Informe de la OEA registró detención de 339 universitarios y 17 profesores en protestas de 2017

El 29 de mayo de 2018 fue publicado el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde se concluyó que existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, los cuales se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014.

El documento de 400 páginas destaca información suministrada por Aula Abierta, organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos en el ámbito universitario.

Entre los hallazgos de la recopilación de casos se encuentra que 339 estudiantes universitarios fueron detenidos y encarcelados arbitrariamente durante el período de abril a julio de 2017, siendo muchos de ellos presentados ante la justicia militar y quedando afectados por medidas privativas de libertad.

Además, al menos 17 profesores universitarios fueron detenidos arbitrariamente. Los motivos fueron de distinta naturaleza: desde publicación de críticas en contra de las políticas públicas estatales hasta la participación en manifestaciones en contra del actual gobierno venezolano.

De estos 17 profesores, ocho fueron presentados ante la justicia militar, seis ante la justicia ordinaria y tres liberados desde los centros de detención de los cuerpos de seguridad.

El grupo de expertos que elaboró el informe está conformado por Santiago Cantón (Argentina), exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh); Manuel Ventura Robles (Costa Rica), exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e Irwin Cotler (Canadá), presidente del Centro de Derechos Humanos Raúl Wallenberg, y exministro de Justicia y fiscal general de Canadá.

Ellos hacen alusión a denuncias realizadas por Aula Abierta, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ).

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El panel de expertos exhortó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a que remita este informe y la evidencia recopilada por la Secretaría General de la OEA a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).

Además, instaron al Secretario General a invitar a los Estados Parte en el Estatuto de Roma a que remitan la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI, y a que pidan a la Fiscal la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se recogen en el informe presentado, de conformidad con lo que establece el artículo 14 del Estatuto de Roma.

Es importante señalar que ni el Panel ni la Secretaría General de la OEA han tenido la posibilidad de realizar misiones en el territorio en cuestión para consultar con las autoridades nacionales, las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil u otras partes interesadas. Venezuela es un Estado Parte en el Estatuto de Roma, y la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre cualquier delito cometido en el territorio de Venezuela o por nacionales venezolanos desde el 1 de julio de 2002.

Sepa quiénes son los 11 venezolanos señalados por la OEA por supuestos crímenes de lesa humanidad

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