Venezuela rechazó 81 recomendaciones de 274 planteadas en el #EPU2016

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El Gobierno venezolano dijo “no” a 81 recomendaciones planteadas por los Estados miembros de la ONU en el Examen Periódico Universal (EPU 2016). De un total de 274 sugerencias, entre las que figuran respetar el derecho a un referendo revocatorio y garantizar la independencia de poderes, Venezuela anotó 53 como materia pendiente, mientras que otras 28 fueron anotadas “sin apoyo”.

En su informe de addendum, el Gobierno aceptó 193 recomendaciones planteadas por los Estados en la segunda fase del EPU, celebrado el pasado 1 de noviembre de 2016 en Suiza. Así lo señala el balance contabilizado por la organización Civilis DDHH.

En el documento, el Gobierno explica cuál es su disposición a aceptar los planteamientos recibidos por parte de los otros Estados miembros. “El Estado tiene la posibilidad de seleccionar unas recomendaciones que no acepta abiertamente, pero que las anota como materia pendiente“, explicó el vocero de la ONG, Jo D’Elía.

Aunque el “anotado” no significa un rechazo abierto, quiere decir que el Estado no admite los planteamientos sugeridos por los otros países ante el caso venezolano.

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Dentro del renglón de los no admitidos figuran recomendaciones como el reconocimiento a la Asamblea Nacional y a las opiniones disidentes al oficialismo, la adopción de medidas para combatir la tasa de homicidios, la liberación de los presos políticos y la independencia de poderes. Muchas de estas peticiones fueron realizadas por más de un país.

Este jueves, 16 de marzo, se celebrará la última fase del EPU y el Estado venezolano deberá dar respuesta a las recomendaciones hechas por 102 países en la Sesión de Evaluación de Venezuela en Ginebra el año pasado.

Sin embargo, el rechazo por parte de Venezuela a 81 planteamientos representa para D’Elía el desconocimiento de la crisis que atraviesa el país. “Lo que dice el Estado es que no está dispuesto a aceptar sus errores y esto, ante la comunidad internacional, es percibido como no cooperación“, explicó.

D’Elía añadió que la falta de disposición traerá sobre el Estado venezolano atención indeseada y activará mecanismos de supervisión y vigilancia para monitorear si el país cumple en materia de derechos humanos.

Indicó que Venezuela no podrá ejercer su derecho de palabra en la tercera sesión porque la Defensoría del Pueblo fue rebajada a categoría “B” por no hablar “alto y fuerte” ante casos de violación de derechos humanos en el país. El representante acreditado ante el organismo es Tarek William Saab y, aunque no tendrá voto durante el encuentro, sí podrá participar como espectador.