Gremios y ONG exigen la anulación de procesos penales tras anuncio de reforma a la «Ley del Odio»

En el marco de los anuncios gubernamentales sobre una «reforma parcial» a la controversial Ley contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, diversos gremios, periodistas y activistas de derechos humanos han reaccionado de forma contundente exigiendo que el proceso no se limite a modificaciones de forma, sino que incluya el cierre definitivo de todas las causas judiciales abiertas y la rendición de cuentas de los operadores de justicia.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) advirtió este miércoles que, hasta enero de 2026, 7 de cada 10 periodistas y trabajadores de la prensa detenidos o judicializados en el país enfrentaron imputaciones por «incitación o promoción al odio».

Ante la posible revisión del texto legal, la organización gremial enfatizó que cualquier modificación debe contemplar de forma prioritaria la anulación de todas las causas abiertas, el levantamiento de medidas cautelares y la eliminación de las restricciones derivadas de su aplicación.

AN 2015 exige que reforma de la Ley del Odio cumpla fines democratizadores

Por su parte, el dirigente Carlos Azuaje señaló que la derogación o reforma parcial del instrumento no exime de responsabilidad a los funcionarios y magistrados que lo emplearon durante años. Azuaje exigió que los jueces y fiscales que aplicaron la legislación contra ciudadanos inocentes respondan formalmente ante la justicia, recordando que múltiples personas continúan privadas de libertad injustamente y que otros encarcelados fallecieron en custodia bajo dicho marco normativo.

Otras organizaciones de libertad de expresión como Espacio Público han coincidido en que una simple reforma resulta insuficiente tras casi una década documentando el uso sistemático de la Ley contra el Odio como herramienta de persecución, censura y autocensura contra trabajadores de los medios, activistas y la ciudadanía en general.

El gremio de la prensa y las ONG reiteran que el restablecimiento de las garantías fundamentales en el país exige el cierre incondicional de los expedientes judiciales en curso y la revisión integral del daño causado a las víctimas de dicha legislación.

Promulgada en noviembre de 2017 por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, la Ley contra el Odio ha sido catalogada por juristas internacionales y ONG como un instrumento diseñado para penalizar la disidencia y el ejercicio de la libertad de expresión.

Durante más de siete años, la normativa fijó penas de hasta 20 años de prisión para tipificaciones ambiguas como la «incitación al odio», aplicadas no solo a dirigentes políticos, sino también a periodistas, trabajadores de la prensa y ciudadanos comunes por simples opiniones o denuncias compartidas en redes sociales y servicios de mensajería.