Ver más de

¿Cómo valoras esta información?

1

QUÉ CHÉVERE

QUÉ INDIGNANTE

QUÉ CHIMBO

Pandemia de violencia. No solo la crisis por el COVID-19 ha afectado a los venezolanos, la violencia armada también ha sido una pandemia que sigue afligiendo a los ciudadanos. Solo en Caracas se registraron 599 homicidios durante el año 2020, según la ONG Monitor de Víctimas.

En la investigación presentada este martes 27 de julio, el equipo de Monitor de Víctimas y Caracas Mi Convive informaron que pudieron registrar 204 casos de letalidad policial en el Área Metropolitana de la capital del país. Esta cifra adjudica a los cuerpos de seguridad del Estado como los principales responsables de los homicidios de la capital venezolana durante el 2020.

“La letalidad policial sigue siendo el móvil más frecuente desde hace tres años en Caracas”, explicó Lorena Meléndez, periodista e investigadora.

Señaló que durante el primer trimestre del año pasado, antes de entrar en confinamiento, se registraron 51 homicidios a causa de la letalidad policial. Pero esta cifra aumentó en los meses siguientes, cuando el mandatario Nicolás Maduro anunció la cuarentena para frenar el avance del coronavirus en el país.

En el informe se explica que desde el 16 de marzo del año pasado hasta el 31 de mayo, se registraron 63 homicidios a manos de la fuerza policial, convirtiéndose en la cifra más alta que se registró durante un año de confinamiento en Caracas.

Mientras que desde el mes de junio a diciembre, se cometieron 34 homicidios en semana flexible y 56 en semana radical, todos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

“La letalidad policial fue mayor mientras había cuarentena radical”, explicó Meléndez durante su presentación.

Petare, la parroquia más azotada por la letalidad policial

Petare es la parroquia donde la policía cometió más homicidios durante el año 2020. Esta zona popular, ubicada al este de Caracas y perteneciente al municipio Sucre del estado Miranda, registró un total de 46 homicidios cometidos por los funcionarios policiales.

Mientras que en el municipio Libertador, la parroquia Sucre (Catia) fue donde se registró el mayor índice de letalidad policial con 31 homicidios. Seguidos de El Valle, con 28, La Vega, con 12 y El Junquito con 8 homicidios.

En el informe titulado «Pandemia, Escasez de gasolina y militarización: el cóctel que estimuló la violencia», se lee que en el municipio Baruta hubo 10 homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad; mientras que en Chacao, se registraron 4 y en El Hatillo 1.

Robo, ajustes de cuentas, peleas y feminicidios

De las 599 muertes a causa de la violencia armada en la capital del país, el robo es la segunda causa de muertes violentas en la ciudad de Caracas, con 93 homicidios, según la data de Monitor de Víctimas; mientras que 70 muertes se produjeron por supuestos ajustes de cuentas o venganzas. Adicionalmente 50 personas murieron a causa de riñas o peleas.

Durante el año pasado 52 mujeres murieron a causa de la violencia armada, 17 de ellas fueron víctimas de feminicidios, que es la quinta causa de muerte violentas del año 2020, según el informe de la ONG que busca combatir la opacidad de la información sobre los homicidios en el país.

“El propio hogar de las mujeres se convirtió en un sitio inseguro para ellas. Hubo un cambio de dinámica por la pandemia”, indicó Meléndez durante su intervención.

El año pasado las balas perdidas acabaron con la vida de 14 personas en la capital venezolana. Al menos seis funcionarios murieron en servicio, hubo seis víctimas mortales en secuestros, dos fallecidos por abuso o maltrato infantil, un crimen de odio y un linchamiento.

De las 599 víctimas, la ONG está por determinar la causa de muerte de 120 personas.

Los registros del Monitor de Víctimas señalan que la letalidad policial dejó a al menos 158 niños, niñas y adolescentes (NNA) huérfanos. Mientras que 66 NNA quedaron sin padres y representantes porque los mataron para robarlos. 41 niños quedaron sin padres a causa de los ajustes de cuentas y venganzas mientras que 39 están huérfanos por las peleas y riñas. En total, 428 NNA están sin padres a causa de la violencia en Caracas.

La violencia también sacude a Lara

En el estado Lara, la violencia armada se cobró la vida de 201 personas, según el informe de Monitor de Víctimas, siendo agosto el período más violento del año, con un total de 38 víctimas fatales.

La periodista Liz Gazcón explicó que la violencia policial en el estado fue la que más cifras de homicidio dejó en esa región. De las 201 personas muertas de forma violenta 125 fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado, la mayoría de las muertes recaen en las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes–PNB).

La mayoría de las víctimas de la letalidad policial en Lara eran jóvenes de 24 y 29 años de edad mientras que 107 NNA quedaron huérfanos a causa de la violencia en el estado.

“30 % de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre mayo y septiembre en Lara, fueron atribuidas a la búsqueda de alías Santanita (Uno de los delincuentes más buscados de la región)”, explicó Gazcón.

El 89% de las muertes ocurridas en la entidad ocurrieron en Iribarren, que es el municipio capital del estado Lara.

En Lara se registraron 20 homicidios por robo. “Por la falta de gasolina algunas personas sacaron sus bicicletas en el confinamiento y hubo dos hombres mayores de 50 años que fueron asesinados para robarles el medio de transporte”, explicó la investigadora del Monitor de Víctimas en esa entidad.

La gobernanza criminal

Ronna Rísquez, periodista y coordinadora editorial de Monitor de Víctimas, explicó que las comunidades no apoyan ni alaban a las megabadas criminales sino que están obligadas a convivir bajo las reglas de estas bandas criminales, y este fenómeno es una acción que experta denomina como “gobernanza criminal”.

“Esto no solamente pasa en Caracas, creo que hay que tener una vista grande. Eso es lo mismo que pasa en Apure, Táchira y en Bolívar y las poblaciones controladas por esas bandas. Eso no quiere decir que las personas están contentas (con las bandas) pero tienen que seguir esas reglas. Por ejemplo, esos grupos a veces sustituyen a las labores del Estado, les dan arepas o ‘emplean’ a los jóvenes y les pagan 100 dólares por ser gaiteros o cuidadores. Es una dinámica compleja pero no es que la comunidad quiera vivir así, está obligada a ese entorno”, explica Rísquez.

La representante del Monitor de Víctimas señala que las megabandas no se han desarticulado en el país y que todavía siguen operando. Además explicó que los casos de letalidad policial se han mantenido proporcionalmente a los de 2019, a pesar de las denuncias que han hecho defensores de Derechos Humanos, que han pedido acabar con cuerpos elites como las Faes.

Lea aquí el informe completo.