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Al menos ocho policías colombianos fueron asesinados este viernes en una emboscada perpetrada en una zona rural del departamento del Huila, en el suroeste del país, confirmó el presidente Gustavo Petro.

El ataque, cuyos autores no han sido identificados, tuvo lugar en las afueras de San Luis, un caserío que hace parte de la zona rural de Neiva, la capital de Huila, según las autoridades.

Según las primeras informaciones, las víctimas son dos subintendentes, dos patrulleros y cuatro auxiliares.

«Rechazo contundentemente el ataque con explosivos donde murieron 8 policías en San Luis, Huila. Solidaridad con sus familias. Estos hechos expresan un claro saboteo a la paz total. He pedido a las autoridades desplazarse al territorio para asumir la investigación», manifestó Petro en su cuenta de Twitter.

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Al parecer, los policías iban de regreso a la comisaría a la que estaban adscritos tras una jornada de trabajo en el corregimiento de San Luis cuando fue activado un campo minado al paso de la camioneta en la que se transportaban.

Tras la explosión, los uniformados fueron atacados con ráfagas de fusil, según la información recopilada por medios locales.

«Estamos esperando que nos confirmen (los datos) porque sabemos del desplazamiento de los ocho compañeros, pero tenemos que confirmar exactamente cuál es la cifra lamentable. El sitio no es de tan fácil acceso entonces hay una aeronave allá sobrevolando», confirmaron a Efe fuentes policiales.

El director de la Policía, mayor general Henry Sanabria Cely, dijo en Twitter que se desplazará al Huila «de manera inmediata con todas las capacidades institucionales para verificar y acompañar a nuestros policías».

Por su parte, el presidente del Senado colombiano, Roy Barreras, rechazó «con dolor» el asesinato «cobarde» de los policías en un mensaje en redes sociales.

«Los matan en emboscada. El maldito narcotráfico mata servidores públicos humildes. Luto en sus familias y en la familia colombiana. Esos que no dejan de matar solo merecen la más fuerte respuesta del Estado», agregó Barreras.

A las condenas también se sumó el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Mauricio Lizcano, quien rechazó el «vil asesinato» y exigió que «las autoridades deben dar con los responsables».

Se trata del primer ataque contra la fuerza pública desde que Petro llegó al poder, cuando se paralizaron las ofensivas contra la fuerza pública mediante el llamado «plan pistola» impulsado principalmente por la banda criminal del Clan del Golfo.

Un total de 36 policías fueron asesinados como consecuencia de esos ataques de la mayor banda criminal del país que, tras la extradición a EE.UU. de su líder, Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel», incrementó los atentados contra la fuerza pública sobre todo en la costa atlántica y el noroeste del país.