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«La tortura no ha cesado, al contrario se ha incrementado por el desespero de Nicolás Maduro porque siente que pierde el control». Así lo señaló la abogada Suju en la Organización de Estados Americanos (OEA), este 20 de marzo. Denunció a tres fiscales, dos del Ministerio Público, y a 15 funcionarios de la Dirección General Contrainteligencia Militar (Dgcim) quienes fueron señalados por las víctimas como responsables de las presuntas torturas que se cometen en la sede militar.

La OEA convocó una conferencia de prensa para que ella, como directora del instituto Casla, presentara el nuevo informe sobre las presuntas torturas en Venezuela.

Los investigadores de Casla registraron 40 nuevos casos, en los primeros dos meses de 2019. Todas estas entrevistas piensan llevarlas a la Corte Penal Interamericana (CPI) para engrosar el expediente contra el Estado venezolano por la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Entre las víctimas documentadas por el equipo de Suju se encuentran adolescentes entre los 13 y 16 años de edad. Hombres y mujeres. Civiles y militares.

El informe también incluye el testimonio de cinco familias perseguidas por los órganos policiales y militares de Venezuela. Las violaciones empezaron después de que uno de sus integrantes decidiera desertar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en atención al llamado hecho por el presidente encargado Juan Guaidó en febrero de 2019.

Suju relató que además de torturas tienen reseñados casos de presunta desaparición forzada y asesinatos por parte de los cuerpos de seguridad de Venezuela.

Nuevas prácticas detectadas

Cuando Suju asevera que hay un recrudecimiento de la «práctica de la tortura» lo sustenta con relatos recopilados. Parte de estas entrevistas revelaron nuevos presuntos mecanismos para  aplicar torturas a los detenidos y un «patrón delictivo», del que antes no se tenía pruebas.

Estos son parte de los hallazgos de la investigación de Casla, que será llevada a la CPI:

– Los presos políticos y militares disidentes no son las únicas víctimas. Ahora también los familiares de los privados de libertad y/o perseguidos del Gobierno son víctimas de la práctica de torturas.

– A los golpes, descargas eléctricas, abuso sexual y asfixia se le suma ahora la aplicación de sustancias químicas durante las torturas.

– Civiles son secuestrados por funcionarios policiales y militares. Los uniformados los mantienen en centros de torturas clandestinas para extorsionar a los parientes. Son amenazados de muerte, para evitar la denuncia.

Los nombres

En el  nuevo informe de Casla figuran los nombres de los fiscales del Ministerio Público Ángel Betancourt y Farith Mora; así como el del fiscal de la jurisdicción militar, Manuel Echenique.

«Son fiscales en la sede de la Dgcim donde son testigos de las atrocidades y las torturas. Tienen oficinas habilitadas en la que planifican y ordenan todas las atrocidades que les aplicarán a quienes consideran sus enemigos», dijo Suju.

Aunado a ellos, la abogada mencionó en la OEA a 15 oficiales de la Dgcim que estarían implicados en la aplicación de presuntas torturas a los detenidos de ese componente:

Rafael Franco Quintero

Alexander Graco Artiaga

Néstor Blanco Hurtado

Janover Guerrero

José Sánchez Castro

Germán Sánchez

José Castillo

Jesús Cárdenas

Jonathan Becerra

Keyer Chacón

Abel Angola

Johana González

Isaac Estévez

Diurte Amaro

Saúl Méndez

Un último nombre salió a relucir en la intervención de Suju en la OEA: Jonathan Pérez Noguera. Este hombre fue señalado por la directora de Casla como un «colectivo», como se le llama a los integrantes de grupos armados afines al Gobierno de Maduro. Según ella, él participa en las presuntas torturas aplicadas junto a funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).

«Utilizan centros de torturas clandestinas, que algunas veces se trata de viviendas incautadas al narcotráfico. También se les conoce como casa de tortura. Una de ellas está en la avenida Manuel Sáez de San Bernardino (Distrito Capital)», indicó Suju.  «Es un paramilitar que acompaña al Faes a estas atrocidades».

En la conferencia de prueba estuvo conectado por Skype el teniente de la Aviación, Ronald Dugarte Silva, quien fue parte de la Dgcim. Él agregó que hay centros de presuntas torturas dentro de Fuerte Tiuna, complejo militar más grande del país.

«De esto solo tienen conocimiento la milicia cubana y los colectivos, que no son sino paramilitares. Ellos son adiestrados, formados, entrenados, equipados y armados militarmente. Además de eso, portan credenciales de la Dgcim lo que les da poder de hacer lo que quieran», agregó el exfuncionario.

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