Venezuela sigue siendo parte del Estatuto de Roma pese a aprobación de ley derogatoria en la AN, explica ONG Acceso a la Justicia
Acuerdos internacionales siguen vigentes pese a la retórica oficialista
La Asamblea Nacional (AN), controlada por el oficialismo, aprobó recientemente la “Ley por Palestina y la Justicia”, un instrumento legislativo que, según el chavismo, deroga la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), ratificado por Venezuela en el año 2000 y vigente desde 2002.
Sin embargo, expertos jurídicos y organizaciones como Acceso a la Justicia coinciden en que esta medida no implica la salida inmediata del país del tratado internacional ni afecta la investigación en curso por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La iniciativa, presentada como un acto de “defensa de la soberanía” y solidaridad con Palestina, responde a la percepción oficialista de que la CPI ha sido “instrumentalizada políticamente” contra el gobierno venezolano.
¿Qué implica realmente la ley aprobada?
Según el análisis de la ONG Acceso a la Justicia, publicado este 19 de diciembre, la ley sancionada por la AN no constituye una denuncia formal del Estatuto de Roma. Su alcance se limita a derogar la norma interna de 2000 que autorizó la ratificación del tratado por parte del Ejecutivo.
“En el derecho internacional, los tratados no pierden vigencia por la simple derogación de su ley aprobatoria nacional”, indica el documento de la ONG.
Esto se rige por el principio pacta sunt servanda (los pactos deben cumplirse), consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El artículo 127 del Estatuto de Roma establece explícitamente que la retirada solo ocurre mediante una notificación formal al Secretario General de la ONU, con efectos un año después y sin retroactividad.
Hasta la fecha, el Estado venezolano no ha realizado dicha notificación ante la ONU. Además, en Venezuela, la potestad para denunciar tratados internacionales recae exclusivamente en el Presidente de la República, según el artículo 236 numeral 4 de la Constitución.
“No requiere intervención parlamentaria previa, como ocurrió en 2012 cuando Hugo Chávez denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos sin acto legislativo alguno”, dice Acceso a la Justicia.
Por tanto, Venezuela continúa siendo Estado Parte del Estatuto de Roma, con todas las obligaciones derivadas, incluyendo la cooperación con la CPI, que mantiene su competencia intacta.
Incluso si el Ejecutivo decidiera denunciar formalmente el tratado, esto no detendría la investigación actual. El artículo 127 del Estatuto precisa que la denuncia no libera al Estado de obligaciones previas ni afecta la jurisdicción de la CPI sobre crímenes cometidos antes de que surta efectos (un año después de la notificación). Tampoco impactaría hechos ocurridos durante ese período transitorio, explica la ONG.
Precedentes internacionales lo confirman: Filipinas retiró su adhesión en 2019 mientras estaba bajo investigación, pero la CPI continuó el caso contra el expresidente Rodrigo Duterte por crímenes de lesa humanidad en la “guerra contra las drogas”.
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