La desnutrición se convirtió en causa de muerte dentro de los calabozos policiales

Un privado de libertad murió por desnutrición en el hospital Victorino Santaella de Los Teques el pasado miércoles 20 de septiembre. Adolfo Iván Martínez, de 25 años, se encontraba detenido desde septiembre del 2016 en la comandancia de la policía del municipio Guaicaipuro en Miranda.

Martínez fue trasladado al centro de salud el pasado lunes donde murió por desgaste multiorgánico y desnutrición proteicocalórica, según diagnóstico de los médicos.

Con esta nueva muerte aumenta a tres el número de privados de libertad fallecidos por desnutrición bajo la custodia de la policía de Poliguaicaipuro en 2017. Las otras dos personas fueron Héctor Efraín Nieves Medina, de 28 años, quien murió el 19 de febrero y José Ramón García López, de 34 años, cuyo deceso se registró el 9 de abril por las mismas circunstancias, según la prensa local.

En otras entidades del país también han fallecido reclusos por las mismas causas, según organizaciones defensoras de los derechos humanos, que han denunciado el estado de las cárceles en Venezuela.

Abundan hambre y enfermedades tras las rejas

Luisa Torrealba, jefa de investigación de la ONG Una Ventana a la Libertad explicó a Efecto Cocuyo que en los centros de reclusión preventiva de Distrito Capital, Miranda, Vargas, Carabobo, Lara, Táchira, Zulia, Monagas y Falcón, hasta junio de este año, había 8 mil 249 detenidos, cuando la capacidad real de esos centros es de mil 910 personas, lo que denota una sobrepoblación de 432%.

La investigadora informó que registraron hasta ese mes tres privados de libertad fallecidos por desnutrición y en lo que va del mes de septiembre, van cuatro muertos por la misma causa. “Los centros de reclusión preventiva están diseñados para que una persona permanezca solo 48 horas, tiempo en el que debe ser presentado ante un juez. Sin embargo, conocemos casos de personas que llevan hasta 6 años detenidos allí”, señaló.

La ONG focalizó su investigación en los calabozos de las comisarías de los nueve estados que monitoreó entre enero y junio del 2017, donde no hay comedores para los internos. “Muchos de los detenidos están lejos de su lugar de origen, por lo que a sus familiares se les dificulta visitarlos para llevarles alimentos. Además, en algunos centros se les cobra una tarifa a sus seres queridos para que le puedan entregar comida”, denunció Torrealba.

Para Una Ventana a la Libertad, no solo la desnutrición es uno de los mayores problemas que enfrentan quienes se encuentran en los centros de reclusión preventiva; también padecen de enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis y otras infecciones, además de las que pueden contraer producto del hacinamiento.

El Estado es el responsable de la vida de los reclusos

El artículo 4 del Código Orgánico Penitenciario establece que el Estado, a través del Ministerio para Servicios Penitenciarios, debe garantizar a los reclusos “el ejercicio y goce de los derechos humanos consagrados en la Constitución, así como en los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, suscritos y ratificados por la República, excepto aquellos cuyo ejercicio esté restringido por la pena impuesta o por la medida de privación judicial preventiva de libertad, y por las establecidas en el presente Código”.

En la Constitución nacional, el artículo 44 establece que, quienes sean arrestados en flagrancia, deben ser presentados ante un juez a las 48 horas de su detención. Una Ventana por la Libertad encontró que de los 8 mil 249 detenidos en los centros de reclusión preventiva de las nueve entidades estudiadas, 5 mil 484 no habían sido procesados, lo que evidencia una violación a sus derechos.

La Carta Magna, en el artículo 46 numeral 2, señala que, “Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Si las personas no reciben alimentos adecuados mientras están detenidas, se les está vulnerando este derecho constitucional.

Las cifras mortales de Una Ventana a la Libertad

.- El 11 de enero, José Abraham Delgado de 35 años falleció por desnutrición, estaba recluido en uno de los calabozos de la Policía del municipio de Sucre (Polisucre), sede Coliseo de La Urbina en Miranda.

.- El 8 de febrero, en Punto Fijo (Falcón) dentro de la sede de PoliFalcón murió tuberculoso y con un cuadro de desnutrición Pedro Pablo Leal González de 40 años.

.- El 23 de abril, Carlos Gabriel Aguirre de 22 años murió en una comisaría de Polisucre también por desnutrición.

.- El 8 de septiembre, Osmel Josué Yuguri Landaeta murió por falta de alimento en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Tocuyito de la Costa estado Falcón.

.- El 14 de septiembre, en la sede del municipio Ambrosio Plaza en Guarenas falleció una mujer de nacionalidad colombiana desnutrida, Elena de los Ángeles Barrios Jiménez, de 43 años.

.- El 19 de septiembre, Willy Javier Fernández en la sede de Polifalcón en Coro falleció por desnutrición.