Corrupción Policial es la causa del retardo procesal, según UVL - Efecto Cocuyo

SUCESOS · 19 SEPTIEMBRE, 2019 14:19

Corrupción Policial es la causa del retardo procesal, según UVL

Texto por Reynaldo Mozo Zambrano | @reymozo Fotos por Mariana Souquett

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La corrupción  policial es la principal causa del retardo procesal en el sistema de justicia del país, según revela el informe sobre la situación de retardo procesal para los privados de libertad en los centros de detención preventiva de Venezuela (CDP), presentado por la organización Una Ventana a la Libertad (UVL).

El abogado Leonardo Rodríguez Angola aseguró este jueves, 19 de septiembre, que el sistema procesal es un “vicio” en el sistema de administración de justicia que crea un estado de indefensión en las personas que invocan el principio de tutela efectiva, es decir, el derecho al debido proceso.

“El retardo procesal dejó de ser una consecuencia para convertirse en un medio que sustente un sistema vicioso. Es utilizado para extorsionar”, indicó Rodríguez. Para el jurista, el retardo procesal tiene tres efectos: el Hacinamiento, la Violación de derechos fundamentales y la muerte.

UVL realizó una encuesta que se le aplicó a un grupo de abogados penalistas que ejercen en los circuitos judiciales de los estados Anzoátegui, Bolívar, Carabobo y Distrito Capital, entrever la vulneración de los derechos procesales de los reclusos.

En el estudio realizado por la ONG, se determinaron tres categorías entre los tipos de causas del retardo procesal. La primera categoría está asociada a los medios para la prestación del servicio, como es el caso de estructuras insuficientes para el funcionamiento de los tribunales, carencia de equipos y materiales para el procesamiento de los expedientes e insuficiencia de funcionarios capacitados en los tribunales.

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La segunda categoría de causas del retardo procesal, según UVL, se corresponde con el alto índice de diferimiento de las audiencias, cuya subcausa, es la ausencia del imputado (la mayoría de las veces), para poder llevar a cabo, la realización de las mismas.

La tercera categoría obedece a causas relacionadas con la corrupción policial y judicial, en donde algunos funcionarios del sistema de justicia, se aprovechan de su condición para extorsionar e intimidar.

Rodríguez señala que un 49% de los abogados entrevistados por UVL ven en la corrupción policial la principal causa del retardo procesal en Venezuela. Mientras que el 41% de los consultados creen que el retardo procesal es debido a la alta incidencia en la corrupción judicial.  “Para los abogados, cualquier situación en los tribunales tiene un costo, incluso el hecho de pedir a un alguacil que traslade un expediente al centro de copiado”.

El también experto en defensa de DDHH de niños, niñas y adolescentes, afirmó que en el país el sistema de justicia puede hacer lo que le “plazca” y no hay a quién darle respuesta. Recomendó a las autoridades nacionales que Cuerpo de Investigación Científica, Penales y Criminalísticas (Cicpc) vuelva a ser una policía ser técnica y científica. Instó a que se instalen los tribunales municipales penales. “Los delitos contra la propiedad, por ejemplo, deberían resolverse en los tribunales municipales penales”.

Según el estudio, 32% de los abogados encuestados piensa que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por medio de sus decisiones afecta la sana aplicación del debido proceso y los otros principios constitucionales en materia procesal. En consecuencia, el cambio comienza con rescatar la independencia judicial.

Además, 22% de los encuestados piensa que debe realizarse una ampliación de los recintos tribunalicios, junto a la capacitación permanente de sus funcionarios. En este sentido, a fin de ampliar la infraestructura tribunalicia, el Estado debe instalar los Tribunales Penales Municipales para que atiendan los casos de delitos contra la propiedad.

En la presentación del informe también estuvo el abogado penalista y exdecano de la Universidad Central de Venezuela, Alberto Sánchez Arteaga, quien pidió dejar de llamarlos  a los reclusos “privados de libertad” y decirles presos, ya que a su juicio están privados de todo “no solo de la libertad, también de su dignidad”.

Sánchez señala que en los años 60 el 60% de los presos estaban siendo procesados y el 40% estaban condenados, pero el problema se ha agravado y ahora  el 70%  de los reclusos son procesados. “Por lo tanto inocentes en principio, y solo un porcentaje mínimo es condenado. Y esto se debe a un sistema de justicia que no funciona”.

El abogado rechazó las reformas que se les han hecho al código penal, puesto que,  han servido para retroceder en garantías, incrementar las penas e incluir algunas figuras nuevas de delitos. “La más regresiva de todas fue la que se hizo en 2005”, apuntó.

“En Venezuela hemos llegado a una situación en la que es mucho más favorable estar condenado que estar procesado”, dijo el jurista.

Con información de UVL