Violencia paramilitar deja sin clases a niños y desplaza a comunidades en el Caura
La paralización de este colegio en la comunidad indígena eñepa La Batea deja a los niños sin su principal espacio cotidiano de protección
Los ataques de grupos paramilitares contra habitantes de la cuenca del Caura y el Orinoco, al sur del estado Bolívar, provocaron el desplazamiento forzoso de decenas de familias indígenas y paralizaron la asistencia de los niños a las aulas, relataron fuentes a Efecto Cocuyo, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad.
A diferencia de los reportes iniciales que apuntaban a la toma directa del centro educativo perteneciente a Fe y Alegría, en el municipio Cedeño, la estructura física del colegio permanece intacta tras las incursiones armadas.
“La que está afectada es la comunidad que ha sido víctima de los ataques de estos grupos paramilitares. Ellos no se han metido con la escuela, no han arremetido contra ella”, precisó una de las fuentes consultadas.
La huida de los padres junto a sus hijos hacia localidades vecinas para resguardar sus vidas dejó a muchas niñas y niños sin poder regresar a las aulas. “Muchos de ellos no se encuentran ahorita en su casa, en su comunidad; hubo que desplazarse, razón por la cual los niños no están siendo beneficiados por el servicio educativo”, detalló el informante sobre la interrupción del año escolar.
El contacto con los habitantes que permanecen en la zona o que lograron escapar es sumamente limitado debido al temor a represalias por parte de las bandas irregulares. “No quieren ni siquiera hacer llamadas ni hablar como medida preventiva, no vaya a ser que esta gente tenga los teléfonos intervenidos”, explicó la fuente.
Riesgos para la niñez y desarraigo indígena
El pasado 31 de octubre, el coordinador general de la organización defensora de los derechos infantiles Cecodap, Carlos Trapani, alertó sobre el éxodo de docentes y familias en la comunidad indígena eñepa La Batea, en el sector Los Pijiguaos del municipio Cedeño, donde funciona un plantel de la red Fe y Alegría.
“No hablamos solo de un edificio, hablamos de un espacio construido para garantizar educación y acompañamiento a niños de una comunidad indígena”, señaló el abogado a través de la red social X.
De acuerdo con Trapani, la ausencia escolar en zonas controladas por bandas armadas expone a los niños y adolescentes a peligros que van más allá del atraso académico. El defensor de derechos humanos advirtió que los menores corren el riesgo de ser reclutados a la fuerza para combatir, ser utilizados como vigilantes o cargadores de suministros, sufrir secuestros, violencia sexual o caer en redes de trata de personas y trabajo forzoso, sumado al impacto emocional y psicológico que les produce presenciar hechos violentos, separarse de sus parientes y abandonar sus hogares de forma abrupta.
“Salir de su comunidad puede significar separarse del territorio, de su cultura, de la familia extensa, de sus docentes y de sus autoridades tradicionales. Proteger a un niño indígena también exige proteger esos vínculos”, sostuvo el representante de Cecodap.
Minas antipersonales y ráfagas de disparos
Las comunidades del municipio Cedeño permanecen acorraladas por los continuos enfrentamientos en la zona. El periodista Fritz Sánchez reportó que la jornada de este jueves 4 de noviembre estuvo marcada por el sonido de detonaciones en dirección al sector El Potrero, ubicado en el kilómetro 36 de la vía hacia El Jobal, en Los Pijiguaos.
“La población vive bajo el temor y la zozobra ante una escalada de violencia que amenaza la seguridad de las comunidades indígenas y habitantes de esta región, mientras persiste la inacción de la FANB frente al avance de estos grupos armados”, alertó el comunicador en su cuenta en X.
El asedio de los grupos irregulares colombianos incluye la instalación de trampas explosivas en los territorios originarios. Sánchez detalló que hace pocos días un joven de esa misma localidad perdió un pie tras pisar una mina antipersonal.
“La población de El Potrero y de todo el eje de Los Pijiguaos no puede seguir condenada a vivir entre detonaciones, minas antipersonales y el miedo, sin protección ni garantías de seguridad del Estado”, cuestionó el periodista al exigir una respuesta urgente de las autoridades para frenar a los grupos armados.
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