Una investigación del del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-Ucab) reveló la discriminación que sufre la población migrante venezolana por su orientación sexual o la identidad de género.
El estudio que encabezó la investigadora Ligia Bolívar señala que la población venezolana LGBTI al salir del país se enfrenta a «problemas propios derivados de su orientación sexual o de identidad de género, incluyendo dificultades de acceso a servicios públicos de salud o expresiones de violencia que pueden llegar a actos extremos, como el asesinato».
La investigación «Movilidad y diversidad. La salud física y mental de personas migrantes y refugiadas venezolanas en relación con su orientación sexual o identidad de género», resalta los obstáculos que afrontan al salir de las fronteras venezolanas para llegar a países como Colombia, Perú, Ecuador y Chile.
Personas con VIH
Se centró en las personas con VIH, ya que ante la falta de entrega gratuita de antiretrovirales desde el año 2016 en Venezuela, optaron por migrar a otros países para salvar su vida.
«La organización Acción Ciudadana contra el SIDA (Accsi) estima que entre 8 mil y 10 mil personas que viven con VIH han abandonado Venezuela. Organizaciones que brindan acompañamiento a personas con VIH en países receptores de población venezolana han identificado tres perfiles diferentes
de entre quienes son asistidos», resaltan.
El primer grupo lo conforman personas que estaban en tratamiento y recibiendo los medicamentos desde hace más de 10 años, generalmente a través de los programas especializados del sistema de salud. Otro grupo son a quienes le diagnosticaron la enfermedad después de que se agravó la crisis de salud y sus médicos les recomendaron migrar y un tercero lo conforman «jóvenes que practicaban sexo por supervivencia en Venezuela y abandonaron el país sin saber que estaban infectados».
Entre los hallazgo del CDH-Ucab resalta que «en algunos países las personas con VIH pueden enfrentar dificultades para acceder al sistema de salud debido a un excesivo formalismo en el manejo de los protocolos de atención en general y en lo que se refiere a personas que viven con VIH en particular. Además, se observa discriminación en razón de la nacionalidad o de la condición migratoria».
Discriminación en Ecuador
Citan el caso de Ecuador, donde a pesar de que el acceso a la salud es pública, las personas con VIH deben afrontar la xenofobia y el rechazo, por lo que el medio no les permite acceder a tratamientos.
«Se estima que hay 1.062 venezolanos con VIH en Ecuador, de los cuales solo 373 están siendo tratados con antiretrovirales por parte del
sistema de salud pública», dice el CDH-Ucab. Además, con la llegada de la pandemia del COVID-19, al quedar desempleados pierden acceso a la seguridad social y deben recurrir al Ministerio de Salud Pública, lo que es otro obstáculo para recibir sus medicamentos.
Vulnerabilidad en Perú
«En Perú, el acceso al tratamiento para personas con VIH es gratuito. Sin embargo, en el caso de los migrantes, deben tramitar el carnet de extranjería (por condición de vulnerabilidad) con el propósito de ser incorporados al sistema de atención para personas con VIH. La expedición del carnet de extranjería supone varios requisitos, incluyendo un certificado de VIH validado por un hospital que forme parte del Ministerio de Salud, aunque la norma no exige expresamente tal validación».
Hay al menos 3.200 personas provenientes de Venezuela reciben tratamiento en el sistema de salud peruano; sin embargo el estudio asegura que «la mitad de los venezolanos portadores de VIH están fuera del sistema de salud».
Sin data en Chile
Sobre el caso chileno no hay una data que diga cuántas venezolanas o venezolanos tienen VIH, porque tampoco existe una sobre la población chilena. Incluso el CDH-Ucab sostiene que la estigmatización en el país contra venezolanos y haitianos, a quienes acusan de llevar la enfermedad a esa nación.
«El trato que le da el sistema de salud a los migrantes portadores de VIH es favorable, aunque lo que más se denuncia es la exigencia de retirar mensualmente el medicamento o que las autoridades alegan que no les ha llegado la medicina; no obstante, se trata de una limitación que también afecta a la población chilena».
Salud mental afectada
Sobre la salud mental de las personas LGBTI el estudio resalta que entre los factores que los afecta está la discriminación y la violencia.
«Mientras la discriminación se refiere a un trato desigual con base especialmente en la orientación sexual y la identidad de género, la violencia verbal o física puede motivarse ‘por el prejuicio basado en la orientación sexual, identidad de género o diversidad corporal'».
El CDH-Ucab advierte que la discriminación conlleva a «la segregación y la exclusión en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el espacio laboral, educativo, social, de salud», que pudiera traer como consecuencia «un trato diferente que puede conducir a la violencia».
Señalan la violencia que enfrentan en varios de estos países, que pueden llevar hasta el asesinato por la orientación sexual o la identidad de género.
«Las afectaciones a la salud mental de las personas LGBTI que migran se producen tanto a lo largo del trayecto, como en el lugar de destino. Durante el trayecto desde Venezuela hasta el país receptor, muchos migrantes se enfrentan a abuso de poder, extorsión y robo por parte de funcionarios,
especialmente policiales, militares y de migración, así como por grupos armados irregulares».
Añaden que «estos abusos, que se producen principalmente en los
puntos de migración y pasos fronterizos no controlados, tienen un agravante cuando se trata de personas LGBTI, ya que los prejuicios con
frecuencia inciden en un trato discriminatorio que incluye maltrato verbal, psicológico y físico en el que se alude expresamente a la orientación sexual
o identidad de género de la víctima».
Entre las conclusiones y recomendaciones del CDH-Ucab están el desarrollo de políticas públicas diferenciadoras para la población LGBTI en los países receptores de migrantes venezolanos, asegurar el acceso a los tratamientos para personas con VIH, y formar a personal policial y migratorio para un trato diferenciado para las personas LGBTI.
Lea el estudio completo en este enlace