Dos mujeres se suman a la huelga de hambre militares presos políticos en Ramo Verde

Sandra Hernández, esposa del preso político militar Luis Bandres, denunció este miércoles que la huelga de hambre iniciada por sargentos vinculados a la causa Cotiza en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde ya supera las 36 horas y que a ella se han sumado otras dos mujeres.⁠

Los manifestantes exigen la libertad plena de todos los presos políticos y que los militares sean incluidos de manera formal en la mesa de negociación. Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) alertaron que la protesta se desarrolla “en medio del aislamiento institucional” y que cada hora de ayuno constituye un llamado urgente a la vigencia de los derechos humanos y al debido proceso.

La medida se mantiene desde el 9 de noviembre e involucra a 21 sargentos del caso Cotiza, a los que se sumaron otros privados de libertad de causas como Paramacay, Sukhoi, espionaje, gobernadora de Monagas, Aurora y Gedeón, para un total aproximado de 34 a 36 personas.

Exigen a la mesa de diálogo e instancias internacionales su inclusión en las libertades, el respeto al debido proceso, sus derechos y su integridad física. Muchos de ellos, especialmente los de Cotiza, ya cumplieron condena y permanecen detenidos por retardo procesal e irregularidades.⁠

Se denuncian presiones por parte del general de división Luis Ojeda, quien —según reportes— se limita a generar restricciones (limitando desplazamientos y el acceso a baños y otras áreas a los huelguistas). También se reportó un intento de amedrentamiento por parte del mayor de aviación Navarro Ramón. Tras la visibilidad en redes, personal médico realizó un chequeo a los protestantes, quienes continúan a la espera de respuestas del Estado.

DENUNCIA | Dos mujeres se suman a la huelga de hambre de los sargentos de la causa Cotiza en Ramo Verde, que ya supera las 36 horas

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— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) November 11, 2026

La huelga comenzó con sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana detenidos en enero de 2019 por hechos relacionados con el levantamiento en el comando de Cotiza, en Caracas. Familiares y organizaciones de derechos humanos afirman que varios cumplieron el 24 de octubre de 2026 la condena de 7 años y 9 meses, pero continúan recluidos. Denuncian retrasos, anulaciones de procesos y el traslado de causas a tribunales con competencia en terrorismo.

En un video difundido por CLIPPVE, Hernández reiteró las exigencias de libertad plena y de inclusión formal de los militares en cualquier diálogo o negociación. La organización y otros actores han pedido a las autoridades atención inmediata y el respeto al debido proceso ante el riesgo para la salud de los huelguistas.