Ley contra el Odio: la propuesta de reforma contra la demanda de derogación

La gobernante encargada, Delcy Rodriguez, solicitó a la Asamblea Nacional (AN) la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que ella misma presidió en 2017.

Frente a las incesantes demandas de derogación del instrumento legal por parte de defensores de derechos humanos y organismos internacionales por ser instrumento para la persecución política, la interina avalada por el gobierno de Estados Unidos, optó por pedir al Parlamento presidido por Jorge Rodriguez, solo modificaciones relacionadas con la “despenalización de las conductas previstas” en la normativa. 

La exvicepresidenta de Nicolás Maduro justificó la medida como parte de la transformación del sistema de justicia penal del país y como contribución a la “convivencia democrática”.

La comunicación enviada a la presidencia de la AN generó una ola de reacciones en rechazo de ONG, gremios y políticos que reiteraron la exigencia de que se elimine la normativa que ha servido para encarcelar a ciudadanos hasta por enviar un mensaje contra el gobierno, vía Whatsapp. 

Mantener el miedo 

“Esta decisión genera muchas preocupaciones y dudas sobre esta estrategia (del gobierno) de visibilizar cierto desmonte de las medidas represivas, pero a la vez seguir con algunos instrumentos que permiten mantener un miedo generalizado que todavía hay en la sociedad venezolana sobre la reanudación de las detenciones arbitrarias. Esta ley particularmente se utilizó con ese fin, hay muchas personas excarceladas sometidas a medidas cautelares, a las que se les imputaron delitos que están contenidos en la normativa”, señaló la politóloga y profesora de Derechos Humanos, Nastassja Rojas Silva.

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Rojas Silva cuestionó que desde el gobierno encargado se diga que la Ley contra el Odio fue “mal aplicada” o que se cometieron “abusos”, puesto que fue concebida como una ley restrictiva para la persecución y represión contra la disidencia, tras un momento de gran agitación política, como lo fueron las masivas manifestaciones ciudadanas de 2017. Recordó que no es el único instrumento legal que limita las libertades civiles y políticas. 

A propósito de la propuesta de la interina Rodríguez, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) indicó que 7 de cada 10 periodistas y trabajadores de la prensa presos o judicializados hasta enero de 2026, enfrentaron cargos por incitación o promoción al odio. El Sindicato exige que la ley “desaparezca” del ordenamiento jurídico venezolano. 

“La revisión de la ley debe incluir todas las causas abiertas, medidas cautelares y restricciones derivadas de su aplicación. Esos procesos tienen que cerrarse”, expresó el SNTP en sus redes sociales. 

La ONG Foro Penal, en voz de su vicepresidente, Gonzalo Himiob, también expuso su balance: 927 personas imputadas por el delito de instigación al odio, desde la entrada en vigencia de la ley en 2017. El abogado advirtió que hasta el 30 de septiembre, seis de estas personas seguian privadas de su libertad y 638 sujetas a medidas cautelares.

El artículo 20 de la normativa fija penas de 10 a 20 años de prisión para quien publique o promueva mensajes de odio, discriminación o violencia. La propuesta de la interina busca “despenalizar”, es decir, eliminar el castigo de cárcel o las sanciones penales a una acción prevista en el instrumento legal. 

“La propuesta no es suficiente, la AN debe derogar la norma y otros instrumentos represivos, pero pareciera que se quieren mantener las medidas de presión contra la población”, agregó Rojas Silva. 

Diputados exigen libertad jurídica real

Pero la ley de 25 artículos no solo contiene castigo de prisión. El artículo 22 sanciona con revocatoria de concesiones a los medios de radio y televisión que el gobierno o el chavismo consideren que difunden mensajes de odio. 

En caso de redes sociales o medios electrónicos contempla multas de 50.000 a 100.000 unidades tributarias si los mensajes no son retirados en un lapso de seis horas, además del bloqueo de los portales. De allí que la reforma es considerada insuficiente porque todavía persistirán sanciones que promueven la censura y autocensura en medios informativos.  

