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Este lunes 16 de julio se cumplen dos meses desde que en El Helicoide se produjo la primera protesta que visibilizó las condiciones de los detenidos. Desde ese motín, los parientes de los presos no han podido verlos más. A duras penas se comunican con celulares clandestinos. Una de las madres que padece la angustia de la desinformación es Yamile Saleh, madre de Lorent Saleh.

«Confío en Dios que está bien. No lo he visto en fotos ni en videos. Hace tres días, los funcionarios me aceptan la comida que le llevo y me dan sus cosas», dice una Yamile Saleh con voz resignada. Nada sabe de lo que ocurre en el interior de la comisaría desde el 11 de julio.

De cuándo verá a su hijo nuevamente no hay más que rumores. Ella indicó a Efecto Cocuyo que hay quienes dicen que esta semana se reiniciarán las visitas. Lo único seguro que el último día que vio a su hijo fue el Día de la Madre, festividad que pasó en El Helicoide. Ya han pasado 61 días.

En El Helicoide se encuentra una de las comisarías del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). También es la cárcel de al menos 18 presos políticos y una centena de detenidos por delitos comunes que van desde el homicidio a la estafa.

Todos ellos sufren igual: no tienen traslado a sus tribunales ni acceso a asistencia médica. Algunos ni siquiera deberían estar ahí, porque tienen una boleta de excarcelación que abala su libertad.

Con la primera protesta en 16 de mayo, que consistió en adueñarse de las áreas de reclusión, los detenidos en El Helicoide lograron el traslado de 70 detenidos comunes a centros de reclusión formales. También fueron excarcelados 61 presos políticos, no solo de El Helicoide sino también de otros recintos.

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La semana pasada, el 9 de julio, una nueva acción puso los ojos sobre la sede del Sebin en Caracas. Los detenidos rompieron las celdas y sacaron las rejas de su lugar. Esto ocasionó que los líderes de la acción, los funcionarios de la Policía de Chacao, fueran trasladados de sitio de reclusión.

Los policías Reggie Andradez y Fred Mavares fueron llevados a la Cárcel 26 de Julio en el estado Guárico. A 150 kilómetros de distancia de sus parientes, del lugar donde supuestamente cometieron el delito y del tribunal que lleva su causa. Ambos tienen boletas de excarcelación.

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Una acusación mediática

50 audiencias tiene diferidas Lorent Saleh, un estudiante que desde hace casi cuatro años no ha podido continuar sus estudios. Desde que lo detuvieron en septiembre de 2014, solo en una oportunidad ha podido rendir cuentas ante un juez, el del Tribunal 6° de Control del Área Metropolitana de Caracas.

Uno de los delitos que habría cometido el joven es el de violar la medida cautelar del Tribunal 3° de Control del estado Carabobo. Esta consistía en la prohibición de salida del estado. También le imputaron el delito de falsificación de documentos, durante su supuesta jornada laboral en el Saime.

«Todo el que conoce a Lorent sabe que él jamás trabajaría para el Gobierno ni ellos le darían trabajo. Él nunca trabajó en el Saime y eso no lo han podido probar los fiscales», dijo Yamile.

Diosdado Cabello, actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ha acusado reiteradas veces a Saleh de ser parte de un grupo terrorista. Su madre asegura que ningún juzgado venezolano o fiscal  ha adjudicado ese delito a Lorent.

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