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“No voy a descansar hasta lograr la libertad de mi hermano Javier”, dijo Rafael Tarazona activista por los derechos humanos y representante de Fundaredes, luego de ser excarcelado tras 116 días preso sin derecho a la defensa.

Rafael, al igual que Omar de Dios García, fue excarcelado a la 1:00 de la madrugada del 26 de octubre bajo medidas restrictivas: presentación cada ocho días en los tribunales y prohibición de salida del país.

Sin embargo, se espera que para este jueves 28 de octubre se desarrolle la audiencia preliminar de los tres activistas de Fundaredes, acción legal suspendida en más de tres oportunidades, de acuerdo a lo dicho por Alfredo Romero, abogado y presidente  de Foro Penal Venezolano.

Todavía el director de la organización, Javier Tarazona, permanece recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) del Helicoide.

Los hermanos Tarazona y García fueron acusados de emitir señalamientos públicos sin fundamento sobre los vínculos del gobierno de Nicolás Maduro con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el martes 6 de julio y los imputaron por los delitos de promoción al odio, traición a la patria y terrorismo.

Los defensores de los derechos humanos fueron detenidos el viernes 2 de julio en el estado Falcón.

Su defensa legal ha denunciado en varias ocasiones que su estado de salud se ha deteriorado durante el arresto.

De hecho, el pasado 13 de octubre, el abogado Zair Mundaray había exigido el traslado “urgente” a un centro de salud y atención médica para los hermanos Tarazona, quienes dieron positivo a la prueba de COVID-19.

Amnistía Internacional exige liberación

A los defensores que el día de hoy exigen libertad plena para los activistas, se suma Amnistía Internacional  (AI),  organización que instó a las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro a poner a Javier Tarazona en libertad inmediata e, incondicionalmente, a cerrar el caso contra los tres de Fundaredes y a «poner fin al acoso y a la criminalización de organizaciones no gubernamentales en Venezuela».

La organización sostiene que los activistas fueron detenidos arbitrariamente, tras intentar denunciar acoso por parte de agentes de las fuerzas de seguridad el Estado, ante la fiscalía en la ciudad de Coro y acusados de incitación al odio, traición y terrorismo.

«El gobierno de Nicolás Maduro ha acosado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de la población venezolano en medio de una compleja crisis humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos, que está obligando a cantidades sin precedentes de venezolanos y venezolanas a huir en busca de seguridad y un futuro digno en extranjero», contextualizó AI.

Además señaló que, desde la detención de los defensores, Foro Penal ha solicitado su representación legal en incontables ocasiones y siempre se les ha negado.