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Amnistía Internacional (AI) condenó, este miércoles 17, el uso intencional de la fuerza letal en operaciones de mantenimiento del orden público por parte del Gobierno venezolano, y exigió una investigación imparcial sobre el operativo en que murió el policía sublevado Óscar Pérez.

La organización indicó que el operativo de las fuerzas de seguridad que tenía como objetivo detener a Pérez, exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), y a otras personas alzadas contra el Gobierno, «parece ser ilegal y levanta múltiples alarmas de violaciones graves a derechos humanos, e incluso de crímenes bajo el derecho internacional».

En un boletín emitido en Ciudad de México, refirió que de acuerdo con información oficial el pasado 15 de enero, en la comunidad de El Junquito del estado Miranda (noroeste de Caracas) una operación de seguridad resultó en la muerte de al menos nueve personas y otras cinco resultaron heridas.

«Este es solo el último ejemplo del uso letal de la fuerza en operación del control de orden público, resultando hasta ahora en miles de víctimas en todo el país», señaló AI en un comunicado.

Destacó que en el operativo, los agentes utilizaron un arma militar que no solo está diseñada para matar, sino que brinda pocas probabilidades de supervivencia. Además, el uso de esta arma puso en peligro la vida de las personas en los alrededores, sostuvo.

Necesidad de una investigación

«Es impostergable que el Gobierno venezolano se asegure de que las autoridades civiles realicen una investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva sobre el uso intencionalmente letal de la fuerza en esta operación, y demuestre que este no fue un caso de ejecución extrajudicial», dijo Erika Guevara Rosas (en la foto), directora de AI para las Américas.

De acuerdo con el texto, otras denuncias graves que fueron publicadas en los medios incluyen la participación de personas ajenas a los cuerpos de seguridad en el operativo y la negación de información a los familiares de las personas que murieron.

La organización añadió que también ha recibido serias denuncias de que las personas fallecidas serán cremadas sin autorización de sus familiares y sin las diligencias de investigación pertinentes.

«A pesar que aún no se hayan estableciendo los hechos, las autoridades están adelantando justificaciones sobre lo ocurrido en el operativo de seguridad. Trágicamente, esta no es la primera vez que las autoridades venezolanas justifican el uso letal de la fuerza simplemente sobre la base de alegatos de ‘actividades criminales’, dejando de lado el Estado de derecho«, dijo Guevara Rosas.

Derecho internacional

Amnistía expuso que, conforme al derecho internacional, «no es permisible en operaciones de mantenimiento del orden público recurrir al uso intencionalmente letal de la fuerza de una manera que probablemente matará a otras personas que no representan una amenaza seria e inminente».

«Por lo tanto, las autoridades deben tomar todas las precauciones posibles para evitar esas muertes y, si eso no es posible, evitar recurrir al uso intencionalmente letal de la fuerza», argumentó.

Finalmente, aseveró que el Estado venezolano debe apegarse a sus obligaciones internacionales, incluyendo la de asegurar que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad se enmarque en los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.

Este miércoles, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) afirmó que a los sublevados contra el Gobierno venezolano, entre los que se encontraba el policía Pérez, «los ajusticiaron» durante el operativo en que fueron abatidos el lunes.

«Óscar Pérez y el resto querían rendirse, lo pidieron a gritos, lo pidieron en videos. Los ajusticiaron. Les aplicaron una pena de muerte que está prohibida por nuestra Constitución, sea cual sea la opinión que tenga cada quien del accionar de este grupo», sostuvo la MUD en un comunicado.

Óscar Pérez se dio a conocer durante las protestas contra el Gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro a mediados del año pasado cuando, con un helicóptero de la policía científica, cuerpo al que pertenecía, sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia contra el que disparó y lanzó granadas, sin causar grandes daños.

EFE