La propuesta de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) de que los países del continente deben considerar una protección interamericana temporal para la migración venezolana fue apoyado por la directora de Inclusión Social del organismo hemisférico, Betilde Muñoz-Pogossian.
Este miércoles 23 de febrero participó en el programa #ConLaluz con la directora general de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, a quien dijo que aunque cada país tiene sus particularidades, una protección interamericana, de acuerdo a las capacidades de cada nación, es una propuesta a considerar.
“La semana pasada hubo un debate sobre la migración venezolana la semana pasada en la OEA. La vicepresidenta y canciller de Colombia (Marta Lucía Ramírez) estuvo contando su experiencia y cerró diciendo que a nivel interamericano se debería considerar un Estatuto de Protección Temporal Interamericano. Pero esto no obligar a todos los países a responder por igual, pero sí comenzar a coordinar mínimos de protección a estas personas venezolanas que van a seguir saliendo”, resaltó Muñoz-Pogossian.
Para ella el espacio propicio para generar ese debate amplio es la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OEA, que tendrá lugar en junio de este año en Los Ángeles, Estados Unidos.
Recordó que además de la migración venezolana también ha aumentado la movilización de centroamericanos y haitianos hacia Estados Unidos, al igual que los nicaragüenses que después de la represión y persecución de Daniel Ortega en 2018 salieron hacia el país vecino Costa Rica.
Muñoz Pogossian dijo que aunque cada país es soberano y responde de acuerdo a sus leyes vigentes y capacidades fiscales o de recursos para recibir a las poblaciones migrantes, es necesario que en el caso chileno se trabaje a nivel comunitario para que no solo se dé respuesta al crecimiento del flujo migratorio, sino también a las poblaciones de recepción, que se sienten desprotegidas por gobiernos y eso crea una especie de recelo hacia quienes llegan por sus fronteras.
«Hay que repensar la situación en las localidades y quizá empezar a generar espacios de diálogo social, hay que hacerlo a nivel comunitario para ir resolviendo las tensiones que siguen surgiendo naturalmente cuando llegan personas de otros lugares», insistió al decir que las políticas públicas deben centrarse en esas dos vías: población migrante y población de acogida.
La directora de Inclusión Social se refirió también a la especial situación de vulnerabilidad de mujeres, niñas y niños migrantes que no solo enfrentan desigualdades marcadas en el territorio venezolano, sino también los países de tránsito y los receptores.
«Hay cosas particulares que las pasan a las mujeres migrantes venezolanas: solicitud de sexo por supervivencia, que se les exija una relación sexual para poderles dar el paso, son víctimas de la trata de personas, también hay violencia contra ellas en los países de acogida» y recordó el caso de una joven venezolana en Argentina.
Además dijo que ser migrante pone en situación de vulnerabilidad a quien decide salir de su país a otro, pero que se acentúa en estas poblaciones y también con adultos mayores y las comunidades LGBTIQ+.
Sobe la imposición de visas que decidieron países como Costa Rica y Honduras, destacó que más allá de este tipo de requisitos, se debe avanzar en articular mejores políticas de protección a las y los migrantes, entre los que mencionó el no poner trabas o requisitos que son casi imposibles para la población venezolana por el contexto del país, así como evitar los costos excesivos de estos trámites.
«Los países tienen que seguir considerando respuesta para regular la población venezolana», recalcó. Y añadió que «son personas que requieren protección internacional y lo que está ocurriendo es que no hay opciones de integración por lo que deciden arriesgar su vida para llegar a países como Estados Unidos».
Muñoz-Pogossian habló del TPS para venezolanos en Estados Unidos y aseguró que a diferencia de lo que se cree, a la fecha alrededor del 70 % de los 360 mil venezolanos que pueden ser potenciales beneficiarios ya aplicaron, mientras que quienes no lo hagan tienen aún la opción del asilo, que ha beneficiado unos 15 o 18 mil.
