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Fue activista de Voluntad Popular y estuvo detenido cuatro meses; fue preso político y ahora es exiliado. Francisco Márquez Lara, de 27 años de edad, vivió todo esto en 2016. Un año después se sienta frente al exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Ocampo, para exponer su caso como ejemplo de las torturas «que pasan en este momento y seguirán pasando en Venezuela sino se toman las medidas necesarias».

Este 14 de septiembre, el director de Visión Democrática aseveró que en Venezuela no hay justicia ni independencia de poderes en la primera audiencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) que busca evaluar la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.

«A mí nadie me lo contó, yo lo viví«, apuntó luego de contar cómo el año pasado fue detenido en el estado Cojedes sin posibilidad de llamar a sus abogados y sin informarle las razones por las que lo aprehendieron.

Narró cómo fue amenazado por no querer responder el interrogatorio ilegal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cómo vio y escuchó a un hombre gritar por la golpiza que le propinaron agentes de seguridad del Estado durante 30 minutos,  y cuáles fueron las condiciones inhumanas de reclusión: «celdas putrefactas, con zancudos, limitaciones de comida y de visitas. Hasta me dio dengue«.

El exfiscal de la CPI se mostró interesado en conocer por qué se dice que en Venezuela los jueces no tienen independencia y que funcionan bajo órdenes del Ejecutivo. Para explicarle esto al moderador de la audiencia, Márquez expuso: «Cuando yo escuché que el presidente Nicolás Maduro dijo ‘ahí detuvieron a dos terroristas’ (a Márquez se le detuvo con Gabriel San Miguel, compañero de partido), a la gobernadora del estado Cojedes decir lo mismo yo me pregunté ¿Qué juez me va a liberar?»

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A esto agregó que hace poco un emisario del Gobierno le indicó que debía guardar silencio y no seguir con las denuncias que realizaba en organismos internacionales, pues con estas acciones perjudicaba a otros presos políticos en Venezuela. «¿Qué tiene que ver mi declaración en la OEA con la liberación de un juez sobre otro caso en Venezuela?«, se preguntó el  joven.

Márquez pudo nombrar a funcionarios que según él son responsables de ejecutar torturas Sebin: los comisarios Carlos Calderón y Ronny González. «Ellos no solo dan las órdenes sino que participan activamente en las torturas», explicó.

Más temprano, la abogada y defensora de derechos humanos, Tamara Suju, expuso en la audiencia de la OEA que en el Venezuela no se persigue, castiga ni rechaza la tortura; luego de presentar 289 casos de víctimas que ella registró.

El exiliado quiso exponer un ejemplo de este señalamiento: «Cuando salí de la cárcel,  el director de ésta me dijo: ‘asegúrate de hablar muy mal de mí, porque así me va a ir mejor con los de arriba».

En la primera audiencia sobre los crímenes de lesa humanidad, que presuntamente se cometieron en Venezuela, también participó el abogado de Foro Penal, Julio Henríquez.

Si Ocampo y el resto de expertos concluyen que hay fundamento para denunciar a Venezuela ante la CPI, los estados que conforman la OEA podrían presentar este informe como elemento investigativo a la Fiscalía de la Corte Penal, que debe abrir un examen preliminar que determine si cabe una investigación sobre el país para establecer responsabilidades individuales por crímenes de lesa humanidad.

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