Cinco expolicías metropolitanos esperan por medidas alternativas de pena en Ramo Verde

SUCESOS · 27 AGOSTO, 2018 23:29

Ver más de

Vanessa Moreno Losada | @MoreLosada24


¿Cómo valoras esta información?

QUÉ CHÉVERE
QUÉ INDIGNANTE
QUÉ CHIMBO

El comisario Marco Hurtado y el cabo Arube Pérez formaron parte de la Policía Metropolitana (PM), eliminada en 2010. También lo eran el inspector Héctor Rovaín, el cabo primero Luis Enrique Molina y el distinguido Erasmo Bolívar. Todos están presos desde 2003 y cumplen una condena desde 2009. De acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, son merecedores de una reducción de la pena y también candidatos a medidas alternativas de cumplimiento de pena.

Fueron inculpados por los sucesos ocurridos el 11 de abril de 2002. Ese día, una marcha organizada por la oposición al Gobierno de Venezuela fue llevada hasta las cercanías del Palacio de Miraflores, donde se desencadenó un tiroteo que dejó 19 personas y centenares de heridos, en los alrededores del puente Llaguno. Los expolicías se encuentran recluidos en el Centro para Procesados Militares de Los Teques, en Ramo Verde, estado Miranda.

Por este mismo hecho privaron de libertad a los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis y al sargento Julio Rodríguez. Todos recibieron una medida humanitaria por su estado de salud.

Son considerados los primeros nueve presos políticos del Gobierno de Hugo Chávez Frías. Su proceso judicial inició en 2003 con su detención, pero el juicio comenzó tres años más tarde. En total, tuvieron 231 audiencias de juicio.

Según la organización Acción Libertad, el comisario Marco Hurtado cumplió el tiempo necesario en prisión para optar a las medidas alternativas de cumplimiento de la pena, desde 2017. El Tribunal Primero Ejecución no ha tramitado la redención judicial de la pena, solicitada desde el año 2011 por trabajo y estudio.

El cabo Arube Pérez sufrió un infarto en 2014 y desde ese momento tiene problemas cardíacos graves y ha sufrido tres crisis. En abril de 2017, fue trasladado de emergencia al Hospital Militar Carlos Arvelo (en Caracas) por presentar una dolencia a causa de la obstrucción de una de las válvulas del corazón.

Para 2017, la condena del exfuncionario de la Policía Metropolitana se había vencido. El Código Penal actual lo beneficia con medidas alternativas de cumplimiento de condena. Por esta razón y por su estado de salud, los abogados han solicitado medidas humanitarias y revisión de su expediente, pero ambas peticiones han sido negadas.

Al inspector jefe Héctor Rovaín lo condenaron a 30 años de prisión por los delitos de homicidio intencional calificado y lesiones graves y leves en complicidad correspectiva. Sus abogados han solicitado medida sustitutiva de libertad e igualmente fue negada.

También al cabo primero Luis Enrique Molina fue sentenciado a pena máxima y este 21 de abril cumplió 15 años privado de libertad. Desde 2011 le corresponde una medida alternativa al cumplimiento de la pena.

El distinguido Erasmo Bolívar fue otro de los condenados a pena de 30 años de prisión. Sufrió un desprendimiento de retina en un ojo y una lesión en las rodillas. El tribunal no ha aceptado que sea intervenido médicamente.

En 2016 se activó una campaña por la liberación de estos hombres. En redes sociales se usó la etiqueta #LibertadPolicíasMetropolitanos, promovida por los familiares de los funcionarios. Al mismo tiempo, exigieron que se les fuesen otorgados los beneficios procesales, entre ellos las medidas alternativas de cumplimiento de pena, a los que tienen derecho por las leyes venezolanas desde 2007.

Beneficios procesales

El comisario Lázaro Forero tuvo una sentencia de pena máxima y obtuvo la medida humanitaria en julio de 2011. Las condiciones del tribunal fueron la prohibición del salida del país, presentar un informe médico cada dos meses, así como la prohibición de estar en actos públicos o declarar. Durante su reclusión desarrolló cáncer de próstata.

El sargento Julio Rodríguez fue condenado a 30 años de cárcel y obtuvo una medida humanitaria en octubre de 2011, luego de diagnosticarle también cáncer de próstata. La condición era presentar un informe médico ante el Tribunal cada dos meses.

El comisario Henry Vivas obtuvo la medida humanitaria en diciembre de ese mismo año. Para ese momento padecía de 18 patologías, entre ellas: glaucoma, un tumor en la garganta, gastritis erosiva y várices en las piernas. Las mismas condiciones del sargento Rodríguez le fueron aplicadas, además de la prohibición de declarar en medios.

El último en recibir una medida humanitaria fue Iván Simonovis. Condenado a la misma cantidad de años que sus compañeros comisarios, fue beneficiado con el arresto domiciliario en 2014. Enterocolitis aguda, deshidratación severa, lumbalgia mecánica, hernia discal y osteoartrosis degenerativa de columna a la altura de la región cervical, eran algunas de las 20 patologías que desarrolló el comisario en prisión.