivera, un exrepresentante bien conectado, quien ofreció tres meses de “servicios de consultoría estratégica”.

El excongresista, un republicano cubanoamericano de Miami que hizo una carrera política al adoptar posturas anticomunistas estridentes, recibió un pago previo de $ 15 millones de parte de una subsidiaria de una compañía tenedora de Pdvsa en EE. UU.

No obstante, hubo un incumplimiento de contrato por parte de Rivera y su firma, que solo emitió  dos vagos informes de cinco páginas.

Problemas judiciales

Según la demanda, interpuesta ante una Corte Federal de Nueva York, Pdvsa contrató a Interamerican a principios de 2017 para una labor de consultoría de tres meses con la intención de mejorar la “reputación a largo plazo” y su “posición” entre “grupos específicos” en Estados Unidos.

El documento agrega que el republicano cubano-estadounidense no pudo describir las labores que realizó, presentando únicamente dos de los siete reportes quincenales de progreso que había prometido mientras cobraba esos primeros 15 de los 50 millones que se habían pactado.

En esos momentos, Maduro intentaba quedar bien con el gobierno del presidente Donald Trump, evitando críticas directas hacia el nuevo mandatario mientras canalizaba 500.000 dólares a su comisión de investidura a través de Citgo, la subsidiaria de Pdvsa con sede en Houston.

El plan fue un fracaso rotundo. Pues mientras eso pasaba, Marco Rubio organizaba el encuentro en la Casa Blanca entre Trump y la esposa del activista opositor Leopoldo López, entonces preso político.

Luego de ello, la Casa Blanca incrementó gradualmente la presión sobre Maduro y en agosto de 2017 impuso la primera de una serie de sanciones cada vez más duras contra Pdvsa.

Los 50 millones de dólares acordó pagarle a Interamerican, cuya dirección comercial es la residencia de Rivera en Miami, opacan los 12,5 millones que Maduro accedió pagar este año al despacho jurídico Foley Lardner, de Florida, a cambio de cinco meses de trabajo en relaciones públicas y labor de cabildeo.

Foley Lardner eventualmente se retiró del acuerdo ante la indignación de críticos conservadores que acusaron a la compañía de colaborar con un dictador socialista.

“Pregúntenle a Leopoldo”

La demanda afirma que David Rivera “no llevó a cabo servicios significativos pactados en el acuerdo, y ciertamente no realizó el nivel de servicios que se pudieran esperar de manera razonable a cambio de una cuota de unos 17 millones de dólares mensuales”.

Desde entonces, el gobierno de Trump le ha entregado la propiedad de los activos de la estatal petrolera en Estados Unidos, incluyendo Citgo, a representantes del líder opositor Juan Guaidó, a quien reconocen como el líder legítimo de Venezuela.

Cuestionado sobre el contrato, Rivera respondió en un mensaje de texto que “pregunten a los 6 de Citgo” en referencia a los cinco estadounidenses y a un residente legal que están detenidos en una cárcel venezolana desde noviembre de 2017, seis meses después de que se firmara el contrato.

“Ellos manejaban toda la operación, incluyendo todo el dinero, en coordinación con la oposición venezolana, incluyendo a Leopoldo López. Es todo lo que sé”, comentó sin responder más preguntas y rehusándose a dar más explicaciones.

Por medio de un vocero, López negó cualquier participación en el contrato, el cual fue firmado mientras él aún estaba aislado en una prisión militar de Caracas.

Rivera, de 54 años, es un exlegislador estatal de alto rango que compartió una residencia en Tallahassee con Rubio, entonces presidente de la Cámara de Representantes.

Ha estado involucrado en varias polémicas de índole electoral desde entonces, incluyendo orquestar el financiamiento encubierto de un candidato demócrata, cuya identidad sigue siendo desconocida, para enfrentar a su principal rival en una contienda parlamentaria del sur de Florida, así como una investigación estatal sobre si ocultó un contrato por un millón de dólares con una compañía de apuestas.

Dicha pesquisa también involucra una posible malversación de fondos de campaña para pagar actividades de la cámara baja estatal que ya habían sido reembolsadas por el estado. Rivera nunca ha sido acusado de un delito.

Rivera cumplió un periodo en el Congreso entre 2011 y 2013, y en ese tiempo rindió homenaje a exiliados venezolanos que huyeron del régimen socialista, y fue copatrocinador de un proyecto que pretendía retener fondos a la Organización de Estados Americanos hasta que el organismo plantara cara al entonces mandatario Hugo Chávez por supuestas violaciones a la Constitución de Venezuela.

“Sólo sé lo que se reportó en el New York Times. Pero si los hechos son los que se reportaron, serían noticias sumamente decepcionantes”, dijo Rubio en declaraciones a la prensa desde el Capitolio.