A solo horas de haber tomado posesión, los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General, Raúl Melara.
En el último año, el presidente Nayib Bukele tuvo enfrentamientos en más de una ocasión con estos funcionarios por decisiones judiciales e investigaciones del Ministerio Público. Ahora, el mandatario no solo tendrá control del Ejecutivo y el Legislativo sino también del Poder Judicial.
Fueron 64 legisladores de los 84 que componen la Asamblea Legislativa los que votaron a favor.
Minutos después de la votación para destituir a los magistrados, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo en el que declaró inconstitucional la decisión por atentar contra el sistema de gobierno.
“A nuestros amigos de la comunidad internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia», publicó Bukele en su cuenta de Twitter.
“Ruptura del orden constitucional”
El director de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, declaró a EFE que la decisión de deponer a los magistrados podría considerarse una “ruptura del orden constitucional” y un “golpe de Estado técnico”.
Mientras que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep) catalogó la acción del Legislativo como un “atentado contra la democracia”.
La Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó las destituciones: «En la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes público”.
«Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento del mismo», advierte la secretaría general de la OEA en el comunicado.
Estados Unidos también se pronunció en contra de la decisión parlamentaria. “Un órgano judicial independiente es el cimiento de toda democracia, ninguna democracia puede sobrevivir sin eso”, señaló la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung.
Con información de EFE