OVP: 397 muertos en 24 masacres carcelarias durante 15 años de Ministerio Penitenciario

Según el registro, 19 de estas masacres se produjeron durante la gestión de Iris Varela

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) documentó al menos 24 masacres ocurridas en cárceles del país entre 2011 y 2026, en las que fallecieron 397 personas y más de 600 resultaron heridas. Así lo informó la organización este viernes 28 de agosto de 2026.

De las 397 víctimas, dice OVP, 369 eran privados de libertad, 22 visitantes, dos custodios penitenciarios, tres funcionarios del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y uno efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Según el registro del OVP, 19 de estas masacres se produjeron durante la gestión de Iris Varela al frente del ministerio, una bajo Mirelys Contreras, dos durante el mandato de Celsa Bautista y la más reciente en 2026, bajo la administración de Julio García Zerpa.

Entre los episodios más graves destacan:

2012: 22 muertos en el Centro Penitenciario Región Andina (CEPRA); 26 en Yare I y 10 en La Pica (Monagas).

2013: 65 fallecidos en el Centro Penitenciario Uribana (Lara), entre ellos un funcionario de la GNB y dos pastores evangélicos.

2014: 48 presos muertos y 145 intoxicados en el entonces Centro Penitenciario David Viloria (antes Uribana) tras ingerir una sustancia elaborada en la enfermería durante una protesta.

2016: 12 muertos por la explosión de una granada en la Penitenciaría General de Venezuela.

2017: 15 muertos en un motín en Puente Ayala (Anzoátegui) y 39 en una intervención en el Centro de Detención Judicial de Amazonas.

2018: 11 muertos en la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara (nueve internos y dos funcionarios).

2020: 49 reclusos asesinados y más de 70 heridos en el Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella, Portuguesa), tras una protesta por la suspensión del pase de paquetería; el penal fue desalojado.

2023: 11 muertos en la intervención del Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón) y cinco en Tocuyito (Carabobo).

Abril de 2026: cinco reclusos asesinados en Yare III (Miranda) tras una protesta.

El OVP señala que tras estos hechos se anunciaron investigaciones cuyos resultados y responsables se desconocen. La organización afirma que el Estado suele atribuir las muertes a enfrentamientos entre los propios reclusos, pero sostiene que muchas de las masacres más graves —incluidas las más recientes— ocurrieron después de protestas por vulneraciones de derechos y fueron ejecutadas por funcionarios de seguridad. Denuncia además la ausencia de investigaciones contra los presuntos responsables.

La organización recuerda que el artículo 43 de la Constitución venezolana “obliga al Estado a proteger la vida de las personas privadas de libertad y considera que, 15 años después de la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, se vulneran las leyes nacionales, las Reglas Mandela y otros estándares internacionales”.

OVP califica estos hechos como posibles crímenes de lesa humanidad que no prescriben y exige verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.El patrón institucional, según el OVP, ha sido el silencio, la falta de transparencia y la evasión de responsabilidades sobre el ingreso de armas a los penales.