Todo se convierte en un círculo vicioso. Hay una Ley de Costos y Precios Justos que regula la utilidad de las empresas, las cuales tienen fuertes dificultades para incrementar el salario de sus empleados calificados y además les imposibilita contratar el poco personal eficaz que hay.
El planteamiento proviene de la intervención del presidente de Conindustria, Juan Pablo Olaquiaga, quien aseguró que el referido texto jurídico es una camisa de fuerza para el sector industrial del país, pues con productos regulados no obtienen una rentabilidad que les permita incrementar, con holgura, el salario de sus empleados.
“Los sueldos deberían ser incrementados según formación de cada trabajador. Pero esta realidad muestra que un bachaquero puede ganar más que un profesional. (…) ¿Cuántos estudiantes de ingeniería que trabajarán en empresas cuya Ley de Costos y Precios Justos les impedirá que le paguen lo que les corresponde”, cuestionó el representante empresarial.
Olalquiaga participó en el foro “Academia y Empresas, una alianza necesaria para Venezuela”, este jueves 8 de octubre. Allí discernió la necesidad de unificar los trabajos de las universidades con el sector público y privado para calificar con el más alto nivel a la fuerza trabajadora de Venezuela, que, aseguró, asciende a 14 millones de personas.
La fuga de talentos es otro factor que ha tocado de frente al sector primario, pues el presidente de Conindustria aseguró que todos los días hay menos profesionales con una calidad óptima para enfrentar los retos en empresas con deficiencias productivas.
Inclusive habló que la calidad de los productos que se fabrican en Venezuela se ve influenciada por la calidad profesional de los trabajadores. “Al fabricar productos de bajo valor agregado hay un ciclo perverso de producto barato con bajo sueldo y baja formación profesional”, detalló.
Una propuesta que salió de este discurso fue que los empresarios podrían encargarse de la educación de los hijos de sus empleados, como una forma de garantizar futuro para ellos, para el país y para el sector industrial.
“Los impuestos en gran parte de las empresas van a un costosísimo sistema educativo terriblemente decepcionante. Debemos tener un Gobierno ganado a trabajar en alianza con el sector privado”, manifestó.
Fuga y competitividad
El presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, también estaba en el foro de la Universidad Metropolitana, donde ratificó la teoría de la fuga de talentos y además consideró indispensable una unificación entre la empresa privada y la pública.
Cree que está en manos del Gobierno atacar la emigración de jóvenes con potenciales que pudieran estar trabajando para la economía nacional. “¿Quién se está ocupando de eso?. Eso ocurre porque el venezolano de a pie no consigue mejores oportunidades”, criticó.
“Las universidades venezolanas son una fuente de aguantar, pero no de aceptar. La empresa privada que sigue en Venezuela creyendo, confiando, invirtiendo y comprometiéndose con el país ha aguantado, pero no aceptado”, dijo.
Aseguró que ni Polar ni ninguna empresa en este momento es competitiva, porque la crisis económica ha diluido las posibilidades de una competencia real.