Ecuador y la burocracia de la muerte

Dejó de respirar dentro de la camioneta. Antonio García, de 74 años, llevaba 15 días en su casa con fiebre y problemas respiratorios sin que ningún médico del sistema de salud ecuatoriano lo asistiera. La operadora de emergencia del 911  de Ecuador no le asignaba cita porque sus síntomas no eran lo suficientemente graves. 

Su hijo Arturo veía con frustración cómo su padre sufría. La madrugada del 3 de abril empezó a respirar con mucha dificultad: “Me lo tuve que llevar rápido al hospital”. No llegó a tiempo. Antonio García murió en el interior del auto frente a un centro hospitalario ubicado en Guayaquil, Ecuador. 

Una muerte más en medio de la pandemia por el COVID-19, que hasta el 3 de abril ha cobrado la vida de 145 personas en Ecuador, de acuerdo con el Ministerio de Salud. Es posible que la cantidad de fallecidos y afectados sea mayor. El mismo presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confesó el 2 de abril que los números oficiales “se quedan cortos”

En la espera

Anita Cando vive en carne propia el “desastre”, como califica a la situación sanitaria actual. Su suegro, de 73 años, murió a las 7:30 de la mañana del martes 31 de marzo. “Todavía no lo han retirado de su casa”, aseguró a Efecto Cocuyo, el jueves 02 de abril.

El suegro de Cando se llamaba Alberto Quijije Espinoza y vivía con otras seis personas: su esposa, una de sus hijas, su yerno y dos nietos. Ellos consideran que la muerte de su familiar fue por una falla respiratoria. Durante varios días estuvo quejándose por una constante tos seca, decaimiento y fiebre. De acuerdo a lo que le manifestaba a sus familiares, creía que estaba infectado por el nuevo coronavirus. 

El viernes 27 de marzo se dirigió a un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess) en el sur de la ciudad de Guayaquil, pero no fue atendido. Su estado de salud no parecía crítico. Podía respirar sin mayor dificultad.   

El hombre decidió ir a un médico particular, quien le pidió que se mantuviera en casa. Dos días después falleció. “Ahora no sabemos si fue por coronavirus o no. Es increíble que no lo atendieran, a pesar de que allí tienen su historial médico. Él era diabético”, se quejó Cando. 

Irregularidades

Luego de constatar que el señor Quijije estaba muerto, sus familiares llamaron al 911 para informar el deceso y solicitar un médico que hiciera el informe para poder enterrarlo. No enviaron a nadie. Sin ese documento ni las funerarias ni los funcionarios públicos pueden manipular el cadáver. “Unas funerarias nos ofrecieron sacarnos el informe si les pagábamos 300 dólares. Un abuso”, dijo Cando. 

El informe médico no es el único obstáculo para enterrar o cremar un familiar en Guayaquil. La capacidad de los cementerios de la ciudad fue llevada al límite, debido a la cantidad de cadáveres que requieren ser inhumados en tan poco tiempo.

“Se tiene que madrugar para que te den un ticket para el otro día, solo 50 por día. Y no para el entierro, ese número es para que te atiendan y luego te asignan un día”, según Cando fue lo que le explicaron a su esposo en la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ONG que administra los tres cementerios más importantes de la ciudad. 

Ante la ausencia de una respuesta, la familia de Quijije decidió dejar la casa y mudarse temporalmente. El cadáver se descompone sobre una cama. “Lo dejaron como lo encontraron. La familia de mi esposo siente que tirarlo a la vereda es una humillación”.  

Burocracia

Desde hace una semana, en las redes sociales se comparten videos de cadáveres frente a viviendas, dejados allí por sus familiares. De acuerdo con Cando, en la lista de los que procuran enterrar a sus familiares hay quienes tienen hasta 7 días de espera, “por eso los sacan de sus casas”, explicó.  

El esposo de Cando fue al Registro Civil frente a la Unidad Judicial de Valdivia (al sur de la ciudad), el primero de abril para gestionar el registro de defunción de su padre. Le dijeron que debía llegar temprano en la mañana porque solo estaban atendiendo 90 personas. “Todo esto nos hace más duro el dolor”, expresó la nuera del señor Quijije. 

De acuerdo con una publicación del diario ecuatoriano El Universo, del 31 de marzo, la policía de Ecuador tenía una lista de 450 personas con familiares muertos en sus casas a la espera de ser recogidos por las autoridades. Según representantes del Estado, los cadáveres son almacenados en las morgues temporales de cuatro hospitales de la ciudad hasta que puedan ser inhumados.  

Solo hay pruebas para quienes tienen síntomas 

Jorge Wated, funcionario encargado de la fuerza conjunta en la provincia del Guayas, informó en cadena nacional el primero de abril que en Guayaquil el Estado recoge alrededor de 150 fallecidos en sus casas, sin especificar cuántos de esos muertos fueron víctimas de COVID-19. 

La doctora Mayra Malavé, quien atiende en una clínica privada en el norte de la ciudad, declaró a Efecto Cocuyo que actualmente recibe alrededor de 20 personas diarias, de las cuales 14 llegan con síntomas propios de la pandemia. 

“Los mando a que se hagan la prueba. Sin embargo, una parte no regresa, algunos porque deciden quedarse en casa y otros porque mueren”, afirmó la médica. Contó que la semana pasada asistió un hombre cardiópata con síntomas de COVID-19. “Murió a los dos días. Lamentablemente muchas personas buscan atención después de padecer lo síntomas durante días”, agregó. 

La doctora Malavé considera que las cifras dadas por el Gobierno Nacional son imprecisas, debido a que solo cuentan a los pacientes infectados fallecidos dentro de los hospitales o a quienes mueren en casa y ya tenían diagnóstico. “Muchos de mis pacientes tienen miedo de hacerse el examen y prefieren guardarse en casa y no avisar a las autoridades. Temen ser internados en un sistema de salud público al borde del colapso”. 

Explicó que no se están haciendo pruebas suficientes. “El ministerio de salud no da abasto y los laboratorios privados están en una situación similar”, indicó. Uno de los laboratorios privados más grandes de Guayaquil, Interlab, emitió un comunicado el primero de abril para informar que solo tomarían 50 muestras, estas para personas con solicitudes previas y con síntomas de COVID-19.

Para Malavé, que hagan las pruebas solo a personas con síntomas es un error. De acuerdo a su experiencia durante estas tres semanas, los síntomas indicados por el Ministerio de Salud son insuficientes porque hay otros síntomas constantes que no son tomados en cuenta: el decaimiento y la fatiga extrema. Desde su punto de vista ese criterio no ayuda a disminuir la propagación o a “salvar vidas”.  

La médica con experiencia en salud pública explicó que la COVID-2019 es una enfermedad emergente, es decir, todavía no se la conoce suficiente. “En este contexto pandémico hay que tratar a los pacientes como infectados hasta demostrar lo contrario, para que podamos identificar y descartar con velocidad. Así evitaríamos más muertes”, añadió. 

Ecuador ha realizado alrededor de 9.000 pruebas para detectar COVID-2019, de las cuales 3.368 dieron positivo, como señala el informe del Gobierno de ecuador del 3 de abril. Para atender a esas personas Ecuador cuenta con 1.183 camas de cuidado intensivos (UCI). Es decir, 6,77 por cada 100.000 habitantes. España e Italia, los dos países con mayor mortalidad por la enfermedad, tenían al comenzar la pandemia 9,7 y 12,5 por cada cien mil habitantes. El sistema de salud ecuatoriano no da abasto. 

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