Desplazados por la violencia: cuando el refugio no está en tu país (III) - Efecto Cocuyo

SUCESOS · 28 AGOSTO, 2016 14:36

Desplazados por la violencia: cuando el refugio no está en tu país (III)

Texto por Vanessa Moreno Losada | @MoreLosada24

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Despertó con una rodilla que presionaba su espalda y la voz de un hombre que le advertía que si se movía le disparaba. Después, el frío metálico en la sien. Sus músculos se paralizaron. El agresor le puso una funda en la cabeza y le impidió ver si estaba bien su hijo de 2 años que dormía a su lado. “Me dijeron que no me iban a matar, pero que tenía que pagarles porque ya me tenían fichado de Turmero”, recordó CATM (iniciales a petición del entrevistado) de ese 6 de enero de 2015.

Cuando la pareja de delincuentes se fue, el empresario de 32 años de edad tomó en brazos a su bebé y salió del cuarto a buscar a su esposa y suegra. Las dos estaban aterradas, pero bien. De la vivienda ubicada en Santa Rita, municipio Linares Alcántara, estado Aragua, se llevaron una camioneta y algunos electrodomésticos.

Ese fue el último episodio violento que CATM vivió en Venezuela. El 16 mayo de ese mismo año, junto a su esposa e hijo, se fue del país en un vuelo hacia Virginia, Estados Unidos. Se refugió a 19 horas de distancia de la megabanda que se hace llamar “Tren de Aragua”, la cual opera impunemente desde el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón). Ahora espera con paciencia que el gobierno americano le dé asilo político.

En 2015, el abogado Alfredo Romero miembro de la ONG Refugee Freedom Program – RFP (Programa Libertad del Refugiado), informó que Venezuela ingresó por primera vez al cuadro de los 10 países cuyos habitantes solicitan asilo. Obtuvo el quinto lugar con 5.654 solicitudes, por encima de Honduras (4.861).

Entre los requisitos que se necesitan para optar por este trámite se encuentra la demostración de que no se puede regresar al país, de que la vida está en riesgo y que se es víctima de una persecución.

CATM tiene pruebas que justifican su solicitud. En diciembre de 2014 su cibercafé ubicado en Turmero fue robado, también por dos hombres, que se adueñaron de dos computadoras bajo la amenaza de lanzar una granada que tenían en sus manos. Una de ellas guardaba documentos personales y de las tres empresas que CATM había levantado. El atraco fue denunciado en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Pasaron unos días y él comenzó a recibir llamadas de números desconocidos. “Me decían que eran del Tren de Aragua, que sabían dónde estaba ubicado y dónde estaba mi negocio y todas mis cosas, que no iban a hacer nada si yo colaboraba con ellos. Me pedían 200.000 bolívares”, narró CATM.

Resolvió no contestar a números desconocidos, pero recibió al menos tres llamadas diarias durante tres semanas. Hasta que el 5 de enero, un día antes del atentado en su casa, los trabajadores del depósito de la constructora que CATM manejaba fueron amordazados y amarrados. Los maleantes lo querían a él, pero no estaba.

“No hice denuncia de las llamadas. Pero cuando sometieron a mis empleados y entraron a mi casa fui al Cicpc y me dijeron que era mejor que dejara de denunciar porque me podía ir peor”, explicó.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el sociólogo Iván de la Vega, especialista en temas migratorios, en 13 años Venezuela ha perdido a 1.800.000 habitantes. Esta es la cantidad de personas que se va del país y 72% de ellas lo hace por la inseguridad.

Al igual que la violencia y sus indicadores, para el también profesor de la Universidad Simón Bolívar (USB), esta cifra es conservadora pues no incluye a los venezolanos con doble nacionalidad que al llegar a su destino muestran los papeles de su segunda nacionalidad y tampoco cuenta con los datos oficiales de la Cancillería. Para sus cálculos utiliza 14 fuentes internacionales.

“Hay al menos 96 países en los que hemos detectado a venezolanos con residencia, pero Colombia, Estados Unidos y España son los que albergan al mayor número. En ese orden”, especificó el especialista.

De la Vega explicó que mientras otras naciones han desacelerado la migración de sus habitantes, en Venezuela se incrementa. Específicamente el tipo de migración que los expertos internacionales conocen como éxodo, término que se usa para los emigrantes que nunca más regresan a su país de origen.

“Cuando un país pierde el capital intelectual, su gente, además de la infraestructura e insumos, las posibilidades de progresar son mínimas.  En nuestro caso, estamos exportando conocimientos, nuestros petroleros, nuestros médicos se han ido ¿cómo recuperamos la industria petrolera?, ¿quién nos va a atender en los hospitales?”, reflexionó el sociólogo.

El presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Fegalago), Armando Chacín, tiene a 12 ganaderos cercanos que en los últimos años fueron parte del éxodo venezolano. “Son muchos los productores que han tenido que vender sus tierras y maquinarias o que cambiaron de rama económica para resguardar su seguridad”, manifestó el gremialista.

El éxodo ganadero, las expropiaciones y la demarcación de tierras indígenas cuestan al país 80 mil litros de leche diarios, que se dejan de producir.

“Los ganaderos son víctimas de extorsiones, secuestro y robo de ganados e insumos. Depende de la zona se trata de hampa común, bandas organizadas o paramilitares. Es fácil para el delincuente ubicarnos y la zona rural también los ayuda, porque las fincas quedan en lugares alejados”, explicó Chacín.

Un final feliz

Valentina (nombre ficticio) tenía 23 años cuando la secuestraron tres hombres que se montaron en su vehículo. El 28 de noviembre de 2012 ella llegaba a su casa en Manzanares, urbanización del municipio Baruta, estado Miranda.

“Gracias a Dios no me hicieron nada, porque logré engañarlos. Les dije que mi carro estaba dañado y que en mi casa había mucha gente. Me ruletearon durante seis horas y me soltaron en San Román. Pasé tres alcabalas y ningún policía se dio cuenta”, relató Valentina.

Cuando denunció el crimen, los funcionarios no le tomaron la declaración: “dijeron que como no me habían agredido y como ellos estaban muy ocupados no tenían tiempo para tomar mi caso”, aseveró.

Seis meses estuvo en consultas psicológicas, única razón por la que salía de su vivienda acompañada por su padre. En esas salidas, ella se encontró frente a frente con uno de sus secuestradores. “¡Iba caminando con dos funcionarios de la Policía de Miranda! Me pasaron caminando frente al carro. Sé que era él porque cuando me secuestraron le vi la cara clarito”.

En 2013, después de pasar los requerimientos de inmigración en Estados Unidos, a Valentina le llegó su asilo político. Todavía tiene pesadillas y teme que la delincuencia llegue a afectar a su familia que todavía está en Venezuela.

“No ha sido fácil dejarlos y tampoco mantenerme aquí. Trabajé como niñera y como cajera en un restaurante; luego me certifiqué como instructora y ahora estoy en un gimnasio en las mañanas, trabajo medio tiempo como asistente dental y estudio para graduarme de higienista. Es duro pero mi tranquilidad no la cambio por nada”, exclamó Valentina.

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Desplazados por la violencia: Barlovento, una zona que nunca ha sido de paz (II)

Desplazados por la violencia: la ley del barrio se impone sobre el Estado (I)