Justicia climática en Venezuela: entre discursos y  planes fantasmas

CAMBIO CLIMÁTICO · 6 NOVIEMBRE, 2022 15:18

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Génesis Méndez Alzolar


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¿Es relevante hablar de justicia climática en Venezuela? Más allá de discursos de representantes del gobierno en donde destacan acusaciones al “sistema depredador capitalista”, declaraciones de otros sectores del país sugieren que existe una lista de compromisos pendientes a los que hacer frente en casa para abordar efectivamente la emergencia climática, de manera transversal, más allá de las ideologías políticas. 

En ese sentido, la justicia climática “implica reconocer las responsabilidades históricas de la crisis y que los más afectados, son los menos responsables”, de acuerdo con Global Witness. 

Venezuela es uno de esos países que entra en la categoría de muy afectados y poco responsables: para 2017, generaba apenas el 0,49% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero  años después las consecuencias del cambio climático se estarían sintiendo con fuerza en forma de inundaciones y lluvias torrenciales. De acuerdo con datos compartidos por el Observatorio de Ecología Política (OEP), solo en 2019 las pérdidas por fenómenos extremos se calculaban en “un promedio de 130 millones de dólares”, mientras que en el período de 2000-2019 estas pérdidas se ubicaban en un promedio de 97 millones de dólares.  

Ante este panorama, efectivamente es relevante que Venezuela se mantenga al frente de las discusiones de justicia climática. Sin embargo, también hay tareas internas pendientes. Entre ellas, para el término de la 26º Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) el OEP señala que el país se mantuvo al margen de las negociaciones. 

“La delegación de Venezuela no suscribió el acuerdo para frenar la deforestación y la degradación de los bosques globales, ni el del impulso para salir del carbón, ni el de reducción de emisiones de metano, así como tampoco fijó la fecha para alcanzar el ‘cero neto’ de emisiones, quedándose así al margen de los pocos acuerdos contraídos en la COP26”, denunciaban a través de su portal web. 

A nivel doméstico, tras suscribir el Acuerdo de París en 2015, en la primera Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) de Venezuela – que data del 2017 – se destaca el establecimiento de medidas como bosques compensatorios a cargo de la industria petrolera; construcción y expansión de sistemas de transporte masivo; red de laboratorios de insumos biológicos, entre otros. 

“Nada se ha cumplido. Al contrario, la degradación ambiental (…) se ha acentuado”, señala Alejandro Luy, biólogo y director de la organización no gubernamental Tierra Viva, en entrevista con María Ramírez Cabello para el Correo del Caroní. 

De cara a la COP27

A mediados del 2022, el gobierno venezolano instaló un espacio de trabajo denominado Comisión Presidencial para el Cambio Climático y se inició un proceso de discusión en la Asamblea Nacional en torno a una ley de cambio climático. Sin embargo, Erick Camargo, corresponsal de OEP, llama la atención sobre la falta de información sobre los ilícitos ambientales al sur del Orinoco, la explotación del Arco Minero y la destrucción de la Amazonía.

“El gobierno nacional debe superar las profundas contradicciones que existe entre un discurso lleno de lugares comunes, con acciones efectivas y congruentes con la búsqueda de la preservación de la vida en el planeta”, expresan desde el OEP

Entre dichas contradicciones, el OEP destaca: “a principios de junio, representantes del Gobierno Nacional participaron en la Reunión Internacional de Estocolmo+50 indicando que en Venezuela existe una máxima “conciencia de la amenaza que vive el planeta” y por ello, se han “dedicado a la reforestación”. Sin embargo, en ese discurso no mencionaron (…) las miles de hectáreas que se han deforestado en los parques nacionales y que responde al impulso de una política minera que ha traído consigo severos impactos ambientales y sociales”. 

Igualmente, “no se mencionó en ese discurso, los constantes derrames petroleros que ocurren en el país y la falta de información oficial al respecto”. 

A las puertas de la COP27, que se celebrará en Egipto en noviembre, se espera que una vez más que el gobierno del país denuncie la deuda de los países ricos, si bien sectores internos exigen planes claros para enfrentar la emergencia ambiental, a la vez que esta deje de ser abordada desde un enfoque político y se le da importancia necesaria. 

“Existen dos tipos de vulnerabilidades. Una física, que viene precisamente por el trastorno del clima, que ocasiona estas lluvias intensas y luego hay una socioeconómica, por la condición de pobreza en la que se encuentra parte del país. Entonces, en Venezuela tenemos una tormenta perfecta, porque están ambas en su máximo grado (…) Los eventos de Tejerías y Castaño demostraron cómo no hay una preparación para atender catástrofes de este nivel”, señala Juan Carlos Sánchez, autor principal del estudio del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC) sobre la carbonatación mineral de CO2 y co-ganador del Premio Nobel de la Paz 2007, quien señala que en relación con dichos eventos sí existe una incidencia con la crisis climática.

Aún más allá, Sánchez señala que “el cambio climático no reconoce ideologías”, por lo que debería ser abordado en la agenda, tanto del gobierno, como de la oposición venezolana, lo cual, en su opinión, no ocurre actualmente. 

“Es un tema radicalmente importante para el país y el mundo político lo desestima”, puntualiza. 

