Policías y detenidos se disputan control de las celdas en comisarías, revela UVL - Efecto Cocuyo

SUCESOS · 20 FEBRERO, 2019 16:27

Policías y detenidos se disputan control de las celdas en comisarías, revela UVL

Texto por Vanessa Moreno Losada | @MoreLosada24

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Las normas en las comisarías policiales y militares son asumidas entre los detenidos, los policías y los propios militares. De acuerdo con una investigación de Una Ventana para la Libertad (UVL), en los centros de detención preventiva (CDP) no existe un reglamento preciso sobre el tratamiento a los privados de libertad, lo que da paso a una dinámica de autogobierno de los presos, con el que los funcionarios deben convivir y disputarse el control.

“En la mayoría de los CDP monitoreados, las normas de funcionamiento oficial dependen del cuerpo de seguridad que lo rige,  la cantidad de funcionarios disponible, el tipo de infraestructura de que se trate y la zona donde se ubique”, amplía Una Ventana a la Libertad en su informe 2018.

La organización que hace contraloría sobre la gestión penitenciaria revisó en 2018 las condiciones en la infraestructura y derecho a la salud, higiene y alimentación. También evaluó la garantía del derecho a la vida e integridad física de estos recintos donde solo deben permanecer personas detenidas hasta 48 horas.

La investigación que realizó UVL abarca 15 estados. En estas regiones revisó 153 CDP dependientes de cuerpos de seguridad ciudadana, y otros 21 de entidades militares.

Dificultades

El hacinamiento, la precaria infraestructura y el retardo procesal juegan en contra de la función policial. A ello se le suma el desconocimiento en materia penitenciaria y el uso de la custodia de los reos como sanción administrativa.

Uno de los ejemplos que expone UVL es el caso de la Policía de Zulia, en el sur del estado. Allí la falta de personal institucional hace que la tranquilidad de los calabozos dependa netamente de los líderes de los detenidos. En esta comisaría solo cuentan con cuatro funcionarios policiales para controlar unos 400 internos.

La inexperiencia penitenciaria de los policías y militares conllevan al uso de la vigilancia como un castigo disciplinario. Por ejemplo, en el estado Lara, los CDP del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) aplican esta tarea a quien llegue fuera de su horario laboral. “Le toca cuidar presos”, dicen.

“Los custodios penales sí reciben una orientación, ya que ellos estudian una carrera para eso, pero en nuestro caso no es así”, le indicó un informante del estado Bolívar a UVL.

Por esta razón, los funcionarios policiales piden apoyo a otras instituciones. Los investigadores encontraron casos en los que las comisarías cuentan con la atención del Ministerio para Servicio Penitenciario, Ministerio Público y de las gobernaciones y alcaldías. Lo que más suelen solicitar son profesionales en atención médica, psicológica, deportiva y alimentaria para los reclusos que están bajo su custodia.

Autoridad policial

En este contexto, el poder de los policías sobre los detenidos se evidencia de las celdas para afuera. El mayor control lo tienen sobre la visita. Los uniformados deciden entonces quiénes pueden entrar, en cuál horario, durante cuánto tiempo, en qué lugar y qué atuendo les es permitido llevar.

La autoridad policial sirve también para vigilar qué ingresa al CDP: alimentos,
agua, medicinas, vestido, productos de higiene, enseres para dormir, etc.

En la sede de Policía de Chacao (Miranda) solo dejan que los parientes ingresen con jean y blusa blanca. En la mayoría de los recintos revisados por UVL, los alimentos son revisados por los funcionarios y deben estar en envases desechables. No se permite cuchillos.

“Los privados de libertad en los CDP no pueden tener celulares. Pero algunos funcionarios policiales cobran ‘vacuna‘ para dejar pasar estos equipos a los calabozos.  Estos aparatos, en procedimientos de requisa, pueden ser utilizados para golpear internos. Luego establecen un pago para devolverles los teléfonos.

De manera parcial, los policías y militares tienen la capacidad de realizar esas requisas. Para ello, vuelven a pedir el apoyo a otras instituciones. En marzo de 2018, un motín después de una requisa causó la muerte de 66 detenidos y una mujer visitante.

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“El alcance de estas normas de funcionamiento formal tienen un tope. En el interior de los calabozos son los privados de libertad los que tienen el control. Los uniformados sólo pueden entrar a la fuerza, básicamente, cuando corresponde realizar requisas luego de hechos determinados como motines, fugas o intentos de fuga“, concluye UVL.

Autoridad del pranato

A esta falta de control del Estado sobre esos espacios responde la aparición de los autogobiernos. Se trata de una réplica del sistema carcelario que se vive en los centros penitenciarios formales: “el pranato“.

“Las reglas internas de cada celda son aplicadas por los reclusos que tienen mayor tiempo en el lugar. Las familiares expresan que deben pagar ‘vacuna‘ o ‘causas‘ a quien lleva el control del calabozo, al líder llamado ‘pran‘. Con ese pago garantizan la permanencia de sus familiares en el sitio. Quien no pague sufre represalias“, expone el informe.

Una de las principales funciones policiales fue adjudicada a los presos en algunos CDP: el conteo de los presos. Esta tarea es delegada a los detenidos con más de cinco años en las celdas y sólo debe ser válido para 48 horas. UVL relata que también los policías se apoyan en “el pran” o “los ayudas” para la limpieza de las áreas internas y externas de los calabozos, la entrega de la comida y evitar las fugas.

“Mantienen el orden en cada calabozo y vigilan que a diario se cumpla una rutina de trabajo y actividades que ellos mismos proponen”, explican en la investigación.

Uno de los casos registrados del desplazamiento del control está en Nueva Esparta. El conteo de los internos es tarea del “pran” del recinto. Otro caso es el del retén de Cabimas (Zulia). Allí el “pran y su grupo” manejan la asistencia a las jornadas médicas que eventualmente se realizan. También quién sale a un centro de salud y cuánto debe pagar cada reo para los traslados a tribunales.

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