Vence plazo de 10 días y Corte de Apelaciones aún no decide sobre caso Caguaripano
Familiares y abogados denuncian retardo de los jueces del caso

Este 16 de septiembre venció el plazo de 10 días hábiles que se tomó la Corte de Apelaciones de Carabobo para decidir sobre la sentencia del capitán Juan Carlos Caguaripano y 22 procesados más del caso Fuerte Paramacay, sin que hasta ahora se haya conocido un pronunciamiento.
La audiencia de apelación se celebró el pasado 26 de agosto de 2026 de forma telemática, con un retraso de varias horas. Tras más de cinco o seis horas de sesión, la Sala N.º 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo se reservó un lapso de 10 días hábiles para decidir si ratifica, modifica o anula la condena de 30 años de prisión impuesta el 19 de diciembre de 2025 por los delitos de rebelión militar, traición a la patria y otros relacionados con el asalto al Fuerte Paramacay en agosto de 2017 (Operación David).
El plazo ya expiró y, este miércoles, familiares, allegados y voces cercanas al militar siguen a la espera. En redes y medios se pregunta abiertamente: “¿Dónde está la decisión?”. Algunos señalan que, contando días corridos, ha pasado casi un mes desde la audiencia, lo que profundiza el desgaste físico y emocional de los detenidos y sus familias.
Irene Olazo Mariné, esposa del capitán y residente en el exilio en Costa Rica, ha mantenido una postura cauta pero firme. En declaraciones recientes afirmó que, después de nueve años, “uno aprende a tener cuidado con las expectativas, porque esperar también duele”. Señaló que la familia mantiene esperanza, pero no la deposita en el poder judicial, sino en Dios. Exigió a los magistrados “la valentía que no han tenido los jueces” y que dejen de esperar “una orden de arriba”, recordando que “estos 24 hombres son seres humanos”.
Olazo ha reiterado que no busca negociaciones ni canjes: “Yo, como familia del capitán Caguaripano, no quiero una negociación, quiero justicia”. Pide reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos (desaparición forzosa, torturas y tratos crueles documentados por instancias internacionales), libertad y reparación de daños. Ha denunciado las condiciones de reclusión de su esposo en una celda de 2×2 metros en El Rodeo I, con visitas limitadas a 20 minutos a través de un vidrio y sin comunicación con su hija Samantha desde hace más de dos años.
Juan Bautista Caguaripano, padre del militar, ha defendido públicamente la inocencia de su hijo y afirmado que “la verdad está allí” y “saldrá a flote”, pese a los intereses políticos.
Abogados y defensores de derechos humanos han subrayado las irregularidades del proceso desde el inicio: retardo procesal de años, vulneraciones al debido proceso y denuncias de torturas. El abogado Joel García explicó que la Corte de Apelaciones suele ratificar o anular la sentencia (en este último caso se ordenaría un nuevo juicio) o declarar parcialmente con lugar el recurso, modificando delitos o la pena.
La defensa había solicitado previamente el sobreseimiento con base en la Ley de Amnistía de 2026, argumentando que los hechos de 2017 se ajustan a sus supuestos, pero la petición fue rechazada.
Hasta el momento no hay pronunciamiento oficial de la Corte. Familiares y allegados continúan reclamando que se cumpla el plazo y se dicte una decisión transparente, en un caso que consideran emblemático de los presos políticos militares en Venezuela.