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Ginelly Cardona tuvo miedo. Creyó que a su abuelo, Eduardo Borrero, lo habían enterrado en una fosa común. Durante las 46 horas en las que su cuerpo estuvo desaparecido en la Medicatura Forense puso el duelo en pausa.

A las 11:00 de la noche del sábado 27 de marzo, la furgoneta del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) llegó al Centro Diagnóstico Integral (CDI) ubicado en la UD6 de Caricuao, una zona residencial del oeste caraqueño. A esa hora, no muy lejos del ambulatorio, Ginelly confirmó que los restos de su abuelo, quien murió por COVID-19, serían trasladados a la Morgue de Bello Monte.

A las 8:00 de la mañana del domingo ya estaba, junto a su tía, en la sede de la medicatura con el informe de defunción que primero tuvo que buscar en el CDI. Llenaron el papeleo requerido y comenzaron el trámite funerario.

El lunes 29 de marzo, la funeraria contratada le informa que los hornos crematorios se dañaron  y, mientras atiende el contratiempo, la joven paramédica recibe una noticia desconcertante: a su abuelo lo van a enterrar en una fosa común.

“Me dicen que van a poner a mi abuelo en una fosa, entonces llamo a un amigo que es funcionario, él dice que es su familiar y nos informan que nos van a dar un día más”, relata.

A sus manos también llega el contacto de un “gestor” que trabaja en la morgue, pero ofrece servicios privados de traslado, cremación y entrega el registro de defunción: “Nos dice que es una persona que puede agilizar el proceso, le pedimos que queríamos ver a mi abuelo para confirmar que fuera él, pero esto nunca se concretó porque nos dijeron que no conseguían su cuerpo”.

46 horas desaparecido

El martes 30 de marzo va nuevamente a la Morgue y le notifican que no encuentran a su abuelo: “No sabíamos qué hacer, habíamos pagado el servicio del cementerio, pero no sabíamos dónde estaba, teníamos miedo de que se lo hubiesen llevado, nos dijeron que las fosas comunes están en el cementerio de El Junquito, son fosas de tres personas, y que los familiares solo pueden ir a reclamar el cuerpo después de 120 días que es cuando dicen que el virus ya no representa un riesgo”.

“Estábamos desesperadas, el gestor no respondía. Llegó la carroza del Cementerio del Este y se llevaron siete cuerpos, el número ocho, que era mi abuelo, no estaba. A las 7:00 de la noche, un funcionario nos pidió las cédulas a mi tía y a mí y lo encontró, yo tuve que reconocerlo a través de una foto en un teléfono”, expresa.

La explicación de la desaparición fue que hubo un error en la identificación del cuerpo. “Lo tenían en una lista, era el número 58, no se me olvida ese número, no tenía nombre”, afirma.

Pero el miércoles 31 de marzo volvió el miedo: “Cuando llegamos con el servicio funerario nos dicen de nuevo que no lo consiguen. Tuvimos que esperar hasta la 1:30 de la tarde que llegó el funcionario que el día anterior nos ayudó para que encontrará a mi abuelo. Mi tía tuvo que volver a reconocerlo y finalmente pudimos llevarlo en la furgoneta al cementerio”.

“Para mí esto fue un infierno, es inhumano para las familias que están enfrentando muertes tan dolorosas. Es una falta total de Estado que da paso a los mercados negros y a las soluciones bajo cuerdas”, cuestiona.

El calvario, como define su lucha por salvar la vida de su abuelo, a quien consideraba un padre, y luego por proteger sus restos, empezó el 13 de marzo cuando fue hospitalizado en el CDI de la UD6 de Caricuao tras ser rechazado en tres centros médicos por falta de oxígeno y camas.

“Nos tocó buscar bombonas de oxígeno en otros CDI y comprar las recargas por nuestra cuenta para que mi abuelo y los otros pacientes que estaban graves en el centro pudieran respirar”, señala.

