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El Gobierno ya no los llama «guarimberos«, los llama terroristas. La nueva oleada de protestas, que inició con la publicación de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha sido nuevamente criminalizada por el sector oficialista bajo la premisa de que los detenidos durante las manifestaciones cometen actos terroristas.

Así lo consideró Gonzalo Himiob, abogado y representante de Foro Penal, según expresó este martes 18 de abril durante la presentación de su informe sobre la represión de las últimas dos semanas. «Difundir una verdad oficial es una estrategia repetida del Gobierno para ponerle una etiqueta de criminal a quien esté en desacuerdo con ellos. Antes eran llamados traidores de la Patria, ahora la narrativa es que son terroristas«, denunció.

Expuso que el uso del término terrorista para calificar a los manifestantes no es adecuado, pues en tratados internacionales «no se considera a personas detenidas en protestas contra un Gobierno como terroristas». «En ninguno de los casos se ha hecho uso de figuras con  fórmula de terrorismo. Es más un discurso político que una realidad jurídica», apuntó.

Aunado al discurso político, de acuerdo con sus registros, la mayoría de los detenidos en el Área Metropolitana de Caracas se encuentra recluidos en la División Contra el Terrorismo del Cuerpo de Investigación Científica Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Balance

Los registros de Foro Penal, desde el 4 de abril a la fecha, indican que se han realizado 538 arrestos, lo que equivale a un aumento de 15% con respecto a todas las detenciones que se hicieron en 2014 en contexto de manifestaciones.

Los delitos que en las actas judiciales se han imputado a los 34 jóvenes que quedaron privados de libertad fueron: instigación a delinquir, intimidación pública, daños a la propiedad pública, ultraje al funcionario, agavillamiento e incendio. Ahora hay 144 presos políticos, de acuerdo al balance de la organización que se ha dedicado a hacer seguimiento a los casos de detenidos por motivos políticos.

«Se repite el mismo esquema del lanzamiento de bombas lacrimógenas y perdigones a quemarropa, detenciones arbitrarias, imputaciones por delitos inexistentes y tratos crueles para conseguir confesiones. Esto es una sistematización de la represión. Si revisas desde 2002, encuentras lo mismo e incluso con mayor profesionalización», explicó Alfredo Romero, otro de los representantes de Foro Penal.

Dijo que un nuevo elemento irregular se ha introducido en la estrategia represiva del Gobierno: el uso de tribunales militares. En el estado Lara, diez jóvenes fueron llevados ante instancias de justicia militar, dos de ellos menores de edad. Esto sería una novedad, pues hasta el momento no se había aplicado a manifestantes.

Sobre los tratos crueles y torturas efectuados a los detenidos, Gonzalo Himiob pidió a la Defensoría del Pueblo que constatara lo que los jóvenes han denunciado en los tribunales y ante la Fiscalía. «Es un deber de los funcionarios públicos denunciar e investigar estos hechos. Pedimos al Defensor que se haga presente en las audiencias y que vaya a los sitios de reclusión para recoger las denuncias que nosotros hemos registrado», exigió.