Familiares de los desaparecidos en las embarcaciones Jonaily José y Ana María, que presuntamente naufragaron durante su travesía Güiria-Trinidad y Tobago en dos hechos separados suscitados entre abril y mayo, denunciaron que autoridades “cobran hasta 500 dólares por embarcación sin importar las condiciones al momento de zarpe, ni muchos menos las vidas humanas en peligro”.
A través de un comité recién conformado, los familiares cuestionaron el manejo de estos hechos por parte de las autoridades venezolanas, particularmente las del estado Sucre, entre ellas el gobernador de la entidad Edwin Rojas y las autoridades navieras y de aduana.
¿Quién ha investigado sobre los despachos y zarpes otorgados por la Capitanía de Puerto y el Seniat a la embarcación? ¿Quién firmó esos despachos de zarpe?, se preguntan al tiempo de denunciar que las autoridades “no han sido diligentes y efectivos en planificación o ejecución de las labores de búsqueda de las 60 personas que iban a bordo de ambas embarcaciones”.
El miércoles 23 de abril naufragó una pequeña embarcación con 33 personas que partió de Güiria a Trinidad y Tobago y las autoridades dijeron que “el peñero se volteó cerca de la Isla de Patos, en el golfo de Paria, debido al fuerte oleaje”. Mientras que un segundo bote zarpó el 16 de mayo con 29 personas abordo y se informó igualmente de su naufragio.
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Los familiares sienten que en Güiria han sido maltratados y les han “cerrado las puertas en la cara” y mencionan directamente al Comandante de la Estación de Guardacostas de la Zona Atlántica y el Vicealmirante de la Zodi.
Igualmente denuncian “complicidad” en estos caso, y advierten sobre la presunta presencia de delitos de trata de personas, “el tráfico de seres humanos y el contrabando de materiales estratégicos hacia Trinidad y Tobago ante la mirada cómplice de las autoridades civiles y militares”.
Lea el comunicado completo a continuación:
Comunicado oficial del Comité de Familiares de Desaparecidos en Embarcaciones. Al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional, nosotros, el Comité de Familiares de Desaparecidos en las embarcaciones Jonaily José y Ana María que zarparon desde Güiria, municipio Valdez del estado Sucre, hacia Trinidad y Tobago, responsablemente denunciamos:
Que las autoridades competentes, según la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos, la Ley General de Marinas y actividades conexas: el Instituto de los Espacios Acuáticos (Inea) y el Comando de Guardacostas de la Armada, quienes tienen la responsabilidad directa en la coordinación, búsqueda y rescate de embarcaciones, al día de hoy no han sido diligentes y efectivos en planificación o ejecución de las labores de búsqueda de las 60 personas que iban a bordo de ambas embarcaciones.
A pesar que la ley establece que la búsqueda y salvamento acuático es de carácter público, las autoridades de Güiria nos han cerrado las puertas en la cara, se niegan a dar respuestas a nuestras exigencias, así como a ofrecernos información oficial, veraz y oportuna sobre los sucesos.
El Comandante de la Estación de Guardacostas de la Zona Atlántica y el Vicealmirante de la Zodi se rehúsan a recibir a los familiares de las víctimas, por el contrario, hemos recibido maltratos y somos atendidos como si fuéramos ciudadanos de segunda.
A pesar de que ha transcurrido más de un mes de la desaparición de la primera embarcación, jamás nos han presentado un plan de búsqueda ni nos han dicho algo sobre gestión alguna. Tampoco nos han permitido aportar elementos de información que poseemos para la búsqueda e investigación de ambos siniestros.
El miércoles 22 de mayo, siete días después que zarpó la segunda embarcación, nos enteramos de manera extraoficial de la suspensión de la búsqueda, la cual inició de manera tardía, inapropiada e ineficiente.
En esta situación solo ha prevalecido el mal carácter de los jefes militares, quienes parecieran olvidar que a pesar de los grados militares y las medallas que ostentan, tienen y tendrán responsabilidades civiles, penales y administrativas en todas sus actuaciones y omisiones.
Igualmente, el gobernador del estado, Edwin Rojas, y el alcalde de Güiria, Ender Charles, por su apatía y negligencia en el caso. ¿Cómo es posible que el único rescatado y también capitán de la embarcación Ana María, al día de hoy se desconozca su paradero y que nadie haya investigado donde está ese señor que, según las autoridades de Trinidad y Tobago, tiene antecedentes penales por trata de personas.
¿Quién ha investigado sobre los despachos y zarpes otorgados por la Capitanía de Puerto y el Seniat a la embarcación? ¿Quién firmó esos despachos de zarpe? Sabemos que estas autoridades cobran hasta 500 dólares por embarcación sin importar las condiciones al momento de zarpe, ni muchos menos las vidas humanas en peligro.
Denunciamos que todos los entes mencionados son cómplices de estas tragedias y como buenos compinches se tapan unos con otros. Aquí señores, están involucradas la mayoría de las autoridades civiles y militares. Para nadie es un secreto que en Güiria se comete el delito de trata de blancas, el tráfico de seres humanos y el contrabando de materiales estratégicos hacia Trinidad y Tobago ante la mirada cómplice de las autoridades civiles y militares.
TODOS tienen responsabilidades en estos delitos por ejecución o por omisión. Expresamos nuestra certeza de que no vamos a dejar estas tragedias en el olvido y vamos a insistir a nivel nacional e intencional hasta que se haga justicia. Nos arde la sangre cuando vamos al comando de Guardacostas y somos atropellados por el capitán de navío Ángel Sisco Mota, el vicealmirante Freitas o, peor aún, por el malandro que tiene el Almirante de la Zodiman como asistente (guardaespalda), quien nos humilla y maltrata.
Señores, queremos proactividad, acción en la búsqueda y en la investigación del caso de nuestros familiares. Hemos recaudado información valiosa sobre las personas en Trinidad y Tobago que esperan a los botes con las mujeres víctimas de la trata de blancas, los datos del oficial de Guardacostas trinitario que cobra por dejar pasar los botes con pasajeros y de los corruptos de capitanía y aduanas que dan zarpes y despachos a cambio de 500 dólares.
Así también tenemos identificada la agencia naviera que hace los trámites en Güiria con los corruptos, sabemos dónde está el capitán del bote y quien lo fue a buscar a la Isla de Granada.
¡No nos vamos a quedar de brazos cruzados!
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