Audiencia Nacional de España investiga contrato irregular del Psoe con fondos de Venezuela

El juez instructor de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de España analizan un contrato de 2019 entregado por el empresario Víctor de Aldama que, según su declaración, habría servido para canalizar fondos procedentes de Venezuela hacia el Partido Socialista Obrero Español (Psoe).

El documento, de 15 millones de euros y vinculado a la comercialización de un cupo de petróleo venezolano, se incorpora a las pesquisas sobre una presunta financiación irregular del partido.

Según la versión de Aldama, recogida por varios medios españoles, el contrato estaba relacionado con una operación detectada por la Guardia Civil en el marco del caso de los hidrocarburos. El empresario declaró ante el magistrado que, a petición del exministro José Luis Ábalos, entregó dinero en efectivo a Koldo García para sufragar gastos del PSOE.

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Esos fondos, aseguró, procedían de un primer adelanto de la petrolera estatal venezolana y se habrían canalizado a través de un entramado internacional de sociedades y contratos supuestamente simulados. El documento data de 2019 y procede de Apamate Corporate and Trust, S.L., sociedad dirigida por Francisco Flores, cuyo nombre también aparece vinculado al caso Plus Ultra.

Sobre el papel, la operación contemplaba el pago de 15 millones de euros a cambio de comercializar petróleo venezolano. Sin embargo, Aldama sostuvo ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 que el objetivo planteado por Ábalos y Koldo García era conseguir fondos para el partido.

De acuerdo con su declaración, los fondos habrían ascendido a cinco millones de euros y se habrían canalizado a través de Rusia. De esa cantidad, 300.000 euros habrían terminado en cuentas bancarias de Aldama en España. El empresario afirmó que retiró ese dinero en efectivo y se lo entregó directamente a Koldo García.

Aldama fue más allá y aseguró que Pedro Sánchez conocía estas operaciones, una afirmación que deberá ser contrastada en el marco de la investigación judicial.

Con la documentación ya en manos del juez Ismael Moreno y de la Fiscalía, la causa continúa bajo secreto de sumario a la espera de nuevos atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y otras diligencias pendientes. La investigación deberá determinar la veracidad del contrato, el destino de los supuestos pagos y si existió alguna relación con decisiones del Ejecutivo español respecto a Venezuela.

Con información de Euronews