Inacción de funcionarios policiales ante ataques de civiles armados es un delito penal, según expertos

SUCESOS · 16 ENERO, 2020 18:36

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Reynaldo Mozo Zambrano | @reymozo

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Un grupo de civiles armados impidió que se realizara la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Junto a funcionarios de seguridad del Estado conformaban los anillos de seguridad que custodiaban el Palacio Federal Legislativo para frenar la entrada de los legisladores.

Desde las 8.00 am del 15 de enero, los paramilitares que se identifican con el partido del gobierno chavista esperaban a los parlamentarios. Tras la llegada de la comisión de diputados a la Av. Universidad, los piquetes de seguridad de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional se abrieron y dejaron que los colectivos armados atacaran el vehículo de uso oficial de Juan Guaidó.

Un disparo en la ventana izquierda y un vidrio roto, de esa manera quedó el vehículo donde se trasladaba la comisión. Los legisladores calificaron el hecho de atentado terrorista.

Para el abogado penalista Luis Izquiel, no es nuevo que en América Latina se utilicen grupos paramilitares para sostener a las dictaduras. El experto en seguridad ciudadana explica que en Panamá, en la época de Manuel Noriega, se usaron los denominados “Batallones por la Dignidad” y en el Haití de los Duvalier a los Tonton Macoutes.

“Estos regímenes, igual que lo hace Maduro, emplean a estas agrupaciones parapoliciales y delictivas para atacar a la oposición, tratando con ello de que no se vea a funcionarios del Estado cometiendo atropellos y violaciones a los Derechos Humanos”, indicó Izquiel.

El profesor de criminología detalló que aunque el régimen de Nicolás Maduro use estos grupos, las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) han determinado que el gobierno tiene responsabilidad cuando estos grupos actúan con órdenes que se suministran desde el poder.  “Es decir, ya el grueso del mundo sabe que estos ´colectivos´ actúan por instrucciones del régimen imperante en Venezuela”, dijo Izquiel.

Guaidó denuncia “toma” de la sede de la AN por grupos paramilitares #15Ene

Según el exjefe de homicidios de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), el comisario Luis Godoy, cuando los organismos de seguridad del Estado no quieren actuar más violentamente de lo que actúan en manifestaciones los colectivos proceden. “Son delincuentes vestidos de civil que usan armas de fuego para amedrentar”, añadió.

Para Godoy, los funcionarios de seguridad abrieron los piquetes por instrucciones de sus superiores “alguien les dio la orden”. El comisario aseguró que los anillos de seguridad de la PNB y la GNB se hicieron a un lado porque saben que no deben usar armas letales y no deben contener a los diputados ya que estos gozan de inmunidad parlamentaria.

El exdirector de la policía de Chacao indicó que ayer la inacción de los cuerpos de seguridad ente la acción de civiles armados forma parte de un delito penal. “Es un delito la inacción. Todo aquel funcionario de forma individual que pueda identificarse por videos y fotos ante los hechos violentos ha cometido un delito penal (al no hacer nada ante los ataques), inclusive llega a convertirse en un delito de violación de DDHH”.

Para el exfuncionario policial los colectivos armados son policías paralelos armados por el mismo gobierno. “EL MP debió abrir una investigación, hay un decreto donde están prohibidos los portes de armas. Son aupados por el mismo gobierno”.

De la responsabilidad del Estado sobre estos grupos, Godoy asegura que para el gobierno chavista es menos costoso a nivel de derechos humanos que actúen los civiles armados, a pesar de que todo el mundo sabe que son partidarios del chavismo gobernante.

“Visualmente no es el uniforme de un efectivo policial o militar. Es más difícil decir que fueron enviados (los colectivos) por el gobierno pero allí están los oficiales viendo lo que ocurre y se colocan a otro lado”, expresó.

Godoy afirma que a estas personas armadas  y con antecedentes penales, las usan para amedrentar y meter miedo a la comunidad.

“Sacaron los grupos armados para amedrentar, primero amedrentan a los medios para no dejar evidencia de lo que van a hacer. El objetivo es meterles miedo a los diputados y a la gente para que no vaya al hemiciclo”, comentó.

