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No fue sino hasta finales de febrero que el nombre Gold Reserve volvió a sonar en cadena nacional de radio y televisión, luego de que la minera canadiense librara una batalla legal por seis años contra el Gobierno venezolano. El pasado 24 de febrero llegó el anuncio de que la empresa participaría en la exploración del Arco Minero del Orinoco, y que en sus manos quedaría la explotación de las dos minas más importantes del país, Las Brisas y Las Cristinas. Unos 37 mil millones de dólares suma el valor de las reservas de oro y cobre de ambos reservorios a la fecha de cotización.

De acuerdo con el viceministro de Minas, Richard Lozada, Venezuela tiene «una potencialidad de 7 mil toneladas de oro, que equivalen a más de 200 mil millones de dólares». De ese estimado, 481 toneladas se encuentran en la mina Las Cristinas y 290 en Las Brisas; ambos aproximados del mineral sumarían para Gold Reserve poco más de 10% del total de reservas estimadas en los dos proyectos auríferos que manejará con el Gobierno.

La historia de Gold Reserve en Venezuela data de mucho antes de que el presidente Hugo Chávez delineara el llamado Arco Minero del Orinoco en 2011. Sin embargo, poco es lo que se sabe con profundidad de la empresa. En su página web solo mencionan entre sus proyectos las minas venezolanas de Las Brisas, en el Km 88, y Choco 5, en El Callao. Todos los documentos anexados en el sitio son referentes a la demanda que realizó contra Venezuela o a los estatus financieros de la compañía, que muestran una mayor cantidad de deudas que activos.

A pesar de haber sido fundada en 1956 y de tener más años en el ámbito minero que otras compañías, Gold Reserve no figura entre las empresas más importantes del mundo en este rubro, ni tampoco entre las de mayor producción de oro, ni tiene proyectos de explotación activos distintos a los que realiza en Venezuela.

Fue en 1992 cuando la minera canadiense empezó a desarrollar el proyecto aurífero de Las Brisas, con reservas de oro y cobre estimadas en 10.2 millones de onzas y 1.4 millardos de libras, respectivamente. Sin embargo, la concesión no fue cedida a la trasnacional sino hasta marzo de 1998, cuando fue anunciada en Gaceta Oficial.

En enero de 2005, tras regresar de una reunión realizada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, el presidente Chávez anunció desde un encuentro en Miraflores que las concesiones mineras otorgadas por todos los gobiernos serían revocadas.

«No más concesiones», dijo, «hemos decidido crear una empresa minera venezolana para que funcione a través de cooperativas y de esfuerzo nacional, en lo tecnológico, en lo humano y para explotar racionalmente esas riquezas allá en Guayana”. No obstante, el Presidente agregó en aquel momento que «si para sacar el oro, las piedras preciosas, los diamantes de la tierra, hay que acabar con los bosques y los ríos, mejor es que el oro se quede bajo la tierra para siempre», porque vale más la naturaleza.

Sin embargo, entre 1992 y 2009, Gold Reserve señala que realizó una inversión cercana a los 300 millones de dólares en equipos, exploraciones y gastos de ingeniería en el proyecto de Las Brisas. En febrero de 2007 el Ministerio del Ambiente aprobó la explotación y el procesamiento de oro en favor de la empresa canadiense. No obstante, en 2008, cuando la mina estaba construida y lista para iniciar la explotación, la concesión le fue intempestivamente revocada.

En el último trimestre de 2009 Gold Reserve tomó cartas en el asunto y emitió un recurso de arbitraje contra Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), institución perteneciente al Banco Mundial. De acuerdo con el sitio web, el recurso fue admitido en noviembre de 2009; en marzo del año siguiente se constituyó el tribunal para llevar el caso.

Como argumento, la compañía minera sostenía que el país latinoamericano había violado el Tratado Bilateral de Inversión Canadá-Venezuela, acordado en 1996. El fallo emitido por el Ciadi bajo el número ARB(AF)/09/1 se pronunció en favor de Gold Reserve y concluye que Venezuela violó el artículo II del tratado, donde se especifica que cada parte del contrato debe promover la creación de condiciones favorables a los inversores de la contraparte y que los retornos de inversión deben ser justos, equitativos y seguros para generar confianza. 

En la decisión, el organismo señala que Venezuela deberá cancelar una indemnización a la minera canadiense por más de 700 millones de dólares y que cada parte deberá correr con los costos legales propios, excepto que el país latinoamericano deberá reembolsar a Gold Reserve la suma de 5 millones de dólares como parte de los gastos y costos legales.

