Una decisión nocturna. Con la imputación de siete personas se terminan las tres semanas de parálisis judicial del caso Ángela Aguirre. Este domingo 14 de abril en la madrugada, el Tribunal 1° en Funciones de Control en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar fijó postura. Dictó medida de privativa de libertad por los delitos de femicidio agravado, abuso sexual, omisión al socorro y suministro de sustancias nocivas, de forma diferenciada a cada aprehendido.
Ángela Aguirre tenía 16 años de edad. Era estudiante de quinto año de bachillerato en la Unidad Educativa (UE) Adventista Maranatha, en San Félix, estado Bolívar. El sábado 23 de marzo su madre la dejó en el Club Ítalo Venezolano de Guayana para que asistiera a una fiesta de cumpleaños. Fue la última vez que la vio con vida.
La muerte
Pese a la prohibición de zarpe, la nave “La Kiki” salió del puerto del club a las 6:30 pm de ese 23 de marzo. Las normas navales indican que después de las 6:00 pm ninguna embarcación puede estar río adentro.
“La Kiki” y sus ocho tripulantes llegaron hasta la isla La Terecaya, en el río Caroní. Entre las 7:00 pm y las 2:30 am del 24 de marzo, la adolescente desapareció. Dos días después su cuerpo fue encontrado en las aguas del río, boca abajo y con un chaleco tipo deportivo puesto.
Las versiones
La primera versión de la muerte de Ángela Aguirre, dada por el resto del grupo, fue que la adolescente se quedó sola en la embarcación. Sus amigos fueron a buscarle un trago de bebida alcohólica y al regresar no la encontraron. Al parecer, los siete tripulantes pidieron ayuda al resto de las naves pequeñas para encontrarla; pero no la hallaron.
Regresaron de la isla La Tereyaca sin ella. “La Kiki” llegó al puerto del Club Ítalo. A la 1:00 am una de las personas que acompañaba a Ángela Aguirre avisó a sus padres de lo ocurrido y estos alertaron a los representantes de la adolescente fallecida.
La segunda versión publicada el 4 de abril por la periodista Pableysa Ostos es la que asegura que José Alberto Cedeño (18) y la adolescente sostuvieron relaciones sexuales en la ribera del Río Caroní. Se ocultaron entre las embarcaciones que estaban atracadas en la isla La Terecaya.
Cuando se dieron cuenta, la corriente los había alejado de la orilla. Cedeño grita. Orlando Salazar (35) y José Zorrilla (44) saltaron al agua y pudieron rescatar al muchacho de 18 años de edad.
Las fuertes olas alejaron a Ángela Aguirre cada vez más. Los acompañantes supuestamente pidieron ayuda a los pilotos de las otras naves para poder ubicarla. Era de noche y no lograron dar con ella.
“Es entonces cuando proceden a llamar a Emergencias 171 y horas más tarde acuden al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para reportar la desaparición. Un funcionario les informa que para concretar esa denuncia debían esperar 72 horas”, informó Ostos, en su cuenta de Twitter, citando un comunicado de la familia de los detenidos.
Dos autopsias, un cadáver
Douglas Rico, informó la noche del martes 26 de marzo que el caso había sido esclarecido. No pasaron horas desde el hallazgo, cuando ya el jefe del Cicpc dio por concluida la investigación. En ese mismo momento notificó la detención de todos los acompañantes de Ángela Aguirre y publicó la foto de las siete personas:
– José Alberto Cedeño (18): Estudia Administración de Empresas. Su mamá afirmó que él tenía una relación amorosa con Ángela Aguirre, según indicó el portal Caraota Digital.
– José Zorrilla (44): Dueño de la lancha “La Kiki”. Es empresario del sector transporte. Es pariente de Cedeño.
– Glauder Zorrilla (19): Cursa cuatro semestre de Ingeniería Mecánica. Es hijo de José Zorrilla.
– Orlando Salazar (35): Se desempeña como mecánico. Es amigo y empleado de José Zorrilla.
– Joselyn Barreto (18): Es pareja de Glauder Zorrilla.
– Dayana Nicieza (28): Trabaja en un laboratorio de bioanálisis y cursó estudios en criminalística. No se especifica la relación con el grupo.
– Wilmer Díaz (30): Es trabajador de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor). No se especifica la relación con el grupo.
Según Rico, la primera autopsia determinó que Ángela Aguirre murió por asfixia mecánica por ahogamiento. Las lesiones en sus partes íntimas (vagina y ano), rodillas y muñecas apuntaban a que fue víctima de abuso sexual. No pudieron determinar si había sido drogada, debido al tiempo que estuvo su cadáver desaparecido en el agua.
El director del Cicpc no dudó en señalar que la muerte de la adolescente había sido un homicidio.