La paramédica y estudiante de odontología lo recuerda como una persona muy alegre: “Mi papi era la alegría de la casa, mucha gente lamenta su muerte, era muy querido, muy colaborador. Era un pilar fundamental. Estaba jubilado, trabajó muchos años para la Sanidad y en el Materno de Caricuao”.

Confusión en el Poliedro

La historia de la familia Padilla es similar. En lo que parece haberse convertido una situación recurrente para los familiares de enfermos de COVID-19, el cuerpo del pastor evangélico  Eliseo Padilla estuvo desaparecido durante tres días en la Morgue de Bello Monte.

Su esposa Luzmila dice que comenzó a empeorar el sábado 27 de marzo, presentaba síntomas de COVID-19; pero nunca confirmaron el diagnóstico.

Ese sábado, su esposa e hijos recorrieron clínicas y hospitales de la capital, pero en ninguno tenían camas para recibirlo: “Nadie me quiso atender a mi esposo porque no tenían cupo, fuimos a Salud Chacao y ahí le pusieron oxígeno, pero nos dijeron que nos teníamos que ir porque no había suficiente. Tuvimos que ir al Poliedro porque ya no sabíamos adónde más llevarlo, le supliqué a los médicos y les dije que podíamos pagar la hospitalización, pero no lo recibieron”, lamenta.

En El Poliedro, habilitado por el gobierno nacional como un “centro centinela” para la atención de pacientes COVID-19,  tampoco tenían camas disponibles así que tuvieron que asistirlo dentro de su carro. “Le pusieron oxígeno, le inyectaron algo para bajarle el azúcar porque era diabético y lo hidrataron, después lo pasaron para la camilla, eso fue como a las 12 de la noche”, manifiesta Luzmila.

Dentro del recinto, los espacios habilitados están saturados de pacientes críticos: “Mientras estuve ahí con él, vimos a personas muy enfermas y a otras que murieron. Es un lugar donde no hay para entubar a las personas y no alcanza el oxígeno”.

El domingo 28 de marzo, a las 2:00 de la tarde, Eliseo Padilla murió. La familia esperó que lo trasladaran a la Morgue de Bello Monte para seguir el proceso y poder cremar sus restos.

A las 6:00 de la mañana del lunes 29 de marzo fueron a la Morgue y desde ese día hasta el miércoles 31 de marzo negaron que estuviera ahí. “En la morgue me mostraron una foto y como dije que no era mi esposo me dijeron que las personas cambian cuando mueren, yo respondí que viví con él 35 años y que ese no era mi esposo, que no me iban a dar a alguien más como si se tratara de un premio de consolación”, denuncia.

“Ese día buscaron toda la noche, yo llegué a la casa a la 1:00 de la mañana y mi hijo a las 4:00 de la mañana, mal y sin información. Al día siguiente me dijeron que si no aparecía era porque o alguien más se lo había llevado por error o estaba en una fosa, desde ese momento quedé sufriendo de los nervios, no puedo dormir, tiemblo”, expresa.

Solo cuando la familia amenazó con exponer el caso a los medios de comunicación agilizaron la búsqueda: “Mi esposo estaba en una cava con 80 fallecidos más (muertos por COVID-19), en un camión que tienen en la calle, tuvimos que ver cómo los bajaban para que lo pudieran sacar. Estábamos desesperados, mi hijo quedó traumatizado”.

A Eliseo Padilla lo habían identificado como Luis Díaz, una confusión que le costó a su esposa e hijos largas horas de agonía.

Cremación sin notificación

Un tercer caso conocido es el de Raimundo Rodríguez. La desaparición de su cuerpo se viralizó en las redes sociales. Su hija denunció que del hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas fue llevado a la Morgue de Bello Monte donde perdieron su rastro.

Le indicaron que había sido enterrado en una fosa común, pero al exhumar los cuerpos no lo encontraron. Días después les entregaron unas cenizas.

Su padre había sido cremado sin notificarle.