Desde el alto mando hasta los calabozos. La periodista de la fuente militar, Sebastiana Barráez, explicó en su artículo publicado en Infobae cómo funciona la plataforma de tortura impuesta en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ente responsable de los malos tratos que recibió el capitán de cobeta, Rafael Ramón Acosta Arévalo, previo a su fallecimiento el pasado sábado 29 de junio.

Su abogado, Alonso Medina Roa, confirmó la muerte del militar. El viernes 28 de junio había sido trasladado al tribunal tercero de control militar. Cuando le preguntaron si había sido torturado por la Dgcim, asintió con la cabeza y pidió auxilio.

Barráez detalló que el mayor general del Ejército, Iván Hernández Dala, es quien preside la Dgcim. Es hombre de confianza del gobernante Nicolás Maduro y dirige la Guardia de Honor Presidencial.

A su vez, el funcionario tiene su confianza puesta en el mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Alexander Enrique Granko Arteaga, quien ocupa el cargo de jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la Dgcim y ha cometido “actos brutales” contra los detenidos. El resto de la estructura está conformada por los funcionarios del ente que allanan, torturan y montan expedientes con pruebas inventadas.

Tribunales y profesionales de la salud

Los tribunales militares y la Corte Marcial también tienen participación en el entramado, detalla Barráez.

Uno de los ejemplos está en la actuación de la jueza del tribunal primero control, Claudia Carolina Pérez Benavides, quien ha hecho “caso omiso cada vez que un militar detenido ha sido presentado con evidentes signos de tortura” y quien ha desarrollado maniobras para que los imputados sean asistidos por defensores públicos que obedecen a sus jefes superiores.

En el Hospital Doctor Domingo Luciani, un grupo de médicos forenses firma las certificaciones sobre el estado de salud de los detenidos, sin tomar en cuenta las marcas, heridas y cicatrices de los militares presos.

A la fecha hay más de 160 militares detenidos por razones políticas. “Los imputan de traición a la Patria porque es el que acarrea más años de presidio”.

A los militares privados de libertad no los presentan en un lapso de 8 horas ni se le notifica al fiscal y el tribunal, como se establece en el Código Procesal Penal. Una vez que los detenidos llegan a la Dgcim, se sientan el sótano tres de investigaciones. Todas las prendas, documentos y demás objetos que cargue debe dejarlo en un mostrador y llenar a mano un formulario con el inventario.

Dependiendo del caso, el detenido va a tortura. Los esposan y les ponen papel periódico o bolsas alrededor de los ojos, mientras esperan a los funcionarios entrenados en tortura física: el teniente de navío Abel Anzola y el capitán Jesús Gerardo Cardenas. “Mientras el torturado grita, el coronel Hannover Esteban Guerrero está oyéndolos desde su oficina en el sótano tres”, concluye Barráez.

Los torturan hasta que dicen la información que quieren o que los obligan a grabar y firmar.

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