Una reactivación transformadora en América Latina y el Caribe es posible y urgente. Este es el llamado que hacen más de 250 instituciones de la región, agrupadas en la plataforma Reactivación Transformadora, las cuales reconocen la amenaza y la oportunidad que representan los programas y medidas de reactivación económica que están implementando los gobiernos de la región a raíz de la pandemia del COVID-19.
Con representantes de 16 países de América Latina, las organizaciones participantes coinciden en que frente a las crisis socioambiental y de justicia que enfrenta la región no puede volver a la normalidad anterior, sino que las medidas y estrategias a implementar deben ayudar a subsanar la crisis socioambiental y asegurar que las brechas sociales sean atendidas correctamente en el corto plazo, con una visión a largo plazo.
De acuerdo a una nota de prensa, las organizaciones señalan que reconociendo la ventana de oportunidad para emprender cambios estructurales en el actual modelo de desarrollo, esta propuesta de Reactivación Transformadora en América Latina y el Caribe aglutina diversas voces para incidir en los tomadores de decisiones, a través de diversas instancias de encuentro y discusión multisectorial, para la generación de propuestas que atiendan las crisis climática y de biodiversidad, así como los impactos multidimensionales de la pandemia.
Cambios sistémicos
Entre las propuestas reunidas está promover una economía baja en carbono y un sistema social más justo, con respuestas inclusivas, focalizadas, transparentes e integrales, con perspectiva de género y que fomenten una profunda reconstrucción valórica para una verdadera transformación sistémica.
Unidas bajo el slogan Juntxs por una reactivación transformadora, las organizaciones elaboraron un pronunciamiento que promueve la necesidad de generar incentivos, empleos y oportunidades de desarrollo a través de reformas fiscales e inversiones en sectores no extractivos y bajos en carbono, la necesidad de reformular los indicadores para medir el bienestar y fortalecer un desarrollo social incluyente, orientado a fortalecer los procesos democráticos, la resiliencia comunitaria, el acceso a servicios básicos de calidad.
Además promueve las soluciones basadas en la naturaleza para proteger y restaurar ecosistemas y la firma de tratados regionales como el Acuerdo de Escazú, así como del cumplimiento de los compromisos climáticos y de biodiversidad multilaterales, y la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Públicos y privados
Hasta el momento han suscrito esta propuesta regional más de 550 representantes de la sociedad civil, sector privado, academia y gobiernos subnacionales de 16 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Climate Action Network Latinoamérica (CANLA), WWF, el Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática (OLAC), el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, Fundación Avina, Fundación Futuro Latinoamericano, WRI México, 350.org, la Universidad del Rosario de Colombia y el Municipio de Loreto en México, entre otros.
Por Venezuela se ha unido la Fundación Tierra Viva. El biólogo Alejandro Luy, director de la ONG, declaró que “después del gran impacto social y económico de la pandemia, producto de los errores en la relación del hombre con su entorno, la humanidad no puede resignarse a volver a las mismas prácticas insostenibles cuestionadas durante años por especialistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil. Un nuevo camino es necesario, especialmente para América Latina”.