La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) manifestó este martes su preocupación por el estado de emergencia máxima decretado en cárceles de El Salvador por la escalada de homicidios registrada entre el 25 y el 28 de marzo.
«Cidh expresa preocupación por solicitud del presidente de decretar emergencia máxima en #cárceles, el #27marzo», publicó la entidad en Twitter.
Señaló que «las medidas implementadas en las cárceles constituyen políticas de carácter represivo que pueden resultar en serias violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad».
«El Estado debe de revertir urgentemente todas las medidas que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas que están bajo su custodia», añadió.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó al director general de Centros Penales, Osiris Luna, que decretara «nuevamente emergencia máxima en todos los penales de seguridad y máxima seguridad», para que estén «todas las celdas cerradas 24/7».
«Mensaje para las pandillas: por sus acciones, ahora sus ‘homeboys’ (compañeros) no podrán ver ni un rayo de sol», publicó el mandatario.
Luna respondió en Twitter que «inmediatamente se cumple la orden, estos criminales NO verán la luz del sol».
En anteriores crisis de asesinatos, Bukele ha ordenado la misma medida y esta ha afectado, según denuncias de organizaciones humanitarias, a presidiarios que no pertenecen a las pandillas.
El mandatario acusó el lunes a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de haber patrocinado en el pasado una «tregua» que «fortaleció» a las pandillas.
«Ustedes en la OEA y la Cidh fueron los que patrocinaron la ‘Tregua’ que solo fortaleció a las pandillas y les permitió acumular recursos, dinero, armamento y les permitió entrenarse en los polígonos de tiro del ejército para matar salvadoreños. Llévense su peste de nuestro país», escribió Bukele en Twitter.
El Salvador registra desde el viernes una escalada en los homicidios, que solo el sábado generó 62, la cifra más alta en la historia salvadoreña en un solo día.
La Asamblea Legislativa, a petición de Bukele y sin realizar ningún estudio de la medida, aprobó la madrugada del domingo un régimen de excepción.
Para tratar de controlar la ola de violencia, el Congreso suspendió a los salvadoreños la libertad de reunión y asociación, el derecho a la defensa, además amplió a 15 días el plazo de detención administrativa y levantó la prohibición de intervenir telecomunicaciones sin control judicial.
La Cidh también se pronunció sobre Nicaragua y la destitución del exembajador nicaragüense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, confirman las graves violaciones a los derechos humanos en el país.
«(Estos hechos) confirman las graves violaciones a los derechos humanos que se vienen cometiendo en el país, el deterioro institucional y la agudización de la estrategia del Ejecutivo para acallar a las voces disidentes y opositoras», indicó la Cidh en un comunicado.
La instancia interamericana urgió a Nicaragua poner fin a la persecución de las voces disidentes, liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente y buscar fórmulas para reestablecer los derechos y garantías de un Estado democrático de derecho.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) manifestó este martes su preocupación por el estado de emergencia máxima decretado en cárceles de El Salvador por la escalada de homicidios registrada entre el 25 y el 28 de marzo.
«Cidh expresa preocupación por solicitud del presidente de decretar emergencia máxima en #cárceles, el #27marzo», publicó la entidad en Twitter.
Señaló que «las medidas implementadas en las cárceles constituyen políticas de carácter represivo que pueden resultar en serias violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad».
«El Estado debe de revertir urgentemente todas las medidas que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas que están bajo su custodia», añadió.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó al director general de Centros Penales, Osiris Luna, que decretara «nuevamente emergencia máxima en todos los penales de seguridad y máxima seguridad», para que estén «todas las celdas cerradas 24/7».
«Mensaje para las pandillas: por sus acciones, ahora sus ‘homeboys’ (compañeros) no podrán ver ni un rayo de sol», publicó el mandatario.
Luna respondió en Twitter que «inmediatamente se cumple la orden, estos criminales NO verán la luz del sol».
En anteriores crisis de asesinatos, Bukele ha ordenado la misma medida y esta ha afectado, según denuncias de organizaciones humanitarias, a presidiarios que no pertenecen a las pandillas.
El mandatario acusó el lunes a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de haber patrocinado en el pasado una «tregua» que «fortaleció» a las pandillas.
«Ustedes en la OEA y la Cidh fueron los que patrocinaron la ‘Tregua’ que solo fortaleció a las pandillas y les permitió acumular recursos, dinero, armamento y les permitió entrenarse en los polígonos de tiro del ejército para matar salvadoreños. Llévense su peste de nuestro país», escribió Bukele en Twitter.
El Salvador registra desde el viernes una escalada en los homicidios, que solo el sábado generó 62, la cifra más alta en la historia salvadoreña en un solo día.
La Asamblea Legislativa, a petición de Bukele y sin realizar ningún estudio de la medida, aprobó la madrugada del domingo un régimen de excepción.
Para tratar de controlar la ola de violencia, el Congreso suspendió a los salvadoreños la libertad de reunión y asociación, el derecho a la defensa, además amplió a 15 días el plazo de detención administrativa y levantó la prohibición de intervenir telecomunicaciones sin control judicial.
La Cidh también se pronunció sobre Nicaragua y la destitución del exembajador nicaragüense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, confirman las graves violaciones a los derechos humanos en el país.
«(Estos hechos) confirman las graves violaciones a los derechos humanos que se vienen cometiendo en el país, el deterioro institucional y la agudización de la estrategia del Ejecutivo para acallar a las voces disidentes y opositoras», indicó la Cidh en un comunicado.
La instancia interamericana urgió a Nicaragua poner fin a la persecución de las voces disidentes, liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente y buscar fórmulas para reestablecer los derechos y garantías de un Estado democrático de derecho.