Acusan al Gobierno por desapariciones forzosas y violación de DDHH en cárceles

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) responsabiliza al Gobierno por la desaparición forzada de al menos 14 presos que fueron encontrados en una fosa común en la Penitenciaria General de Venezuela (PGV) el 10 de marzo.

El director del OVP, Humberto Prado, señaló que en 2009 denunciaron la desaparición de Francisco Dionel Guerrero Larez, quien estaba privado de libertad en la PGV, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y el Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura.

Esta última instancia instó al Estado venezolano a iniciar una investigación exhaustiva y efectiva sobre las circunstancias que rodearon el caso del privado de libertad. Pero “el Gobierno adoptó una absoluta indiferencia ante esta decisión”, afirmó el vocero.

Advirtió que otras organizaciones de derechos humanos han recibido denuncias que refieren la existencia de fosas comunes en otras cárceles del país.

El coordinador de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto, declaró que el número de cadáveres en la PGV alcanza un centenar. “Todas las fuentes que hemos consultado hablan de la existencia de una fosa común en la que se hallaron restos de más de cien personas”, dijo Nieto a la AFP.

En el comunicado oficial que publicó el OVP se precisa que el Comité Contra la Tortura exigió que se “procese, juzgue y castigue a los responsables de las violaciones cometidas y conceda una indemnización y rehabilitación a Larez, en caso de estar vivo, y a sus familiares”. Sin embargo, no recibieron respuesta de las autoridades del sistema penitenciario ni del Ejecutivo.

“El Estado, por mandato constitucional, es responsable de la vida de las personas privadas de libertad. Las autoridades no pueden pretender descargar lo acontecido como un asunto entre internos. El Ministerio Público debe investigar la responsabilidad que, por acción o por omisión, pudieran tener funcionarios de distinto rango del sector carcelario, de la Guardia Nacional Bolivariana en el asesinato y desaparición forzada de reclusos, así como también la que pudiesen tener algunos presos”, dice el documento.

La PGV fue desalojada el pasado 28 de octubre según un plan de pacificación que impulsa el Estado venezolano y al iniciarse ese proceso, se empezaron a hallar restos humanos en la cárcel. Según indicaron entonces otros presos de la institución, en el sitio habría varias fosas comunes.

Según Prado, de las 46 cárceles que existen en el país, 13 están sin régimen de pacificación. “Estas 13 cárceles están privatizadas, los familiares de los presos tienen que pagar comisiones semanales para que los internos permanezcan en el centro de reclusión”, lamentó.

Rechazo desde la AN

El presidente de la comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la AN, Richard Blanco, manifestó que presentarán ante la plenaria de la AN un informe en el que detallan irregularidades encontradas en los centros de reclusión que visitaron.

El parlamentario denunció que se viola el artículo 272 de la Constitución que establece que: “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización”.

El abogado y diputado integrante de la comisión de Política Interior de la AN, Juan Miguel Matheus, no dudó en calificar el sistema penitenciario como “la universidad del pranato”. “El descubrimiento de esta fosa refleja que en Venezuela se violan los derechos humanos a través de juicios sumarios y desapariciones forzadas”.

El parlamentario identificó la “ineficiencia” como una de las causas del deterioro de los centros de reclusión. “Este es un Estado forajido que promueve o es complaciente con el delito del que se aprovecha para sembrar terror en la población”, declaró.