En respuesta, el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, designó una comisión especial para evaluar la reforma de la normativa contra el odio, durante la sesión ordinaria de este 29 de septiembre.

El grupo quedó conformado por el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, acompañado de Nicolás Maduro Guerra, Tania Díaz, Jorge Arreaza, América Pérez, Carolina Carreño, Willy Medina y Jason Guzmán, todos en representación del chavismo. Por la Alianza Democrática fueron designados Rubén Limas y Luis Augusto Romero y por el grupo Libertad, Amelia Belisario.

En declaraciones a Efecto Cocuyo, Belisario indicó que la comisión aún no había sido convocada hasta este 1 de octubre. Advirtió que la fracción Libertad mantendrá la exigencia de que la ley sea derogada.

“Nuestra posición es de principios: una herramienta de censura no se mejora, se debe eliminar. Cuando el Ejecutivo admite que esta ley fue “mal aplicada” y que generó “uso abusivo” y “excesos”, le están dando la razón al país, a los periodistas y a los defensores de derechos humanos que lo denunciamos durante años”, recalcó la diputada. 

La también dirigente de Unión y Cambio sostuvo que el país no quiere una ley que persiga “un poquito menos”, a partir de los cambios planteados desde Miraflores sino seguridad jurídica real. Sin embargo, considera positivo el hecho de que el chavismo se vea obligado a revisar el texto porque a su juicio demuestra que la presión ciudadana funciona. 

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Pedirán acceso a los medios 

Belisario igualmente indicó que una vez instalada la comisión especial, la fracción Libertad propondrá que los medios de comunicación puedan tener acceso a todas las instancias, debates y  mesas de trabajo en los que se aborde la normativa. Esto, en aras de garantizar la transparencia del ejercicio parlamentario y para que el país y las víctimas de la persecución puedan ser testigos de los debates y los avances que se puedan lograr, en la restitución de los derechos. 

“No vamos a abandonar la comisión especial (…) Si el oficialismo solo propone, una reforma parcial en lugar de la derogación, nosotros vamos a dar la pelea con argumentos jurídicos, con sustento en los testimonios de las víctimas, y en respaldo y defensa de los venezolanos. El país merece que le restituyan sus derechos y si toca hacerlo paso a paso, lo haremos sin descanso”, agregó la diputada. 

Seis organizaciones defensoras de DDHH (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cofavic, Espacio Público, Provea, Acceso a la Justicia, Organización Mundial Contra la Tortura y Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center) publicaron un comunicado este 30 de septiembre, para ratificar la demanda de derogación de la ley porque la despenalización de las conductas es insuficiente.

“Los efectos negativos de esta ley también se extienden al ejercicio de los derechos políticos y el derecho a la libertad de asociación. La Ley Contra el Odio contempla la revocatoria de inscripción a los partidos políticos que hagan cualquier actividad o expresen una idea que el Gobierno considere como incitación al odio. Asimismo, prohíbe la constitución y el funcionamiento de personas jurídicas de derecho privado, movimientos y organizaciones sociales que incurran en las conductas ambiguamente descritas por la ley”, señalaron las organizaciones.

Durante el segundo ciclo de la mesa de diálogo que culminó el 25 de septiembre, hubo expectativas sobre la restitución de garantías y derechos políticos que incluía la derogación de normativas como la Ley Simón Bolívar, Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, además de la ley contra el odio, por “arbitrarias” e “inconstitucionales”, pero las discusiones al respecto quedaron para el siguiente ciclo. También se demanda que temas como el cese de las inhabilitaciones políticas, regreso seguro de los exiliados y restitución de partidos políticos sean abordados. 

“Desde la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 trabajamos para desmontar los instrumentos que han restringido los derechos y las libertades de los venezolanos”, señaló un comunicado de la Comisión Delegada tras el anuncio de Delcy Rodríguez. 

El grupo encabezado por Dinorah Figuera aseguró que permanecerán “atentos a que la reforma anunciada cumpla con los fines democratizadores, de acuerdo a lo conversado, y contribuya al restablecimiento de los derechos y las garantías ciudadanas”.