En siete meses las actuaciones de la Fiscalía han sido mínimas. Desde el 28 de marzo, el Ministerio Público debe investigar la muerte de 69 personas que ocurrió dentro de una comisaría policial en el estado Carabobo. Por este hecho están detenidas cinco personas, pero la audiencia preliminar aún no se celebra.
Este es parte del resultado del informe realizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). La organización ciudadana tiene siete meses acompañando a los familiares de las víctimas y los sobrevivientes. Después de recoger los testimonios, OVP determinó que lo ocurrido en la comandancia general de la Policía de Carabobo, ubicada en la avenida Navas Espínola, en Valencia, fue una masacre.
“Aquí les cerraron la puerta para quemarlos y dispararles a quema ropa a los privados de libertad. Después de la investigación hemos determinado que representantes del Estado son responsables de este homicidio. Hay responsabilidad del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, y de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela“, manifestó Humberto Prado, director de la organización OVP.
Prado exigió este jueves 1 de noviembre a las autoridades del sistema de justicia a responderle a las familias y sobrevivientes del hecho, quienes a la fecha desconocen si los cinco funcionarios de la Policía de Carabobo siguen detenidos. En las cinco citas procesales para dar inicio a la audiencia preliminar, los imputados no se presentan o falta la defensa. Por eso se difieren. La próxima será el 19 de noviembre.
Cecilia Guerrero, madre de una de las víctimas, relató que hace una semana el fiscal Nixon Pérez, responsable de la Fiscalía 35° de Carabobo, le indicó que debía buscar el testimonio de las 69 familias afectadas por la masacre. Este es uno de los requisitos que el fiscal aseguró daría pie a la investigación penal del caso. También le solicitó las actas de defunción.
“Hace cuatro meses un policía vestido de negro se acercó y me amenazó. Dijo que callada me veía mejor, como en la cédula. Que dejara de meterme con los funcionarios de Policarabobo”, expresó Guerrero.
Ella no ha sido la única amedrentada por buscar justicia. A María Rincones un policarabobo le lanzó un tiro cuando caminaba por la carretera vieja de Tocuyito. “Pasó en una moto, me disparó y gritó que dejara de meterme con los policarabobo. Yo solo me acosté sobre el piso”, dijo.
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Irregularidades del caso
La falta de atención de las autoridades venezolanas al caso promueven a OVP a llevar la situación a instancias internacionales. Prado manifestó que el 3 de diciembre presentará su informe ante el relator de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“El sistema de justicia es como un reloj suizo. Estas personas no solo necesitan que se establezca la responsabilidad penal correspondiente. También requieren que el Estado los indemnice. Hay niños cuyos padres fueron asesinados, mientras estaban detenidos. Estos niños deberían tener su educación garantizada por el Estado”, expuso.
Entre las irregularidades que deben ser investigadas se encuentran:
? Entre las 69 víctimas hay dos mujeres que estaban de visita. El OVP se pregunta por qué en la comandancia de Policarabobo se permiten pernoctas de familiares.
? Las autopsias realizadas a las 69 víctimas se realizaron dentro de la comandancia policial. Todas ellas señalan que las personas murieron por asfixia mecánica. Testimonios de parientes y sobrevivientes aseguran que varios de los fallecidos tenían impactos de balas y golpes.
? Entre los detenidos por la masacre se encuentran cinco funcionarios de la Policía de Carabobo, pero no fue aprehendido el director de la sede: José Luis Aldana. El OVP aseguró que este comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicos Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue removido del cargo solamente. Los familiares indican que él habría sido el primero en disparar a los detenidos.
Los hechos según los afectados
El 28 de marzo en la comandancia de Policarabobo comenzó una discusión entre los detenidos y funcionarios por la realización de una requisa. Los privados de libertad no querían permitir el ingreso de los policías, porque en la última revisión todas sus pertenencias fueron robadas o dañadas.
“Después de un rato les dijimos que dejaran salir a la visita, para que entraran. En ese momento, nos dispararon perdigones. A una de las mujeres le dieron en la cara y luego le dieron a la otra”, relató un sobreviviente en un video grabado por OVP.
Otro aseguró que los detenidos pusieron los colchones como barrera para evitar que les dispararan. Los policías les echaron gasolina y encendieron fuego. En otras celdas lanzaron bombas lacrimógenas y no abrieron las rejas oportunamente.
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