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La reconciliación solo alcanzó para 62 personas. Un militar, tres diputados, dos exalcaldes, nueve universitarios, tres alumnos de Educación Media y 10 mujeres. De las más de tres centenas de presos políticos, la mayoría detenidos en el Gobierno de Nicolás Maduro, solo a 62 se les otorgó la excarcelación o se le modificó su medida cautelar. A estas medidas el Gobierno les llamó el «plan de reconciliación nacional».

El proceso comenzó con un traslado clandestino de los detenidos en El Helicoide (sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin – Caracas) el viernes, 1 de junio, de este 2018. Desde el 16 de mayo en el centro de detención preventiva la situación estaba en tensión debido a la protesta que iniciaron los detenidos para reclamar por la falta de traslados a tribunales y centros de asistencia médica, al igual que  el incumplimiento de las órdenes de excarcelación firmadas por un juez.

Ese viernes, los detenidos fueron llevados en tres autobuses a la sede de la Cancillería donde fueron sentados delante de la máxima representación de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Esta institución fue convocada por el presidente Maduro en 2017 y está conformada solo por el sector oficialista.

«Que no nos separe más nunca el odio y la intolerancia (…) es un camino en el que nos tenemos que encontrar de forma sincera los venezolanos», expresó Rodríguez, quien ahora también es la vicepresidenta de Venezuela desde el 14 de junio.

Ese día circuló una lista de 39 personas que serían «beneficiadas con la libertad», según el discurso del Gobierno. Todas ellas vinculadas supuestamente a hechos de violencia política. Entre ellos se incluían 16 miembros de un colectivo (grupo civil oficialista) aprehendidos por lesiones causadas al diputado Teodoro Campos.

Foro Penal, organización que defiende los derechos humanos, aseguró ese día que de esa lista solo 17 eran considerados presos políticos: Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal – Táchira, Juan Pablo Giraldo, María Elena Uzcátegui, Carmen Alicia Gutiérrez Acevedo, Fermín Cocchioni, Stefanny Salazar, Diannet Milagros Blanco, Brigitte Herrada, Virgen Chiquinquirá Quintanillo, Erika Palacios, Ender Jesús González Hurtado, Melanye Álvarez, Geraldine Chacón, Gregory Hinds Rodríguez, Diego Gomes de Caires y Dylan Canache. Aunque en la lista gubernamental no estaba, el general Ángel Vivas también fue excarcelado.

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Según el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, todas estas personas les serían impuestas medidas cautelares como la presentación periódica en un tribunal y la prohibición de salida del país. No informó sobre la prohibición de ofrecer declaraciones a medios, pero al menos Daniel Ceballos y el general Vivas también tienen esta limitante.

Debido a estas condiciones de libertad, los activistas de derechos humanos y abogados de algunos de los presos políticos se niegan a considerar que se trate de una libertad. De este grupo solo Dylan Canache, adolescente de 16 años de edad con boleta de excarcelación desde febrero de 2018, y Fermín Cocchione no tienen ninguna restricción; es decir, tienen libertad plena.

Durante el sábado, 2 de junio, y domingo, 3 de junio, continuaron las excarcelaciones sin lista oficial. Esto complicó la tarea para los defensores, pero finalmente Foro Penal pudo registrar que 21 presos políticos salieron de la cárcel ese fin de semana, mientras que Efecto Cocuyo contabilizó a 22 personas: Alexander Tirado, Victor Alfonzo Navarro, Ignacio Porras, Manuel Cotiz Castro, diputado Renzo Prieto, Gabriel Vallés, Gregory Sanabria, Jerry Rodríguez Flores Czarnk, Jefferson Rodríguez Zerpa, diputado Wilmer Azuaje, Jovanny González, Juan Pedro Lares, Tonny Real, Roberto Picón, Rolman Rojas, Juan Carlos Sosa Marquina, Óscar Millán González, Edgar José Gamboa Pugas, Franklin Hernández, Raul Emilio Baduel, diputado Gilber Caro y concejal José Vicente García Santamaría.

De este grupo, solamente dieron libertad plena a Juan Pedro Lares, hijo del exalcalde de Ejido a quien presuntamente buscan detener. Este comerciante de Mérida nunca fue presentado ante un tribunal por lo que jamás fue judicializado. Los defensores de derechos humanos llaman a esto un secuestro del Estado y una desaparición forzada.