Foto: EFE

SUCESOS · 16 ENERO, 2020

Inacción de funcionarios policiales ante ataques de civiles armados es un delito penal, según expertos

Texto por Reynaldo Mozo Zambrano | @reymozo
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Un grupo de civiles armados impidió que se realizara la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Junto a funcionarios de seguridad del Estado conformaban los anillos de seguridad que custodiaban el Palacio Federal Legislativo para frenar la entrada de los legisladores.

Desde las 8.00 am del 15 de enero, los paramilitares que se identifican con el partido del gobierno chavista esperaban a los parlamentarios. Tras la llegada de la comisión de diputados a la Av. Universidad, los piquetes de seguridad de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional se abrieron y dejaron que los colectivos armados atacaran el vehículo de uso oficial de Juan Guaidó.

Un disparo en la ventana izquierda y un vidrio roto, de esa manera quedó el vehículo donde se trasladaba la comisión. Los legisladores calificaron el hecho de atentado terrorista.

Para el abogado penalista Luis Izquiel, no es nuevo que en América Latina se utilicen grupos paramilitares para sostener a las dictaduras. El experto en seguridad ciudadana explica que en Panamá, en la época de Manuel Noriega, se usaron los denominados “Batallones por la Dignidad” y en el Haití de los Duvalier a los Tonton Macoutes.

“Estos regímenes, igual que lo hace Maduro, emplean a estas agrupaciones parapoliciales y delictivas para atacar a la oposición, tratando con ello de que no se vea a funcionarios del Estado cometiendo atropellos y violaciones a los Derechos Humanos”, indicó Izquiel.

El profesor de criminología detalló que aunque el régimen de Nicolás Maduro use estos grupos, las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) han determinado que el gobierno tiene responsabilidad cuando estos grupos actúan con órdenes que se suministran desde el poder.  “Es decir, ya el grueso del mundo sabe que estos ´colectivos´ actúan por instrucciones del régimen imperante en Venezuela”, dijo Izquiel.

Guaidó denuncia “toma” de la sede de la AN por grupos paramilitares #15Ene

Según el exjefe de homicidios de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), el comisario Luis Godoy, cuando los organismos de seguridad del Estado no quieren actuar más violentamente de lo que actúan en manifestaciones los colectivos proceden. “Son delincuentes vestidos de civil que usan armas de fuego para amedrentar”, añadió.

Para Godoy, los funcionarios de seguridad abrieron los piquetes por instrucciones de sus superiores “alguien les dio la orden”. El comisario aseguró que los anillos de seguridad de la PNB y la GNB se hicieron a un lado porque saben que no deben usar armas letales y no deben contener a los diputados ya que estos gozan de inmunidad parlamentaria.

El exdirector de la policía de Chacao indicó que ayer la inacción de los cuerpos de seguridad ente la acción de civiles armados forma parte de un delito penal. “Es un delito la inacción. Todo aquel funcionario de forma individual que pueda identificarse por videos y fotos ante los hechos violentos ha cometido un delito penal (al no hacer nada ante los ataques), inclusive llega a convertirse en un delito de violación de DDHH”.

Para el exfuncionario policial los colectivos armados son policías paralelos armados por el mismo gobierno. “EL MP debió abrir una investigación, hay un decreto donde están prohibidos los portes de armas. Son aupados por el mismo gobierno”.

De la responsabilidad del Estado sobre estos grupos, Godoy asegura que para el gobierno chavista es menos costoso a nivel de derechos humanos que actúen los civiles armados, a pesar de que todo el mundo sabe que son partidarios del chavismo gobernante.

“Visualmente no es el uniforme de un efectivo policial o militar. Es más difícil decir que fueron enviados (los colectivos) por el gobierno pero allí están los oficiales viendo lo que ocurre y se colocan a otro lado”, expresó.

Godoy afirma que a estas personas armadas  y con antecedentes penales, las usan para amedrentar y meter miedo a la comunidad.

“Sacaron los grupos armados para amedrentar, primero amedrentan a los medios para no dejar evidencia de lo que van a hacer. El objetivo es meterles miedo a los diputados y a la gente para que no vaya al hemiciclo”, comentó.

Foto: EFE

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