Una investigación hecha por la organización Proiuris determinó que el 85% de los presuntos enfrentamientos entre supuestos delincuentes y funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, no son debidamente notificados ni investigados por el Ministerio Público, de modo que los eventuales excesos en el uso de la fuerza pública quedan impunes.
Proiuris realizó un reportaje de investigación titulado “100 Sentencias de Muerte”, donde analizaron cien minutas o reportes policiales filtrados a la prensa. Los escuetos documentos que se “filtran” a los medios de comunicación se convierten en inapelables sentencias de muertes.
En el estudio analizan procedimientos ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2018, en los cuales se usan los eufemismos “abatido”, “neutralizado”, “dado de baja” o “caído”. 171 personas fueron asesinadas, pero formalmente las muertes no se registraron como homicidios sino como casos de “resistencia a la autoridad”.
De las personas asesinadas, según reseña el trabajo de Proiuris, 168 eran hombres y 3 mujeres; dos menores de edad. Los casos de 139 fallecidos no están en manos de la Fiscalía y la posibilidad de investigar, juzgar y sancionar atropellos cometidos por policías y militares es nula.
La investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela Nidia Ruiz advierte: “Cuando se incorporan a la vida civil estas expresiones de los militares estamos aceptando que las cosas no se llamen por su nombre, en este caso homicidios; estamos aceptando la dominación. Si aceptamos las máscaras, estamos aceptando lo que tratan de cubrir. Es un deber ciudadano oponerse a la militarización del lenguaje político con el deliberado propósito de encubrir delitos”.
En el análisis realizado por Proiuris destaca la relación en términos de mortalidad entre presuntos delincuentes asesinados y policías y militares. El índice de letalidad policial es 171 a 0. Solo cinco funcionarios resultaron heridos y, en definitiva, todos quedaron fuera de peligro.
La identidad de 82 ciudadanos no fue suministrada, pero sí sus presuntos alias. El criminólogo Kéymer Ávila considera que ello corresponde a una lógica de aniquilamiento físico y, además, simbólico de quienes se estigmatizan como escorias, de modo que poco importan sus nombres, sus rostros y sus historias.
Ávila usa la categoría “periodismo incorporado”, para advertir el riesgo de que los comunicadores sociales se limiten a reproducir las versiones oficiales y, de esa forma, legitimen la violencia estatal. La psicóloga social Magaly Huggins agrega: “Lo peor que puede pasar es que los comunicadores sociales contribuyan a crear una sociedad de súbditos”.
Lee la investigación completa de Proiuris: 100 Sentencias de muerte