“Este 2016 ha sido un año particularmente conflictivo en Venezuela y la expansión de la violencia es un claro indicador de ese proceso social y político: en Venezuela se ha expandido la violencia, en sus modalidades y en su gravedad”, así da inicio al balance anual de proyecciones que realiza el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
Este incremento lo atribuye en primera instancia al debilitamiento de la institucionalidad que empieza, a su juicio, con la partidización abierta del sistema de justicia. El OVV, ONG que se ha dedicado al estudio de la seguridad ciudadana y los ìndices de violencia en el paìs, indica que el enfrentamiento entre el poder judicial, representado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y la Asamblea Nacional; así como la suspensión del revocatorio “han cerrado los caminos para los procesos pacíficos de resolución de conflictos”.
El deterioro del sistema de justicia penal también causó este 2016 la desconfianza de la población en sus componentes. Según un estudio de percepción realizado por el OVV en las universidades, se conoció que 10% de la población considera como buenos o confiables la policía, los tribunales o las penitenciarías.
Policías en la mira
Los cuerpos de seguridad se han convertido en un objetivo del delito. El OVV estima que al finalizar el año 2016, solo en Caracas habrá un promedio de 2,5 policías o funcionarios asesinados en cada semana.
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Además la institución policial no escapa de la realidad económica del país: “las policías han mermado en su personal, pues, durante este año, fue muy notable la renuncia de los funcionarios policiales a sus cargos públicos. El crecimiento de los riesgos y la reducción práctica de lo que compran sus sueldos, ha hecho que buena parte de ellos renuncien para ir a engrosar la seguridad privada”, apunta el OVV.
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Para los especialistas de esta ONG la incursión de funcionarios policiales y militares en el delito se ha enfatizado este 2016 y se convierten en “depredadores de la comunidad que deben proteger”. En julio de este año, Runrunes publicó un trabajo en el que después de la revisión de las notas de prensa del Ministerio Público en el primer semestre de 2016 se determinó que cada día es detenido un uniformado por cometer delitos.
En se incrementaron las denuncias de ejecuciones a personas realizadas por funcionarios policiales y militares en la denominada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), lo cual coincide con el incremento de víctimas fatales calificadas en la estadística como resultado de un acto de resistencia a la autoridad.
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La crisis carcelaria también afecta la labor policial, pues estos se convierten en cuidadores de detenidos debido al sistema penitenciario paralelo al formal que este 2016 dejó en evidencia. Se trata de las celdas policiales usadas como cárceles.
“Algunos detenidos llevan varios años en esos centros temporales y, aunque ya tienen sentencia y orden de traslado a las cárceles por un juez, no son admitidos en las cárceles formales por las autoridades penitenciarias”, analizó el OVV.
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Consecuencias en los ciudadanos
“Por la reiterada victimización que se ha vivido durante más de una década, y el sentimiento de desamparo, muchas personas han decidido tomar la justicia por mano propia y han pasado al acto, agrediendo físicamente, y en algunos casos, hasta causando la muerte a presuntos delincuentes y hasta personas inocentes”, afirma el OVV en su balance anual.
Destaca cuatro aspectos:
- Incremento en cantidad. Ya no son casos aislados, sino frecuentes. Sus estudios estiman que se registraron 1 y 3 linchamientos por semana.
- Generalización. Ahora se producen en todo el país.
- Incremento en violencia. “En 2016 se observó intentos de linchamiento de personas que cometían delitos menores, hasta ladronzuelos inexpertos, que han recibido un fuerte castigo corporal como resultado del cansancio y la ira de la población”.
- Policías cómplices. El rol del policía se vuelve cómplice, pues ” se retira o retrasa su intervención para permitir que la población proceda con el linchamiento”.
Otra respuesta violenta registrada por el OVV es el sicariato, delito al que recurren quienes deciden no tomar la justicia por sus propias manos, sino que encomiendan a otros que realicen dichas tareas.
Las tareas del sicario pueden ser desde intimidar al otro para facilitar una negociación hasta ejercer una venganza en respuesta al daño recibido. Si antes esta actividad era parte del ciclo de convivencia de las bandas delincuenciales ahora también los ciudadanos que se sienten desprotegidos y sin esperanza de obtener reparación o justicia.
“En este año 2016 pudimos registrar que cada semana se cometieron entre 1 y 4 asesinatos que, por su forma de ejecución, podían ser clasificados como sicariatos o muertes por encargo”, informó el OVV.
Mientras un grupo de la población reacciona de manera violenta, otro prefiere el autoencierro: “Las encuestas y los grupos focales han registrado ese sentimiento de temor permanente y callado que tiene la población. Se han generalizado las medidas personales para la reducción del riesgo, lo cual ha llevado al encierro de la población, a la renuncia del espacio público y los cambios de hábitos de socialización, educación y trabajo”, expone el OVV en su balance anual.
La violencia y el miedo a ser víctima de la violencia han propiciado el desplazamiento de la población a otras zonas, otras ciudades y otros países.
Estos desplazamientos por la violencia de las bandas y en algunos casos, de los cuerpos policiales, se incrementaron durante el 2016. El OVV ha podido registrar una mayor movilidad territorial que, dependiendo de las condiciones de las familias, se da a lo interno de la ciudad, entre ciudades o hacia fuera del país. E
En 2016 se registró un fenómeno de abundante retorno de migrantes de primera o segunda generación a sus países de origen, y no sólo a Europa, sino también en América Latina, a Colombia, Ecuador, Perú o República Dominicana, tanto por las carencias económicas, como por el temor y la desprotección que sienten ante la violencia.
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