AN sanciona Ley del Sistema y Servicio Eléctrico: Rodríguez anuncia tarifas indexadas y subsidios 

La plenaria de la Asamblea Nacional (AN), dominada por el chavismo, sancionó finalmente la reforma parcial  de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico de 119 artículos, nueve disposiciones transitorias y una disposición final. Las tarifas del consumo eléctrico serán indexadas y también habrá una política de subsidio.

El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, subrayó que, pese a que el instrumento legal abre la participación a la empresa privada en el sector eléctrico, no implica  privatización del servicio para los consumidores. 

“La Ley no promueve la privatización, sino apertura a los privados. No quiere decir que el SEN no siga prestando servicio a los más vulnerables”, dijo Rodríguez a la plenaria. 

Sostuvo que antes de la nacionalización del sector, “los apellidos” eran dueños del servicio que era garantizado solo  “para las grandes ciudades”. Asimismo aseguró que trabajadores del Ministerio de Energía Eléctrica y operadores fueron consultados.

“Se estableció un régimen sancionatorio adecuado y las garantías que tendrán los privados para participar. No es privatización, sino ampliación para que los privados también puedan prestar servicio sobre todo para grandes consumidores y que el Estado se concentre en los sectores más vulnerables”, reiteró al término de la sesión ordinaria.

En declaraciones a la prensa en el Palacio Legislativo, indicó que las tarifas por consumo estarán indexadas a la moneda de mayor valor establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV) pero que habrá una política de subsidios para quienes no puedan pagar.

La AN necesitó cuatro sesiones para discutir el instrumento jurídico, al cual la bancada del Grupo Libertad hizo observaciones de forma y de fondo, especialmente por considerar que se menoscaban las competencias de los municipios. En la sesión pasada, la diputada Nora Bracho (UNT) denunció que el texto de la ley llevado a la Cámara no fue el mismo que se aprobó en la Comisión Mixta que abordó la materia.

Durante la sesión de este martes, 10 de noviembre, la bancada opositora no formuló objeciones por lo que la discusión desde el artículo 95 sólo tomó una hora en el hemiciclo.

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Multas para infractores 

El tramo final del instrumento legal discutido en la Cámara está relacionado con la sanciones por infracción a la ley que van desde multas, medidas como demolición de estructuras, hasta prisión por delitos tipificados. 

De acuerdo con el artículo 101, la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional, instancia creada en la ley,  tiene la competencia para iniciar las averiguaciones administrativas a los fines de determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones sobre las empresas operadoras, directivas o cualquier otra persona a su servicio y a los usuarios. 

Las empresas operadoras del sector eléctrico serán objeto de sanciones de hasta 2% de sus ingresos brutos correspondientes a los doce meses anteriores al mes de la infracción, por incumplimiento de las normas aplicables a las instalaciones, de las instrucciones emanadas de las autoridades competentes, por negativa a suministrar información requerida, a permitir inspecciones (artículo 102)

Asimismo, aplica la sanción por negativa injustificada al suministro de electricidad o la interrupción o suspensión del servicio sin el cumplimiento de los requisitos legales, incumplimiento reiterado de las normas de calidad del servicio, normas sobre aplicación de tarifas o recaudación, así como la aplicación de tarifas no autorizadas o su aplicación irregular, entre otras.

Las sanciones menos graves como el incumplimiento ocasional de disposiciones establecidas en la ley, según el artículo 103, recibirán sanción de 0,2% de los ingresos brutos. 

Asimismo, la legislación que será enviada al Ejecutivo para su promulgación impone multas de 1.000 a 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV). La revocatoria de la habilitación administrativa para operar también está contemplada en el artículo 105 para los propietarios de instalaciones de autogeneración mayores a 2 MW que nieguen el suministro de electricidad en estado de excepción declarado por el Ejecutivo Nacional.

Los usuarios son castigados con multa (artículo 106) de 50 hasta 10.000 veces el tipo de cambio por uso no autorizado de la  energía eléctrica; 100 a 50.000 veces el tipo de cambio por consumo no autorizado; 500 hasta 50.000 veces el tipo de cambio por conexión de equipos que causen perturbaciones; 100 hasta 50.000 veces el tipo de cambio por  alteración, daño o modificación de los medidores y por suministrar energía eléctrica a terceros sin autorización, entre otras causales.

Advierten que recuperar el Sistema Eléctrico Nacional requiere hasta $40.000 millones

Penas de prisión 

La normativa castiga con cárcel de dos a seis años (artículo 118) a toda persona que hurte la energía eléctrica con fines de lucro, mediante conexiones de más de 5.000 kilovatios hora al mes no autorizadas por la empresa operadora. El hurto de los equipos o instalaciones es castigado con la misma pena de prisión (artículo 119).

El mayor castigo (prisión de ocho a 16 años) será para quien se considere revele información confidencial  o “secretos” concernientes a la seguridad del SEN (artículo 116). Expertos han señalado que este artículo podría ser aplicado de manera discrecional por las autoridades para enviar a la cárcel a una persona.  

“Quien de manera intencional ocasione la interrupción del servicio eléctrico en todo o en parte del territorio nacional, será penado o penada con prisión de cuatro a ocho años”, reza el artículo 117. 

De acuerdo con la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (Aviem), la recuperación del sistema eléctrico en Venezuela requiere de una inversión de hasta 40.000 millones de dólares y un plan “maestro” que podría extenderse 10 años, luego de más de una década de desinversión.

El importante texto legal se sanciona con el telón de fondo del fuerte racionamiento de luz, apagones y fluctuaciones eléctricas diarias en diversas regiones del país y la puesta en “pausa” por parte de la corporación estadounidense GE Vernova Inc. de la ejecución física para la reparación de la red eléctrica en Venezuela debido a la falta de pago.