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La ONG venezolana Fundaredes exigió este sábado, 2 de abril, la «liberación plena» de su director general, Javier Tarazona, quien cumple nueve meses preso, tras haber sido detenido en julio de 2021, cuando fue acusado de terrorismo, incitación al odio y «traición a la patria».

«Hoy, 2 de abril, nuestro director general, Javier Tarazona, cumple nueve meses de detención arbitraria. Hace unos días, la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expresó preocupación por su caso. Exigimos su liberación plena», publicó Fundaredes en Twitter.

Hoy 2Abril nuestro director general, Javier Tarazona cumple 9 meses de detención arbitraria.

Hace unos días la Alta Comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas (@ONU_es) Michelle Bachelet expresó preocupación por su caso.

Exigimos su liberación plena. pic.twitter.com/kdEx7esMMr

— FundaREDES (@FundaREDES_) April 2, 2022

El pasado 17 de marzo, Bachelet presentó una actualización oral sobre el caso de Venezuela en la que se mostró «preocupada por el enjuiciamiento de miembros de la ONG de Derechos Humanos Fundaredes; dos de sus miembros han sido puestos en libertad condicional, pero siguen enfrentándose a cargos penales».

Tarazona permanece detenido desde el 2 de julio de 2021 en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, cuando, junto a su hermano Rafael Tarazona Sebin y el abogado Omar de Dios García, fueron «apresados y desaparecidos» en el estado Falcón «sin mediar argumentos, instrumentos procesales ni orden judicial», señala un informe de Fundaredes, publicado el miércoles.

Los tres fueron detenidos cuando acudieron a la oficina fiscal de Coro, capital de Falcón, a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de la Policía, agentes Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces Fundaredes.

García y Rafael Tarazona fueron excarcelados posteriormente bajo régimen de presentación.

La libertad de Javier Tarazona, considerado la principal voz de denuncia en el conflicto desatado el año pasado en el estado Apure, fronterizo con Colombia, entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las Farc, fue solicitada por diversas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI).

En diciembre, AI emitió una «acción urgente» con respecto al caso en la que catalogó al activista «preso de conciencia» al «haber sido detenido arbitrariamente por su labor de defensa de los derechos humanos».

Familiares de Tarazona también han asegurado, en reiteradas oportunidades, que el activista «corre peligro de muerte» por su estado de salud, y que su condición fue evaluada por los médicos del cuerpo de seguridad que lo mantiene detenido.

Aseguran que, hasta el momento, «aún no se ha llevado a cabo el respectivo juicio».