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Pero el viernes 29 de marzo la seguridad del investigador criminal cambió. Ese día en una rueda de prensa no habló de homicidio, sino de muerte violenta. Además informó que el sepelio de la adolescente fue pospuesto, debido a nuevas experticias que se le iban a realizar al cadáver.
La periodista del estado Bolívar, Pableysa Ostos, indicó que la segunda evaluación forense confirmó que la causa de muerte fue la asfixia mecánica por ahogamiento. Esta experticia fue hecha en presencia del Cicpc y con especialistas de la Unidad de Criminalística del Ministerio Público, provenientes de Caracas.
“De igual forma las pesquisas determinan que aún cuando Ángela tenía el chaleco pudo haberse ahogado accidentalmente porque el oleaje de noche es muy fuerte y por lo general estos artículos tienen un tiempo de vida”, publicó Ostos en su Twitter.
Además, en la segunda autopsia no hubo señales de violencia que apuntaran a un abuso sexual, sino a “sexo consensuado” según denunció la familia de la adolescente.
El Cicpc no se ha pronunciado nuevamente sobre el caso, que pasó de ser un homicidio a una muerte violenta en menos de una semana.
Soborno y retardo procesal
Desde el 29 de marzo, el periodista Germán Dam advertía sobre la irregularidad de que fuese la División Contra Homicidios, la que inició la búsqueda oficial de la adolescente. Para el 24 de marzo no se había determinado que había muerto. El 2 de abril, Dam reiteró su sospecha.
El Cicpc se activó en la búsqueda de la menor el #24Mar, a las pocas horas de su desaparición y sin que aún la familia notificara al cuerpo detectivesco. Eso llama sobremanera la atención y levanta las sospechas de una negociación para que los responsables queden libres. pic.twitter.com/VDMxF0jzQz
— Germán Dam (@GEDV86) April 2, 2019
Ese 29 de marzo, la audiencia de presentación fue diferida por falta de pruebas. Para ese momento no estaba lista la segunda autopsia y tampoco los resultados de un análisis de ADN que se le practicó a restos de semen en el cuerpo de Ángela Aguirre. También se analizaron en Caracas, muestras de los cinco varones aprehendidos, según informó Dam.
Para el 3 de abril, la familia de la adolescente fallecida solicitó justicia con una protesta. Tres citas en tribunales ya habían sido diferidas.
Familiares de Ángela Aguirre protestan en tribunales de Puerto Ordaz, para pedir justicia. Por el caso hay siete detenidos, cuya audiencia ha sido diferida tres veces. #QuéPasóConAngela pic.twitter.com/SNpfIaFrvV
— Carlos Suniaga G. (@CarlosSuniagaG) April 3, 2019
La Fiscal 10° del Ministerio Público del estado Bolívar fue la asignada para llevar adelante las investigaciones: Emily Hernández. El 12 de abril, el periodista del estado Bolívar que ahora se encuentra en Brasil, German Dam, denunció que la mujer habría recibido un soborno de parte de los parientes de los detenidos. Habló de un total de “100.000 dólares y tres kilos de oro -así como bienes muebles e inmuebles- fueron distribuidos entre la fiscal, funcionarios del Cicpc y jueces para favorecer a los responsables del homicidio de Ángel Aguirre y a sus cómplices”.
El 6 de abril, la familia de Ángela Aguirre recusó a la fiscal Emily Hernández. Dam explicó que las razones fueron:
1.- Hernández solicitó la declinación del tribunal de violencia contra la mujer para que el expediente FP12-P-2019-787 fuera llevado por un tribunal penal ordinario. Según la defensa de la familia Aguirre, esto da a entender que el MP desestimó que se tratase de un caso de violencia contra la mujer.
2.- La fiscal Hernández habría anunciado que solo dos personas quedarían privados de libertad.
3.- La fiscal habría ignorado los primeros resultados forenses.
En ninguna de las razones de la familia Aguirre para recusar a la Fiscal se encuentra la del soborno, que Dam denunció en sus redes sociales.
Primer desenlace: privativa de libertad
Después de estos periplos, los siete detenidos quedaron privados de libertad. La imputación estuvo a cargo de cuatro Fiscalías: 13° y 16° del estado Bolívar; 66° con competencia nacional y 46° con competencia en violencia contra la mujer.
La defensa de los siete detenidos fue llevada por las abogadas y exfiscales Martha Torres y Nayleth Romero.
– A José Alberto Cedeño se le calificó la comisión del delito de femicidio agravado, abuso sexual y suministro de sustancias nocivas contra Ángela Aguirre.
– Wilmer Díaz, José Zorrilla, Glauber Zorrilla y Orlando Salazar fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de femicidio agravado como cómplices necesarios, omisión al socorro y violencia sexual agravada.
– Joselyn Barrero y Dayana Nicieza por la presunta comisión de los delitos de cómplice necesario en femicidio agravado y omisión al socorro.
Foto: Cactus 24
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