Silencio de Fiscalía en caso Óscar Pérez puede acarrear multas y cárcel a implicados

Ni la Fiscalía General de la República ni la Defensoría del Pueblo, órganos que velan por la justicia y los derechos humanos, han iniciado una investigación para determinar si hubo un hecho punible en la actuación policial y militar que aterrorizó a una comunidad en El Junquito, Distrito Capital, el 15 de enero, y que concluyó con la muerte de 10 personas: 7 miembros de un grupo opositor alzado en armas, 2 policías y un miembro de un “colectivo” oficialista.

De no abrir una investigación al respecto, los funcionarios responsables podrían ser sancionados con el pago de multas de hasta 2.000 UT (unidades tributarias) y/o pagar una condena de cuatro años. A esto se le conoce como denegación de justicia.

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Joel García, miembro de la organización pro derechos humanos Fundeci, apuntó que en los hechos del 15 de enero se pudo abrir un expediente y asignar fiscales sin necesidad de que las familias acudieran al Ministerio Público.

Tanto él como Fernando Fernández, también abogado penalista y especializado en derechos humanos, indicaron que ante la ausencia de una respuesta motu proprio, las familias deben acudir a ambas instituciones para hacer valer su derecho a una investigación por violación de derechos humanos.

“Tradicionalmente, la Fiscalía se pronuncia ante hechos noticiosos y notorios. Es lo que se conoce como abrir una investigación de oficio. Frente a una denuncia están vinculados y obligados a abrir la investigación”, puntualizó Fernández.

Además de los trámites investigativos, la Fiscalía debe otorgar unas medidas de protección a los familiares para evitar ataques, extorsiones o presiones externas.

En esa misma línea, el abogado Joel García señaló que la denominada por el gobierno “Operación Gedeón” fue “visiblemente” un ejemplo de uso desproporcionado de la fuerza y del uso indebido de la fuerza letal de un organismo de seguridad del Estado.

“Vimos cómo llegaron con intención de atacarlo. En 2016, ‘El Buñuelo’, un delincuente con expediente de secuestro y homicidio, tomó como rehenes a una familia y en las negociaciones con el Cicpc pidió un fiscal del Ministerio Público y presencia de la prensa como garantía de vida. De allí salió con vida y hoy en día está detenido“, manifestó el defensor de derechos humanos.

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¿Quién investiga?

En el Ministerio Público existe la Dirección Contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales por lo que los expertos aseguran que es este departamento el que debe investigar lo que ocurrió en El Junquito.

Registro de la denuncia, recolección de datos, citación de testigos y funcionarios actuantes, solicitud del protocolo de autopsia, planimetría del lugar, exhumación del cadáver y otras experticias criminalísticas son parte de las labores que debe realizar el fiscal asignado al caso.

También, los expertos aseguran que se debe investigar por qué la escena del crimen fue demolida y considerar imputar el delito de obstrucción a la justicia por este hecho. El medio Venepress envió un equipo periodístico a El Junquito el 18 de enero, que pudo ver el chalet completamente destruido. En una gráfica del 15 de enero, tomada por EFE, se ve cómo la estructura había quedado en pie, aunque con daños en el ala izquierda.

El rol de la Defensoría del Pueblo

Otro de los organismos del Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de los funcionarios es la Defensoría del Pueblo, que hasta este martes 23 de enero no se había pronunciado sobre el caso Óscar Pérez.

“La Defensoría es la que controla las actividades administrativas del Estado. Si los cuerpos policiales están implicados en una irregularidad, la Defensoría del Pueblo tiene mucho que decir porque es parte de su competencia”, apuntó Fernández.

¿Exhumación de los cuerpos?

Los parientes de Daniel Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla, José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Agostini Agostini y Óscar Pérez tienen el derecho de pedir al fiscal asignado a su caso que los cuerpos sean exhumados, para determinar si hubo excesos policiales.

Este paso es una de las primeras solicitudes que los abogados de las víctimas deben ejercer, al mismo tiempo que los familiares hacen la denuncia en la Dirección Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público.

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García expuso que con una contra autopsia (una efectuada de manera independiente) se pueden conocer cuántos proyectiles impactaron en los cuerpos, si hay disparos próximos a contacto, cuál fue la trayectoria intraorgánica y externa de las balas.

Dijo que éste trámite debe ser autorizado por un tribunal, el cual tiene tres días para responder la petición del fiscal.

Opción internacional

El abogado Fernando Fernández precisó que las familias afectadas por el procedimiento policial y militar que buscaba a Óscar Pérez deben buscar no solo un representante legal sino también una asesoría por parte de las organizaciones que defienden los derechos humanos.

Aconsejó que una vez que se hagan las diligencias ante los órganos de justicia en el país, también se debe acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Es una medida complementaria. Si la Fiscalía y la Defensoría no actúan, entonces la CIDH lo hace y se garantiza la protección de las víctimas”, dijo.

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Silencio institucional

El Ejecutivo nacional y la Asamblea Nacional son los dos poderes del Estado venezolano que se han pronunciado por la ejecución de siete personas, entre ellas el excicpc Óscar Pérez, y el asesinato de otros dos hombres.

Según un registro de Efecto Cocuyo, cinco tipo de instancias o voceros se pronunciaron en relación al caso de Óscar Pérez. Entre ellos cinco organizaciones pro derechos humanos y la Iglesia Católica; así como dos partidos políticos de oposición y tres voceros pertenecientes al partido de Gobierno.