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Violación a los derechos humanos. El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), este martes, 29 de enero, publicó un comunicado que denuncia la detención de 77 adolescentes en todo el país, por presuntamente participar en las protestas antigubernamentales del pasado 23 de enero.

A través del comunicado, respaldado por 86 organizaciones defensoras de los derechos humanos, también denunciaron, específicamente, que a 11 niños, el 26 de enero, se les dictó privativa de libertad por los cargos de “terrorismo, obstrucción, agavillamiento y asociación”.  Informaron que la medida fue dada por la juez Ediluz Guédez, del Tribunal 1° de Control del Adolescente.

«La defensa solicitó fueran puestos en libertad de inmediato, por no existir elementos para que estuviesen detenidos. A pesar de la solicitud de libertad que también hiciera el Ministerio Público (MP), la juez dictó privativa de libertad, apartándose de la solicitud del fiscal», expresa parte del comunicado.

En el escrito, las organizaciones recordaron que un juez de tribunal de control debe liberar inmediatamente a los detenidos si así lo solicita el MP «dado que este es quien ejerce la acción penal pública».

«Los tribunales de control no están facultados para dictar medidas de coerción personal o real, sin ser peticionadas por el MP. Resaltamos en este caso, de ser cierta su participaron en la manifestación, protestar no es delito», manifiesta.

Denunciaron también la lesión a los principios de los adolescentes, según el artículo 78 de la Constitución, que explica que los niños y adolescentes «estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño».

Además, las organizaciones aseguraron que hubo violación al debido proceso. Indican que la privación de libertad es viciada de nulidad absoluta, debido a que «todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo», y todo funcionario que lo ordene o ejecute conllevará una responsabilidad penal.

«Siendo así, la ciudadana Ediluz Guédez, y todo aquel que use investiduras para violar DDHH, como es el caso de judicializar la represión y criminalizar el derecho a la protesta de los venezolanos, serán llevados ante la Justicia», señalan.

Lea aquí el comunicado completo.

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