Así como no hubo lista oficial, tampoco hay información sobre cuáles son las medidas cautelares que les otorgaron al resto de los excarcelados. Por los abogados de cada causa se conoce que Gilber Caro, Raúl Emilio Baduel, José Vicente García, Alexander Tirado y Renzo Prieto tienen la restricción de prohibición de salida del país (y del estado Táchira en el caso de García), prohibición de declarar en medios y presentación periódica.

Hay un caso particular en esta lista. Es el de Roberto Picón, asesor de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Él fue detenido el 22 de julio de 2017 e imputado por traición a la patria, rebelión militar y sustracción de efectos militares. Desde diciembre de ese mismo año le fue colocado un grillete electrónico e impuesto un arresto domiciliario, el cual fue modificado por «otras restricciones», según dijo su esposa el 2 de junio.

Credicard, ¿presos políticos?

El 7 de junio de este año, Alfredo Romero, director de Foro Penal, informó en su cuenta de Twitter que habían sido excarcelados los directivos de la empresa Credicard, detenidos desde el 3 de diciembre de 2016.

Nicolás Maduro los señaló en cadena nacional que ellos eran parte de un  “ataque cibernético internacional”.  Ese día el sistema de pago por punto de venta y cobro por cajeros automáticos se suspendió. Credicard es la empresa encargada de dar este servicio en el país y, horas antes de que la declaración del Presidente se televisara, había comunicado que tenían una falla en el sistema.

Sin embargo, Víctor Gago Couty, presidente ejecutivo; Geraldine Abreu, vicepresidente de Operaciones; Clarión Suárez López, especialista en Almacenamiento y Resguardo de Redes; Laurentzi Bilbao Rangel, vicepresidente de Ejecutivo de Sistema, y José María Montañez, vicepresidente de Infraestructura fueron detenidos.

Según la clasificación de presos políticos que realiza Foro Penal, hay una categoría en la que se puede incluir a estos directivos. Se trata de aquella en la que se detienen a personas para confirmar una tesis del Gobierno. En este caso la de la «guerra económica«.

Últimas liberaciones

El miércoles, 13 de junio, y jueves, 14 de junio, fueron excarcelados Luis Rafael Colmenares, Jesús Salazar Mendoza, Pedro Maury Bolívar, Merino Rojas Mijares, Carlos Alberto Contreras, Michael Linares, Kenny Colmenares, Mitchell Sosa, Héctor Guaicapuro Fernández Rivillas, Yeison Rodríguez, José El Hajale Rabah, José Gregorio Morales Ultrilla, Fernando Alexi Dominguez Osuna, Yonger Rosales, Asciel Jiménez, Gilberto Téllez, Cristofer López y Vilca Fernández.

“Hemos culminado entonces esta etapa tan importante en aras del gran diálogo nacional”, aseveró desde la Cancillería, la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez. La funcionaria dijo que estas acciones se desarrollan “en aras del reencuentro entre todos los venezolanos, la reconciliación, la unión» y que en total fueron 200 personas «beneficiadas» por la ANC.

De este grupo, llama la atención la condición impuesta al estudiante universitario Vilca Fernández, cuya excarcelación tuvo que ser mediada por la Embajada de Perú, país del que es oriundo su padre Jorge Fernández.

Él salió de El Helicoide donde estuvo preso 869 días por enviar un mensaje en Twitter a Diosdado Cabello, entonces diputado de la Asamblea Nacional por el sector oficialista. Lo llevaron directo al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía para su «exilio» forzado en Lima.

Este sería el segundo caso en el que un preso político es obligado a salir del país como condición a su liberación.

“Gracias a las gestiones diplomáticas y a las irregularidades del caso, hoy Pancho (apodo por el que se conoce al abogado detenido) fue sacado del Sebin con un exilio forzado”, dijo la diputado Manuela Bolívar a Efecto Cocuyo el 18 de octubre de 2016 cuando excarcelaron al activista de Voluntad Popular, Francisco Márquez.

Otros datos

– De los 62 excarcelados, 37 estaban recluidos en El Helicoide – Sebin, aunque esta sede no es un centro de reclusión formal. En cárceles militares había ocho personas detenidas que no integraban la Fuerza Armada Nacional.

– 10 de los excarcelados ya tenían una boleta de liberación firmada por un juez.

– Franklin Hernández es el excarcelado que tenía más tiempo preso. Estuvo 1.594 días arrestado en El Helicoide.

– 5 de los presos políticos «beneficiados por la ANC» estaban bajo arresto domiciliario. Ahora pueden salir de sus residencias, pero tienen otras medidas restrictivas de libertad.

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