A las 7:00 pm del sábado 15 de octubre, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana sacaron a Carlos Marchena de su casa en el sector El Café. También intentaron llevarse a su hermano, pero su madre pudo rescatarlo de lo que se suponía era un operativo de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en Barlovento. Desde esa noche, pasó 42 días sin ver a Carlos. Este domingo, 27 de noviembre, la madre vino a Caracas para reconocer el cadáver de su hijo de 20 años.
Carlos Marchena fue uno de los 12 desaparecidos de esa noche en el municipio Acevedo del estado Miranda. A él se suman Elizer Ramírez, Antony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejías, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez y Jairo Rivas y Kenry González, cuyos cuerpos aparecieron el 25 y 26 de noviembre en la localidad mirandina. Ninguno llegaba a los 30 años.
«Lo que quieren es que les entreguen a sus muchachos«, dijo Laura Roldán, de la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, sobre el traslado de los familiares a Caracas para reconocer los cuerpos de los 12 jóvenes.
Los parientes fueron este domingo a la sede de la Fiscalía y a la morgue de Bello Monte para facilitar las labores de reconocimiento. Efectivos de seguridad resguardaron ambos lugares para evitar que declararan a los medios.
Ni Marchena ni los demás desaparecidos tenían prontuario policial a pesar de que Barlovento es señalado como territorio de las bandas delictivas. De acuerdo con Roldán, los familiares aseguraron que, en su mayoría, se trataba de jóvenes campesinos de la zona. Algunos de ellos eran analfabetas.
«Entre ninguno de los muchachos había una relación directa, ellos no se conocían», indicó Roldán. Añadió que esa misma noche fueron detenidos otros jóvenes; no obstante, los efectivos de la GNB que realizaron el operativo liberaron a varios tras realizar una detención masiva. «La pregunta es ¿por qué desaparecieron forzosamente a estos 12?», inquirió.
El sábado 26 de noviembre, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp), Mayor General Néstor Luis Reverol Torres, informó sobre la detención de ocho efectivos militares, entre ellos un teniente coronel del Ejército, por presuntamente estar vinculados a la masacre de los jóvenes barloventeños.
Durante la alocución, el titular de la cartera de Defensa indicó que en octubre se realizó la Operación de Escudriñamiento y Técnicas de Patrullaje en el Eje de Barlovento. Durante el operativo, detalló, hubo detenciones preventivas de personas en el municipio Acevedo en los sectores de Capaya, Yaguapa, El Café, Cambural y Aramina.
El Ministerio Público y el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz también se pronunciaron sobre los hechos. La Fiscalía informó que imputará a 11 funcionarios del Ejército por las muertes de los jóvenes.
Según la nota emitida por el organismo, serán imputados el Teniente coronel José Ángel Rojas, los sargentos primero Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar y Romi Antón Antón; el sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez y el mayor Luis Eduardo Romero; y los cabos Arquímedes José Aguey, Luis Eduardo Machado y Fabián de Jesús Rangel.
Los familiares de las víctimas pidieron que el proceso se haga de manera oportuna y que no haya retrasos. Se espera que el Ministerio Público impute a los implicados y luego emita las sentencias.
«No basta con encontrar a los culpables. No basta con que los funcionarios hayan asumido la culpa», expresó Roldán, quien pertenece a la red defensora de derechos humanos. «No se puede seguir ejerciendo el tema de la seguridad criminalizando a los sectores populares. Tiene que haber un compromiso para que estos hechos no se repitan», sentenció.
