La Asociación de Trabajadores Emprendedores y Microempresarios (Atraem) y el Frente de Trabajadores No Dependientes exigió a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República auditar las administraciones de los mercados municipales del país.

“No puede ser que en una intervención salgan lisos los administradores de los mercados municipales. Hay recursos que han desaparecido de los trabajadores y por lo tanto pedimos una auditoria”, dijo el coordinador del Frente Nacional de Trabajadores No Dependientes, Argenis Urrecheaga, este jueves 4 de octubre frente a la Defensoría del Pueblo, donde se entregó la solicitud.

El pasado 28 de mayo, el presidente Nicolás Maduro anunció que se reestructurarían los mercados municipales del país, donde a su juicio se encuentran las “mafias del bachaqueo” y la “guerra económica“. El 20 de junio, el anuncio se concretó. Se ocuparon ocho y se inició “el abordaje” de otros 21.

El dirigente señaló que se le hizo llegar un anteproyecto de ley para la gestión de los establecimientos al constituyente Andrés Eloy Méndez, quien presidió la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) del 13 de agosto de 2014 al 21 de octubre de 2016, para que se lo hiciera llegar al presidente Maduro. Sin embargo, asegura que nunca llegó a sus manos.

Restricciones

El abogado laboral y directivo de Atraem, Alí Poveda, enumeró las restricciones a las que están sometidos los trabajadores de los mercados municipales, luego de que se les obligara a firmar un contrato de concesión.

Explicó que los trabajadores no tienen la posibilidad de reunirse, constituir sindicatos o asociaciones. Además, el Estado venezolano no les permite cambiar de rubro.

“Ese contrato es por dos años, pero en cualquier momento la alcaldía puede quitar esta concesión. Luego lo carga (la alcaldía) de impuestos relativos al mantenimiento del espacio y unas cuotas especiales“, detalló Poveda.

Manifestó que la decisión del Ejecutivo viola la competencia de las alcaldías y de los concejos municipales. Aseguró que el contrato “modifica el contenido de la actividad económica porque a partir de este instrumento, fijarán el precio de venta de los productos. La estructura de costos será de interpretación de las alcaldías”.