Aunque el caso cerró en noviembre de 2014, con una factura de indemnización por 760 millones de dólares, el presidente Nicolás Maduro anunció a finales de febrero de este año la certificación del Arco Minero del Orinoco por parte de mineras nacionales y trasnacionales, donde participarían 150 empresas de 35 países extranjeros. En el territorio, comprendido por una extensión que supera los 112 mil kilómetros, hay yacimientos de oro, coltán, diamantes, hierro, bauxita, cobre y otros minerales.

Durante la cadena nacional, transmitida el 24 de febrero desde el Banco Central de Venezuela, el ministro de Petróleo y Minería y presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino, informó que Gold Reserve, la minera con la que el Gobierno había mantenido una disputa legal de más de 6 años, invertiría en el país un total de 5 mil millones de dólares, cifra que sería destinada a distintos fines.

«Hemos firmado el acuerdo de inversión por 5 mil millones de dólares, que están disgregados en la resolución de la disputa que se tenía: las inversiones en las minas de oro por 2 mil millones de dólares y 2 mil millones de dólares en préstamo para el país«, dijo durante el acto realizado el pasado 24 de febrero.

Cinco días después, la minera canadiense publicaría en su página web la emisión de un Memorando de Entendimiento con el Gobierno de Venezuela para resolver la decisión del arbitraje y conjuntamente desarrollar los proyectos auríferos de Las Brisas y Las Cristinas.

«Esta es una tremenda oportunidad para la compañía y para Venezuela de desarrollar conjuntamente el proyecto Brisas-Cristinas mientras se provee de crecimiento económico a la región y se crea una nueva industria complementaria para la ya existente industria de petróleo en la República», expresó Douglas Belanger, quien desde 2004 preside Gold Reserve y pertenece a la junta directiva de otras compañías especializadas en el mismo sector, como Great Basin Energies Inc. y MGC Ventures Inc.

Tras las declaraciones de Belanger, luego de la indemnización y el préstamo a Venezuela por los miles de millones de dólares, la minera canadiense se haría con los dos proyectos auríferos más ambiciosos del país. Originalmente, con los permisos para Las Brisas y Choco 5, ahora Gold Reserve añade Las Cristinas, la más disputada por las trasnacionales.

No obstante, la promesa de Las Cristinas, ubicada cerca del poblado de Las Claritas en el estado Bolívar, ha pasado por muchas manos y nunca se ha logrado concretar. Adicionalmente, Gold Reserve no ha sido la única minera canadiense en llevar a sus disputas con el Gobierno venezolano al ring internacional.

La antigua Placer Dome (actual Barrick Gold, la empresa de este rubro con mayor producción a nivel mundial y con proyectos en Suráfrica, Tanzania, Canadá y Australia) se hizo con el codiciado proyecto en un principio. Posteriormente, Vannessa Ventures, Crystallex, Rusoro y Citic Group pelearían por el derecho a explotar una de las minas con mayores reservas de oro en el mundo.

De todas, el consorcio chino Citic Group es el que posee una cartera más grande, no solo en minería. También dedicada al sector de la construcción, y uno de los mayores inversores de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la compañía asiática también se especializa, entre otras cosas, en áreas como aseguradoras, salud, tecnología, industrias y bienes raíces.

Retrasos en los permisos ambientales, problemas para nacionalizar activos, contratos poco beneficiosos y conflictos laborales terminarían por hacer que las mineras empacaran sus maletas y se devolvieran a su país de origen, no sin antes llevar a tribunales internacionales la batalla legal por las inversiones hechas en el país latinoamericano.

De los 39 casos presentados ante el Ciadi en contra de Venezuela, 25 continúan pendientes. Cuatro recursos legales fueron introducidos por las mineras, de los cuales dos siguen activos y suman una demanda de $6.800 millones.

La reciente matanza en el pueblo de Tumeremo ha puesto los ojos en el sur del país. De acuerdo con el diputado por el estado Bolívar, Américo de Grazia, el asesinato de los 28 mineros está encubierto por las propias autoridades y el suceso podría ser una posible «exigencia» de la trasnacional canadiense para proceder con el proyecto aurífero Brisas-Cristinas. Aunque ambos son áreas mineras, el Km 88, en donde están las minas, y Tumeremo no se encuentran en el mismo sector y están a dos horas de distancia.

«Yo quiero ver a la Gold Reserve ocupar las minas que hoy ocupa ‘El Guancho’ (líder de bandas que operan en la zona), yo quiero ver cómo se van a meter en esas minas (…) están haciendo un fraude de carácter internacional», apuntó el parlamentario.