Foto: Globovisión
Lea acá el pronunciamiento emitido por la ONG Red de Apoyo:
Pronunciamiento de la ONG Red de Apoyo para los Justicia y Paz
Tribunal ordena aprehensión de actor Jerónimo Gil por disparar a trabajadores de un restaurante
Fiscalía solicita captura en caso de abuso sexual a una adolescente con discapacidad
Fiscalía imputa a cuatro personas por actos sexuales grabados en Expo Feria Valencia 2022
Maduro se reúne con Lula y otros mandatarios este martes para tratar de revivir la Unasur
Erdogan se alza como ganador para un tercer mandato en Turquía
Recuperación económica, lucha anticorrupción y organización electoral: lo que promete y pide Psuv a equipos regionales
El samán de El Cigarral aviva el debate sobre cómo deben podarse los árboles urbanos
El lado B de las desastrosas elecciones de la UCV y lecciones para vencer las sombras
A las 7:00 pm del sábado 15 de octubre, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana sacaron a Carlos Marchena de su casa en el sector El Café. También intentaron llevarse a su hermano, pero su madre pudo rescatarlo de lo que se suponía era un operativo de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en Barlovento. Desde esa noche, pasó 42 días sin ver a Carlos. Este domingo, 27 de noviembre, la madre vino a Caracas para reconocer el cadáver de su hijo de 20 años.
Carlos Marchena fue uno de los 12 desaparecidos de esa noche en el municipio Acevedo del estado Miranda. A él se suman Elizer Ramírez, Antony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejías, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez y Jairo Rivas y Kenry González, cuyos cuerpos aparecieron el 25 y 26 de noviembre en la localidad mirandina. Ninguno llegaba a los 30 años.
«Lo que quieren es que les entreguen a sus muchachos«, dijo Laura Roldán, de la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, sobre el traslado de los familiares a Caracas para reconocer los cuerpos de los 12 jóvenes.
Los parientes fueron este domingo a la sede de la Fiscalía y a la morgue de Bello Monte para facilitar las labores de reconocimiento. Efectivos de seguridad resguardaron ambos lugares para evitar que declararan a los medios.
Ni Marchena ni los demás desaparecidos tenían prontuario policial a pesar de que Barlovento es señalado como territorio de las bandas delictivas. De acuerdo con Roldán, los familiares aseguraron que, en su mayoría, se trataba de jóvenes campesinos de la zona. Algunos de ellos eran analfabetas.
«Entre ninguno de los muchachos había una relación directa, ellos no se conocían», indicó Roldán. Añadió que esa misma noche fueron detenidos otros jóvenes; no obstante, los efectivos de la GNB que realizaron el operativo liberaron a varios tras realizar una detención masiva. «La pregunta es ¿por qué desaparecieron forzosamente a estos 12?», inquirió.
El sábado 26 de noviembre, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp), Mayor General Néstor Luis Reverol Torres, informó sobre la detención de ocho efectivos militares, entre ellos un teniente coronel del Ejército, por presuntamente estar vinculados a la masacre de los jóvenes barloventeños.
Durante la alocución, el titular de la cartera de Defensa indicó que en octubre se realizó la Operación de Escudriñamiento y Técnicas de Patrullaje en el Eje de Barlovento. Durante el operativo, detalló, hubo detenciones preventivas de personas en el municipio Acevedo en los sectores de Capaya, Yaguapa, El Café, Cambural y Aramina.
El Ministerio Público y el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz también se pronunciaron sobre los hechos. La Fiscalía informó que imputará a 11 funcionarios del Ejército por las muertes de los jóvenes.
Según la nota emitida por el organismo, serán imputados el Teniente coronel José Ángel Rojas, los sargentos primero Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar y Romi Antón Antón; el sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez y el mayor Luis Eduardo Romero; y los cabos Arquímedes José Aguey, Luis Eduardo Machado y Fabián de Jesús Rangel.
Los familiares de las víctimas pidieron que el proceso se haga de manera oportuna y que no haya retrasos. Se espera que el Ministerio Público impute a los implicados y luego emita las sentencias.
«No basta con encontrar a los culpables. No basta con que los funcionarios hayan asumido la culpa», expresó Roldán, quien pertenece a la red defensora de derechos humanos. «No se puede seguir ejerciendo el tema de la seguridad criminalizando a los sectores populares. Tiene que haber un compromiso para que estos hechos no se repitan», sentenció.
Foto: Globovisión
Lea acá el pronunciamiento emitido por la ONG Red de Apoyo:
Pronunciamiento de la ONG Red de Apoyo para los Justicia y Paz