CAMBIO CLIMÁTICO · 8 DICIEMBRE, 2022

Justicia climática en Venezuela: entre discursos y  planes fantasmas

Texto por Génesis Méndez Alzolar

¿Es relevante hablar de justicia climática en Venezuela? Más allá de discursos de representantes del gobierno en donde destacan acusaciones al “sistema depredador capitalista”, declaraciones de otros sectores del país sugieren que existe una lista de compromisos pendientes a los que hacer frente en casa para abordar efectivamente la emergencia climática, de manera transversal, más allá de las ideologías políticas. 

En ese sentido, la justicia climática “implica reconocer las responsabilidades históricas de la crisis y que los más afectados, son los menos responsables”, de acuerdo con Global Witness. 

Venezuela es uno de esos países que entra en la categoría de muy afectados y poco responsables: para 2017, generaba apenas el 0,49% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero  años después las consecuencias del cambio climático se estarían sintiendo con fuerza en forma de inundaciones y lluvias torrenciales. De acuerdo con datos compartidos por el Observatorio de Ecología Política (OEP), solo en 2019 las pérdidas por fenómenos extremos se calculaban en “un promedio de 130 millones de dólares”, mientras que en el período de 2000-2019 estas pérdidas se ubicaban en un promedio de 97 millones de dólares.  

Ante este panorama, efectivamente es relevante que Venezuela se mantenga al frente de las discusiones de justicia climática. Sin embargo, también hay tareas internas pendientes. Entre ellas, para el término de la 26º Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) el OEP señala que el país se mantuvo al margen de las negociaciones. 

“La delegación de Venezuela no suscribió el acuerdo para frenar la deforestación y la degradación de los bosques globales, ni el del impulso para salir del carbón, ni el de reducción de emisiones de metano, así como tampoco fijó la fecha para alcanzar el ‘cero neto’ de emisiones, quedándose así al margen de los pocos acuerdos contraídos en la COP26”, denunciaban a través de su portal web. 

A nivel doméstico, tras suscribir el Acuerdo de París en 2015, en la primera Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) de Venezuela – que data del 2017 – se destaca el establecimiento de medidas como bosques compensatorios a cargo de la industria petrolera; construcción y expansión de sistemas de transporte masivo; red de laboratorios de insumos biológicos, entre otros. 

“Nada se ha cumplido. Al contrario, la degradación ambiental (…) se ha acentuado”, señala Alejandro Luy, biólogo y director de la organización no gubernamental Tierra Viva, en entrevista con María Ramírez Cabello para el Correo del Caroní. 

De cara a la COP27

A mediados del 2022, el gobierno venezolano instaló un espacio de trabajo denominado Comisión Presidencial para el Cambio Climático y se inició un proceso de discusión en la Asamblea Nacional en torno a una ley de cambio climático. Sin embargo, Erick Camargo, corresponsal de OEP, llama la atención sobre la falta de información sobre los ilícitos ambientales al sur del Orinoco, la explotación del Arco Minero y la destrucción de la Amazonía.

“El gobierno nacional debe superar las profundas contradicciones que existe entre un discurso lleno de lugares comunes, con acciones efectivas y congruentes con la búsqueda de la preservación de la vida en el planeta”, expresan desde el OEP

Entre dichas contradicciones, el OEP destaca: “a principios de junio, representantes del Gobierno Nacional participaron en la Reunión Internacional de Estocolmo+50 indicando que en Venezuela existe una máxima “conciencia de la amenaza que vive el planeta” y por ello, se han “dedicado a la reforestación”. Sin embargo, en ese discurso no mencionaron (…) las miles de hectáreas que se han deforestado en los parques nacionales y que responde al impulso de una política minera que ha traído consigo severos impactos ambientales y sociales”. 

Igualmente, “no se mencionó en ese discurso, los constantes derrames petroleros que ocurren en el país y la falta de información oficial al respecto”. 

A las puertas de la COP27, que se celebrará en Egipto en noviembre, se espera que una vez más que el gobierno del país denuncie la deuda de los países ricos, si bien sectores internos exigen planes claros para enfrentar la emergencia ambiental, a la vez que esta deje de ser abordada desde un enfoque político y se le da importancia necesaria. 

“Existen dos tipos de vulnerabilidades. Una física, que viene precisamente por el trastorno del clima, que ocasiona estas lluvias intensas y luego hay una socioeconómica, por la condición de pobreza en la que se encuentra parte del país. Entonces, en Venezuela tenemos una tormenta perfecta, porque están ambas en su máximo grado (…) Los eventos de Tejerías y Castaño demostraron cómo no hay una preparación para atender catástrofes de este nivel”, señala Juan Carlos Sánchez, autor principal del estudio del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC) sobre la carbonatación mineral de CO2 y co-ganador del Premio Nobel de la Paz 2007, quien señala que en relación con dichos eventos sí existe una incidencia con la crisis climática.

Aún más allá, Sánchez señala que “el cambio climático no reconoce ideologías”, por lo que debería ser abordado en la agenda, tanto del gobierno, como de la oposición venezolana, lo cual, en su opinión, no ocurre actualmente. 

“Es un tema radicalmente importante para el país y el mundo político lo desestima”, puntualiza. 

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