José Francisco quería averiguar si el 23 de enero había transporte para su comunidad piaroa. La represión trastocó el destino de estos indígenas, quienes ahora están recluidos en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB): “Lo meten preso por defender a unos adolescentes agredidos por la Guardia Nacional”, aseguró la hermana de José Francisco.
El 23 de enero en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, un grupo de personas acataron el llamado a protestar. La Asamblea Nacional llamó a manifestar en apoyo a Juan Guaidó, quien ese día se juramentó como presidente encargado.
Este estado del sur de Venezuela fue una de las regiones en las que se registró represión. La GNB disparó a la población y mató a dos hombres. Minutos después hizo un barrido por las calles del centro de Puerto Ayacucho, en donde capturó a 23 personas. De este grupo, 10 eran indígenas y dos de ellos adolescentes mujeres.
José Francisco estaba con su hermano, ambos de origen piaroa. Querían revisar si había transporte para regresar a su hogar, ubicado en la parroquia Sisipa: Comunidad Autana, Coromoto de Cuao. Se toparon con la represión de la GNB hacia los manifestantes, “el desbarajuste” como dicen sus parientes. Ambos vieron cómo la Guardia arrastraba y golpeaba a unos muchachos. Eran adolescentes y aunque les imploraban piedad a los militares, el ataque no cesaba contra ellos.
“Les gritaron que dejaran a los muchachos, que eran seres humanos”, relató Carlos Díaz, padre de los jóvenes. A esta petición, la respuesta fue más golpes. Un pariente de los hermanos Díaz logró que liberaran al mayor de ellos; pero José Francisco, de 19 años, fue montado en un camión y llevado a la comandancia.
Piaroas terroristas
José Francisco pertenece al pueblo piaroa Huottuja. La misma población indígena a la que pertenecen Leandro Coronel, de 22 años de edad y Ender Herrera, de 20 años. Los tres fueron privados de libertad por la jueza Dayana Matera, del Tribunal 2° de Control, el sábado 26 de enero. Tres días después de su arresto.
Les imputaron terrorismo, resistencia a la autoridad, ultraje violento, intimidación pública, instigación al desorden público, obstrucción a la vía pública y asociación para delinquir. Los mismos que les fueron sindicados a los otros siete indígenas..
Ahora deben esperar en la comandancia de Puerto Ayacucho de la GNB a que se cumplan 45 días. Ese es el lapso establecido para que la Fiscalía investigue si hay pruebas en su contra.
“No tienen pruebas para ninguno de esos delitos. Mi hijo regresaba a casa cuando lo detuvieron. No fue a protestar. Solo fue a mirar lo que pasaba”, relató Jorge Herrera, padre de Earle.
Este joven de 20 años de edad es estudiante de Educación Integral, de la Universidad Simón Rodríguez. José Francisco se dedica a comercializar mañoco (comida a base de yuca). Leonel, según la organización Kapé Kapé, es pescador.
Entre el grupo de indígenas había dos adolescentes el Tribunal Único de Control de Adolescentes del Estado Amazonas fijó una medida de fianza para ellos y una vez que los familiares la consignaron en dicho tribunal obtuvieron una medida sustitutiva de libertad.
Hacinamiento y hambre
En el comando de Puerto Ayacucho hay, según los familiares, 18 detenidos. “La doctora es la única que los ha podido ver. Dijo que cuando fueron a tribunales, olían malísimo. No sabemos si están comiendo lo que les envíamos”, dijo Carlos Díaz, padre de José Francisco.
Varios de los aprehendidos son de escasos de recurso, por lo que sus parientes no tienen con qué alimentarlos. “Hay gente que solo les pasan un poquito de mañoco”, agregó.
No tienen acceso al baño para sus necesidades y deben dormir sentados. Ender es uno de los dos privados de libertad que amerita atención médica. Tiene una herida abierta en la cabeza.
Foto: Asociación Kapé Kapé
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