Vea la entrevista completa aquí
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La propuesta de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) de que los países del continente deben considerar una protección interamericana temporal para la migración venezolana fue apoyado por la directora de Inclusión Social del organismo hemisférico, Betilde Muñoz-Pogossian.
Este miércoles 23 de febrero participó en el programa #ConLaluz con la directora general de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, a quien dijo que aunque cada país tiene sus particularidades, una protección interamericana, de acuerdo a las capacidades de cada nación, es una propuesta a considerar.
“La semana pasada hubo un debate sobre la migración venezolana la semana pasada en la OEA. La vicepresidenta y canciller de Colombia (Marta Lucía Ramírez) estuvo contando su experiencia y cerró diciendo que a nivel interamericano se debería considerar un Estatuto de Protección Temporal Interamericano. Pero esto no obligar a todos los países a responder por igual, pero sí comenzar a coordinar mínimos de protección a estas personas venezolanas que van a seguir saliendo”, resaltó Muñoz-Pogossian.
Para ella el espacio propicio para generar ese debate amplio es la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OEA, que tendrá lugar en junio de este año en Los Ángeles, Estados Unidos.
Recordó que además de la migración venezolana también ha aumentado la movilización de centroamericanos y haitianos hacia Estados Unidos, al igual que los nicaragüenses que después de la represión y persecución de Daniel Ortega en 2018 salieron hacia el país vecino Costa Rica.
Muñoz Pogossian dijo que aunque cada país es soberano y responde de acuerdo a sus leyes vigentes y capacidades fiscales o de recursos para recibir a las poblaciones migrantes, es necesario que en el caso chileno se trabaje a nivel comunitario para que no solo se dé respuesta al crecimiento del flujo migratorio, sino también a las poblaciones de recepción, que se sienten desprotegidas por gobiernos y eso crea una especie de recelo hacia quienes llegan por sus fronteras.
«Hay que repensar la situación en las localidades y quizá empezar a generar espacios de diálogo social, hay que hacerlo a nivel comunitario para ir resolviendo las tensiones que siguen surgiendo naturalmente cuando llegan personas de otros lugares», insistió al decir que las políticas públicas deben centrarse en esas dos vías: población migrante y población de acogida.
La directora de Inclusión Social se refirió también a la especial situación de vulnerabilidad de mujeres, niñas y niños migrantes que no solo enfrentan desigualdades marcadas en el territorio venezolano, sino también los países de tránsito y los receptores.
«Hay cosas particulares que las pasan a las mujeres migrantes venezolanas: solicitud de sexo por supervivencia, que se les exija una relación sexual para poderles dar el paso, son víctimas de la trata de personas, también hay violencia contra ellas en los países de acogida» y recordó el caso de una joven venezolana en Argentina.
Además dijo que ser migrante pone en situación de vulnerabilidad a quien decide salir de su país a otro, pero que se acentúa en estas poblaciones y también con adultos mayores y las comunidades LGBTIQ+.
Sobe la imposición de visas que decidieron países como Costa Rica y Honduras, destacó que más allá de este tipo de requisitos, se debe avanzar en articular mejores políticas de protección a las y los migrantes, entre los que mencionó el no poner trabas o requisitos que son casi imposibles para la población venezolana por el contexto del país, así como evitar los costos excesivos de estos trámites.
«Los países tienen que seguir considerando respuesta para regular la población venezolana», recalcó. Y añadió que «son personas que requieren protección internacional y lo que está ocurriendo es que no hay opciones de integración por lo que deciden arriesgar su vida para llegar a países como Estados Unidos».
Muñoz-Pogossian habló del TPS para venezolanos en Estados Unidos y aseguró que a diferencia de lo que se cree, a la fecha alrededor del 70 % de los 360 mil venezolanos que pueden ser potenciales beneficiarios ya aplicaron, mientras que quienes no lo hagan tienen aún la opción del asilo, que ha beneficiado unos 15 o 18 mil.
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